El reciente asesinato de Graciela Fernández –joven de 18 años y madre de un bebé de dos meses- generó indignación y volvió a mostrar la violencia sufrida por las mujeres chaqueñas. Fernández es la doceava víctima de femicidios en lo que va del año en la provincia. El gobierno se llama a silencio, mientras familiares y diferentes organizaciones exigen respuestas.
Martes 9 de septiembre de 2014
De acuerdo a cifras del Observatorio de Violencia de Género de la Multisectorial de la Mujer, que funciona en la Cámara de Diputados, ya son doce las muertas en el Chaco por violencia machista. Esto significa que cada veinte días una mujer es asesinada, teniendo en cuenta sólo los casos registrados. Los alarmantes números que hacen de este año el de mayor cantidad de casos de femicidios en la historia provincial, pone de manifiesto, además, el protagonismo de las fuerzas policiales entre los victimarios: por lo menos un tercio de los asesinatos tuvo como responsable a un agente en servicio o retirado.
Tal es el caso del onceavo femicidio del corriente año, ocurrido el pasado mes de agosto, que se llevó la vida de Yamilia Svriz. La relevancia mediática que obtuvo fue enorme, probablemente por exponer una realidad inapelable. Su agresor, Héctor Merino, era estudiante de la escuela de policía e hijo de un oficial de la fuerza. Por sus características, este asesinato nos remite al de la docente Vilma Antesana, donde el atacante fue un suboficial. En ambos, las alertas previas y denuncias no redundaron en ningún tipo de contención para las mujeres.
Antesana había intentado apelar a la justicia desde junio, cuando denunció a su ex pareja, Lorenzo Domínguez, por amenazas de muerte y abuso sexual. Como suele ocurrir, no obtuvo respuesta alguna. La víctima no fue asistida psicológica ni físicamente. Como contraparte, tampoco se tomó ningún tipo de acción con el agente, desconociendo el existente Protocolo de Actuación Policial ante Situaciones de Violencia de Género establecido hace cuatro años por la Ley 6548, así como la restricción de portación de armas a personal policial denunciado por agresiones contra la mujer (Ley 7274).
En la provincia, la violencia de género es cotidiana y cobra su máxima y letal expresión con los femicidios, cada vez más frecuentes. El gobierno de Juan Carlos Bacileff Ivanoff –continuador de la gestión de Capitanich- no sólo garantiza la impunidad para los asesinos, sino que, además, recorta el presupuesto para las políticas del sector y la implementación de medidas preventivas.
