#8M. Lanzan "Acuerdo Federal" contra la violencia machista sin recursos ni medidas de urgencia

Este lunes, en el marco de un nuevo Día Internacional de las Mujeres, el presidente Alberto Fernández organizó un acto en el Museo del Bicentenario (ubicado detrás de la Casa Rosada) para anunciar la firma del “Acuerdo Federal para una Argentina Unida Contra la Violencia de Género”.

El "Acuerdo..." no presupone una batería de recursos y medidas concretas para paliar los diversos modos de violencia que sufren millones de mujeres en Argentina. Sin ir más lejos, el propio presidente viene de anunciar el 1° de marzo en el Congreso la creación de tan solo 14 centros de asistencia a víctimas de violencia machista. Ni un por provincia.

Del acto participaron el ministro del Interior Eduardo de Pedro, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta y gran parte de los gobernadores y gobernadoras. El acuerdo fue firmado por todos los mandatarios provinciales más allá de que algunos, por diferentes motivos, pegaron el faltazo.

Allí se los vio sentados y aplaudiendo, por ejemplo, a Gildo Insfrán (el que manda a reprimir y detener mujeres en Formosa), a Jorge Capitanich (el que reprime sistemáticamente mujeres en Chaco), a Axel Kicillof (que reprimió a familias enteras en Guernica y no da respuestas a las madres de los jóvenes víctimas del gatillo fácil de la Bonaerense) o a Juan Manzur (un convencido antiderechos de las mujeres). Y por videoconferencia participó Gerardo Morales, promotor de la prisión política de Milagro Sala (de quien la ministra Gómez Alcorta ha sido abogada) y quien esta misma madrugada mandó a reprimir a mujeres del popular barrio Campo Verde.

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Mea culpa

En el acto de presentación del “Acuerdo…”, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad agradeció a quienes no pudieron asistir y afirmó que comprende las ausencias ya que esos gobernadores “tienen sus propias agendas”. También aseguró que en ese acto se juntaban “para expresar una voluntad política uniforme frente a lo que la sociedad” les está demandando.

Gómez Alcorta agregó que “las políticas de género” están entre las “máximas jerarquías del Estado” desde el 10 de diciembre de 2019. Y mencionó algunas medidas tomadas durante 2020 por el gobierno nacional en la temática, aunque inmediatamente reconoció que la situación de las mujeres en Argentina poco y nada ha cambiado.

“Nos siguen matando todos los días, nos siguen violentando en cada rincón de nuestro país y, en muchos casos, ni siquiera las mujeres saben a dónde ir a pedir ayuda”, dijo la ministra frente a funcionarios que, en su gran mayoría, llevan décadas ocupando puestos de máxima jerarquía tanto a nivel ejecutivo como legislativo. No faltó, obviamente, un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial por sus constantes violencias hacia las mujeres.

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En resumen, Gómez Alcorta realizó algo así como un “mea culpa” desde el Estado, detallando muchas de las situaciones de violencia que sufren millones de mujeres cotidianamente. Sin embargo, pese a integrar una gestión que ya lleva más de 450 días en la Casa Rosada, la definición más contundente de la ministra fue que “no hay más margen para que ningún sector de la política, sin importar partidos, deje de priorizar este asunto”.

“Sabemos que si trabajamos coordinados y coordinadas entre municipios, provincias y el Estado nacional vamos a poder reconstruir esa confianza que las mujeres perdieron en el Estado”, finalizó la funcionaria. Y remató con una definción que suena a burla mientras los gobiernos no toman medidas concretas contra la violencia: “sabemos que ustedes desde las provincias vienen haciendo un gran esfuerzo y trabajando en ese sentido”.

Luego vino la firma, gobernador por gobernador de los presentes, del anunciado “Acuerdo Federal para una Argentina Unida Contra la Violencia de Género”. Entre aplausos y sonrisas, estamparon sus firmas Kicillof, Capitanich, Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Manzur.

Y se anunció la adhesión al acuerdo tanto de los gobernadores que estaban por videoconferencia (de Valdés de Corrientes, Morales de Jujuy, Quintela de La Rioja, Sáenz de Salta y Kirchner de Santa Cruz) como de los ausentes (Schiaretti de Córdoba, Rodríguez Larreta de CABA, Perotti de Santa Fe, Jalil de Catamarca y Suarez de Mendoza).

Reacción lenta o inexistente

Para concluir el acto tomó el micrófono Alberto Fernández. En sintonía con su ministra, el presidente hizo hizo un discurso culposo más que propositivo. “La reacción estatal frente a los femicidios es lenta o no existe y ahí tenemos una enorme responsabilidad nosotros, los que gobernamos”.

Y de la culpa, a la autojustificación: “Es muy difícil trabajar desde la Nación, porque es un trabajo solitario, por momentos voluntarista, nos mejoran las estadísticas pero no mejoramos, crecen las violencias y crecen los femicidios”.

El presidente recordó que cuando se reunió con la madre y el padre de Ursula Bahillo, la joven de Rojas asesinada por un policía de la Bonaerense (con complicidad de la fuerza) después de haberlo denunciado reiteradas veces, le fue “definitivamente imposible explicarles lo que pasó”.

Fernández pidió “que éste día sea un día de respuestas, que del mismo modo que construimos memoria, verdad y justicia para los delitos de lesa humanidad, por favor comprometámonos a ponerle fin a la desigualdad en razón del género”.

Paradójicamente (o no) en este 8 de marzo el presidente Alberto Fernández no dio prácticamente ninguna respuesta a la grave situación que viven millones de mujeres en todo el país, más que la firma de un “acuerdo” lleno de “buenas intenciones” con el conjunto de funcionarios políticos que día a día garantizan el pleno desarrollo de todas y cada una de las violencias machistas.

La ausencia de respuestas empieza, deliberadamente, por la naturalización de un sostenido ajuste que impide la implementación de medidas básicas y elementales para empezar a frenar la violencia de género, atendiendo de forma urgente a sus víctimas directas.

Un ajuste que hoy se “justifica” oficialmente por la “necesidad” de afrontar la impagable deuda pública, que arrastra recursos monumentales en beneficio de unos pocos usureros internacionales en detrimento de las urgencias de la población.