Ambas centrales convocaron a una marcha este viernes, donde reclamaron la reapertura de paritarias.
Sábado 2 de julio de 2016
Convocados por la CGT-Regional Córdoba y la CGT- Rodríguez Peña, se movilizaron los cuerpos orgánicos de algunos de los sindicatos más importantes de la provincia, que pusieron en la calle alrededor de mil manifestantes. Desde media mañana comenzaron a concentrar en distintos puntos del centro para confluir a la Casa Histórica de la CGT.
Ahí se formó una columna para marchar hasta el Patio Olmos, donde tuvo lugar el acto. Este comenzó recordando un nuevo aniversario del fallecimiento de Perón, para cuyo recuerdo pidieron desde el palco un minuto de aplausos.
Los primeros en tomar la palabra fueron los secretarios generales de la CGT de la Regional Bell Ville, Francisco Argüello, y de la Regional Villa María, Edgardo Garmendia. Ambas intervenciones fueron breves y se centraron en convocar a enfrentar las políticas neoliberales.
A continuación habló Mauricio Saillen, quien denunció que el gobierno nacional es de extrema derecha y que busca volver a expandir el trabajo en negro, mientras dice que el gobierno anterior tenía ladrones. Dijo que no va a defender a los ladrones sino al proyecto nacional que beneficiaba a los trabajadores y a las empresas argentinas. Cerró iluminando su objetivo estratégico, al afirmar que "los dirigentes gremiales del interior del país también queremos negociar".
Cerró José Pihen (SEP) que arrancó homenajeando a Perón. Señaló la amplitud de la convocatoria, volvió a reivindicar el esfuerzo por sumar a los trabajadores informales nucleados en la CTEP a la CGT (reiterando una bienvenida al Movimiento Evita a Unión por Córdoba), saludó las adhesiones de los centros vecinales, de las asociaciones de pequeños y medianos empresarios; señaló que aumenta la demanda de comida en los comedores populares.
Pïhen señaló asimismo que los dirigentes gremiales no tienen dudas en enfrentar las políticas neoliberales y que así lo hicieron denunciando a los formadores de precios y denunciando los despidos masivos en el Estado. Resulta increíble cómo estos burócratas se esfuerzan para hacer que los trabajadores aparezcan ligados a los empresarios nacionales, y siempre representados por una casta que intenta escribir desde el palco el diario de Yrigoyen a los mismos trabajadores cuyo despido fue garantizado por aquellos dirigentes. Pihen concluyó enfatizando su apuesta a la unidad del movimiento obrero de Córdoba, estando unidos sus dirigentes por el espanto. Señaló como objetivo de la unidad pelear contra tarifazos y despidos. En realidad, todos saben que lo único capaz de espantarlos es que las bases despierten y los corran.
En ese sentido, los gremios estatales enviaron ayer una nota al gobernador en la que fundamentan la solicitud de reabrir la discusión salarial en el segundo semestre. Hasta ahora, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Unión de Personal Superior (UPS), la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) son los que solicitaron la reactualización salarial.
La paritaria salarial provincial firmada en marzo pasado rondó el 25 %. Los gremios fundan su solicitud en un artículo del acuerdo salarial, que señala que “las partes acuerdan que durante el segundo semestre del corriente año, se reunirán en forma inmediata en el caso que se produjera una modificación sustancial respecto del comportamiento esperado de las variables macroeconómicas, que afecte el poder adquisitivo de los salarios”. La nota elevada al Ejecutivo expresa que ese supuesto “se ha verificado en exceso”.
Juan Monserrat, Secretario General de UEPC, manifestó en los medios, a modo de justificación, que los estatales de Córdoba fueron los que más temprano acordaron el aumento salarial, pero esos porcentajes “han quedado desactualizados con respecto a los otros sectores que lograron aumentos recientemente y sobre la base de una inflación más previsible y reconocida por el ministro de Hacienda”.
Lo cierto es que la “excesiva” pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores ya se venía verificando cuando las burocracias sindicales firmaron el acuerdo. De hecho, según distintas consultoras económicas, en febrero la inflación anual rondaba el 30 %.
