Es un doble juego que tiene a la UCR como protagonista. El proyecto de reforma laboral atenta contra el derecho a huelga en la educación como en otras actividades declaradas “esenciales”. Cada punto es para quitar derechos y es una copia casi literal del DNU de Milei. A la hipocresía radical, hay que enfrentarla no dialogando como dice el PJ, sino en calles con un plan de lucha.
Jueves 25 de abril de 2024 16:13
Foto: archivo, La Nación.
A raíz de la convocatoria a la movilización en defensa de la Universidad el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, sostuvo a través de su cuenta de tuiter:
Como egresado de la #UniversidadPublica sé de su importancia. Es la herramienta más fuerte para que todos tengamos las mismas oportunidades de crecimiento dentro de una sociedad que desea progreso e igualdad.
— Carlos Sadir (@carlossadirjuy) April 23, 2024
Esta misma semana donde se produjo una marcha histórica en todo el país contra el ajuste a la Universidad, la UCR sostiene en el Congreso un proyecto de reforma laboral copiado prácticamente del DNU 70/023 de Javier Milei.
El mismo, es parte de las negociaciones que iniciaron en el Congreso hoy día con el tratamiento de la nueva Ley de Bases (Ómnibus), con la cual volvería el impuesto a las ganancias sobre los salarios o elimina la moratoria jubilatoria para las "amas de casa", entre otros ataques, contra derechos conquistados por la clase trabajadora.
Los gobernadores impulsan a las y los diputados (y senadores) a aprobar este tipo de leyes, a cambio de conseguir dinero. Fondos que no van a salarios ni a mejorar los desastrosos sistemas de salud o educación en las provincias. Desde año son estos mismos partidos que en la gestión garantizan estos resultados pésimos para el pueblo trabajador. Hoy un docente que se inicia con un cargo de maestra o profesor cobra 275.000 pesos. Está en la indigencia.
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No es extraño que la UCR lance este tipo de ataques a los derechos laborales. En la provincia, el mismo Sadir, hizo una Ley de Emergencia que pretende precarizar aún más a las y los estatales, a la vez, que obtiene superpoderes.
Tampoco extraña la hipocresía de la UCR, un partido, que históricamente vio en la clase trabajadora un enemigo declarado. La masacre de trabajadores en la Patagonia durante el gobierno de Hirigoyen fue uno de los hitos.
Los hechos más recientes nos remontan al gobierno del radical De la Rúa que despertó un escándalo de coimas en el senado para la aprobación de una reforma laboral antiobrera. En ese momento, no es casual, la ministra de Trabajo era Patricia Bullrich.
¿Qué hacer? A diferencia del PJ que promueve un diálogo con el gobierno radical que sobrepasa la hipocresía, una postura que acompaña la CGT regional, se necesita fortalecer la fuerza social que se desató en las calles al calor de la marcha educativa y pelear desde ahí contra todo intento de avanzar con este tipo de leyes, sea en el Congreso o en la Legislatura provincial.
Una asamblea provincial de trabajadores, comunidades y estudiantes permitiría aún la fuerza social que puede pelear por imponer a las centrales sindicales el plan de lucha para frenarlos y pelear una salida a la crisis a favor de las mayorías. Afectando los intereses de los grandes empresarios y el FMI, los que esperan ansiosos la aprobación de todas estas leyes.
