Villa Mascardi. Las endebles “pruebas” que usa el Estado para reprimir a las mujeres mapuche y acusarlas de “terroristas”

“La causa aún sigue en secreto se sumario, así que no estamos pudiendo acceder ni a las pruebas ni a lo que hace al procedimiento en curso”, dijo este martes en una entrevista con Barricada TV la abogada Laura Taffetani, miembro de La Gremial de Abogadas y Abogados y defensora de las mujeres mapuche detenidas en Villa Mascardi el martes de la semana pasada.

La letrada dijo que la jueza subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, confirmó que el secreto de sumario continuará por varios días. Y detalló que, tras una semana presa y maltratada, una de las detenidas acaba de ser sobreseída y liberada ya que se acreditó que no pertenece a la comunidad y estaba ocasionalmente en la lof el día de la represión porque había ido a visitar a la machi Betiana Colhuan Nahuel.

Vale recordar que dos de las mujeres detenidas, presas en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mantienen una huelga de hambre a la espera de que la jueza defina el pedido de excarcelación que hicieron desde la defensa. A su vez, sobre las cuatro mujeres detenidas con prisión domiciliaria, Taffetani afirmó que el Estado les impone condiciones “muy gravosas”, con restricciones casi dictatoriales hasta para recibir visitas de sus familias. Entre ellas está Romina Rosas, quien en las últimas horas comenzó con trabajos de parto.

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Causa armada

Según el limitado acceso que tienen a la causa quienes asumieron la defensa de las mujeres, los cargos por los que se las detuvo en la mañana del martes 4 son “incendio” de la casilla de Gendarmería puesta por el Gobierno nacional al servicio del dueño de la finca Los Radales, “usurpación” de esa finca y “atentado resistencia a la autoridad”.

“En cualquier momento pueden culparlas de otros delitos, es muy preocupante porque todo el procedimiento (judicial) es irregular”, afirma Taffetani. Y recuerda que este ataque a la comunidad mapuche se da en medio de otro proceso judicial, que está por ir a juicio en los próximos meses y donde no existía ninguna posibilidad legal de desalojar y mucho menos detener a los miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu.

Ahora bien, ¿con qué pruebas cuenta el Poder Judicial para justificar la represión con 250 efectivos armados hasta los dientes, las detenciones y las múltiples violaciones a derechos humanos -denunciadas incluso por organismos y referentes del propio Frente de Todos- cometidas contra las mujeres mapuche?

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Este miércoles el diario Río Negro publicó un artículo con información exclusiva obtenida, según afirma, de “fuentes con acceso a la causa” (lo que choca con el supuesto secreto de sumario). Allí se detallan las “pruebas” recolectadas por la jueza Domínguez y la fiscal federal Cándida Etchepare para reprimir y detener a las mujeres y sus hijas e hijos menores.

“En la inspección ocular que la jueza y Etchapare dirigieron la tarde del 27 de septiembre pasado en el predio donde ocurrió el ataque los peritos hallaron dos tacos de cartuchos de escopeta que no son las que usan fuerzas federales, según revelaron en ese momento fuentes judiciales. También, encontraron una botella con restos de combustible. Todos los elementos se enviaron para su peritación”, se puede leer en Río Negro. Y nada más. Al menos en el discurso oficial, ésas serían las contundentes pruebas contra la comunidad mapuche.

Esas mismas “evidencias” le bastarían a las autoridades judiciales para seguir persiguiendo a miembros de la lof. “Los varones de la comunidad mapuche escaparon y desde entonces se encuentran prófugos de la justicia”, afirma el diario regional. En rigor, esa afirmación sería una maniobra discursiva, ya que según el propio Ministerio de Seguridad de la Nación no hay ninguna orden de captura al respecto. Mal puede estar prófugo alguien a quien el Poder Judicial ni siquiera tiene identificado.

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La información difundida por medios que acompañan la campaña antimapuche agrega que la Fiscalía Federal de Bariloche culpa a las mujeres detenidas de “haber despojado a la Administración de Parques Nacionales de los lotes de su propiedad por medio de actos violentos que se iniciaron en julio de 2018 y se mantuvieron a lo largo del tiempo”. Pero ese conflicto con Parques Nacionales es el que, precisamente, se analiza en otra causa judicial (iniciada en noviembre de 2017 y con fecha de juicio a determinar), donde aún no hay sentencia de ningún tipo y donde, además, se deberá juzgar el crimen de Rafael Nahuel ocurrido el 25 de noviembre de aquel año.

Es decir que, para justificar las detenciones y procesamientos de las mujeres mapuche, el Poder Judicial se basa en “pruebas” endebles (probablemente inventadas para tal fin) y en causas penales preexistentes pero están abiertas y donde no hay culpables. Puede parecer poco serio, pero no lo es. Así actúa el Estado contra las comunidades mapuche desde hace años, gobierne quien gobierne.

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Haciéndole el juego a la derecha

Este martes a la noche el ministro de Seguridad Aníbal Fernández fue entrevistado por Gustavo Sylvestre en C5N. Allí justificó todo lo hecho por sus subordinados en Villa Mascardi y, lo más grave, reprodujo sin pudor el mismo discurso de Patricia Bullrich, el PRO y los empresarios y terratenientes de Río Negro que buscan aniquilar el reclamo mapuche. Entre otras cosas, acusó a las y los miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu de “quemar una casa, quemar y tirotear una casilla de Gendarmería y desconocer al Estado Argentino”.

Eso sí, el ministro (responsable político de varias represiones con muertos a lo largo de los últimos treinta años) dice que todo lo hecho por sus uniformados es “tal como lo manda la Constitución Nacional”. Un recurso bastante pobre para justificar su acoplamiento a la campaña criminalizadora de la ultraderecha en función de sus intereses económicos y culturales. Con el mismo odio, pero sin pruebas, esos sectores hablan de “terrorismo pseudomapuche”, recreando un enemigo interno al que hay que perseguir, detener y, si hiciera falta, matar.

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De lo que no habla Aníbal es de la renuncia indeclinable, con denuncia de violaciones a derechos humanos incluida, de Elizabeth Gómez Alcorta, compañera suya de Gabinete y ahora exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La funcionaria (que había dejado pasar represiones como a las familias de Guernica y otros crímenes emanados desde el Estado) no aguantó tener que hacerse cargo del derrumbe estrepitoso del discurso del Frente de Todos sobre la supuesta defensa de los derechos de los pueblos originarios.

“Todos los gobiernos nacionales han negado siempre el conflicto territorial con los pueblos originarios, lo demuestra la falta de relevamiento que ordena la Ley 26.160”, dice la abogada de la comunidad mapuche Laura Taffetani. “Se niega el conflicto y cuando hay una recuperación territorial como la de Villa Mascardi avanzan criminalizando y reprimiendo”, agrega.

En una entrevista con La Izquierda Diario, Celeste Ardaiz Guenumil (una de las detenidas con prisión domiciliaria) lo sintetizó con otras palabras: “La campaña del desierto para nosotros no terminó. Están violando nuestros derechos como pueblo originario. Nosotros estamos en defensa de nuestro territorio; ellos siempre van a ver una manera de explotarlo”.

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