El mismo ministro francés de Interior, Gérard Collomb, destacó este domingo que en enero aumentó un 29 % el número de expulsiones de inmigrantes “sin papeles” -según consideran las reaccionarias leyes de extranjerías.
Lunes 12 de febrero de 2018 11:15
A esta valoración, en la que considera la expulsión como un hecho positivo, subrayó la voluntad del Gobierno de Macron “dar un tratamiento distinto a los refugiados y a los inmigrantes económicos”. Una distinción que da fundamento al racismo institucional contra las personas inmigrantes en Francia.
"Estamos obligados a hacer una selección porque, llegado un momento, no podremos dar un futuro a todo el mundo", señaló Collomb en una entrevista a la emisora de radio "France Inter".
Insistió en que lo que quiere es que "aquellas y aquellos a los que acojamos en Francia tengan un futuro en nuestro país".
Indicó que el pasado año hubo 100.000 demandas de asilo en Francia, lo que significó un incremento del 7% respecto a 2016, cuando ya se había producido una subida del 23% frente a 2015.
A partir de esas cifras, el ministro consideró que su país no puede acoger a un número de personas que crece de forma "exponencial".
El Gobierno francés prepara un proyecto de ley cuyos objetivos declarados son, por una parte, favorecer la integración de los refugiados, reduciendo a un máximo de seis meses la tramitación de sus solicitudes y ofreciéndoles cursos de francés y de formación profesional.
No obstante, bajo esta supuesta ley que “favorece a los refugiados”, propone una segunda parte del plan, que es acelerar los procedimientos de expulsión de los que no consigan demostrar que son refugiados y de otros inmigrantes económicos que, según el ministro, no tengan la documentación en regla, entre otras cosas con acuerdos con sus países de origen para su repatriación y también prolongando el periodo de retención administrativa hasta 90 días.
Según señaló el mes pasado el propio Collomb, durante 2017 fueron expulsadas de Francia 26.000 personas, un 14% más que el ejercicio precedente. Y una parte de ellos fueron puestos en la frontera por la fuerza (14.000 en los once primeros meses del año).
