El mandatario aprovechó de justificar la acción de Carabineros, amparándose en el Estado de Derecho, y la Constitución para "combatir la violencia", quedando clara una vez más el sello de su agenda represiva que sostiene la militarización del Wallmapu, y la represión hacia el pueblo mapuche.
Miércoles 14 de julio de 2021
FOTO: Agencia UNO
Una vez más sale a relucir el discurso del gobierno, y esta vez en palabras del mismo presidente Sebastián Piñera. Esto a propósito de las declaraciones realizadas por el mandatario, en el marco del “bono alivio” a las Pymes, donde buscando mostrar un ánimo compasivo, condenó los “hechos de violencia” ocurridos en el fundo Santa Ana perteneciente a la forestal Mininco, lugar en el que fue asesinado el weichafe Pablo Marchant, a manos de Carabineros.
“El gobierno está actuando con todas las herramientas que le da la ley”, manifestó Piñera, quien junto con solidarizar con uno de los trabajadores heridos, también manifestó “condolencias a la familia de Pablo Marchant, quien de acuerdo a versiones, habría participado en ese atentado o sabotaje”. Palabras absolutamente hipócritas viniendo de un gobierno que se ha encargado de recrudecer la militarización en La Araucanía, y siendo el responsable político del asesinato del joven comunero mapuche, Camilo Catrillanca, el año 2018.
A su vez el mandatario, volvió a relativizar la responsabilidad del gobierno y la acción de Carabineros, condenando la violencia.
“Quiero decirlo con toda claridad, no podemos aceptar que la violencia sea la forma en que se resuelvan los conflictos en nuestro país, ninguna causa justifica el uso de la violencia ni atenta contra vidas humanas”, manifestó de acuerdo a CNN Chile.
Y para rematar y dejar aún más en evidencia su discurso de criminalización hacia el pueblo mapuche refirió “Ninguna causa justifica usar armamento de guerra, eso tenemos que desterrarlo de nuestro país y llamo a todos los demócratas a condenar la violencia en forma fuerte, clara, sin ambigüedades”, esto cuando es de total conocimiento la utilización de armamento de distinto tipo, por parte de organizaciones de ultraderecha presentes en la zona, y vinculados a latifundistas y empresarios de la “agricultura”.
Por última Piñera expresó “el gobierno está cumpliendo con su deber y mandato constitucional, estamos usando todos los instrumentos que nos da la Constitución y la ley y el Estado de derecho para combatir la violencia, por eso presentamos una querella cada vez que se producen actos que son delitos y son inaceptables”, de acuerdo al mismo medio.
Falsas condolencias y el sostenimiento de una agenda de militarización
Se mantiene aún tensa la situación en La Araucanía, volviéndose aún más preocupante luego del comunero Pablo Marchant a manos de Carabineros, quienes se encuentran siendo investigados por no portar durante el accionar que llevó al asesinato de Marchant con cámaras Go Pro, junto con afirmar que le habrían disparado a corta distancia.
Ya es sabida las irregularidades que constantemente presentas instituciones criminales como Carabineros, donde los protocolos resultan irrisorios cuando cometen esta clase de actos despiadados caracterizados por la ausencia o manipulación de evidencia. Basta sólo recordar el caso de Camilo Catrillanca, quien posterior a su asesinato, se desarrollaron versiones falseadas por 40 efectivos policiales, con el objetivo de esconder al crimen y responsable del hecho, lo que también significó la remoción del General director de Carabineros, Hermes Soto, de su cargo.
Por su parte la Convención Constitucional, presidida por Elisa Loncón, y que el día de ayer volvió a sesionar, dio a conocer un comunicado emanado desde los convencionales de pueblos originarios, en el que señalan “exigimos una investigación objetiva de estos hechos y hacemos un estricto llamado a los medios de comunicación social a esperar los resultados de ésta, por respeto a la familia de Pablo Marchant y a la verdad pública”. Además agregan “los graves hechos conocidos el día de hoy hacen evidente la urgencia de que el país respete y repare los derechos políticos y territoriales del pueblo mapuche y de todas las naciones originarias, como una necesidad ineludible para el proceso constituyente de un Chile plural, de pueblos iguales en dignidad y derechos”. Esto haciendo un llamado al gobierno y al Congreso a “atender estos requerimientos”.
Sin embargo, como hemos visto al igual con su petición al Congreso de aprobar la ley de indulto a los presos políticos de la revuelta, no pasa de ser un acto simbólico, cuando ya se han referido a que la Convención Constitucional no busca “interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado”, precisamente poderes como los que sustentan las leyes que encarcelan y criminalizan a quienes se manifiestan.
Es frente a esto, que resulta fundamental organizar un plan de lucha contra la represión estatal y la impunidad de los represores de ayer y hoy, por la desmilitarización del Wallmapu, y la amnistía de todas y todos los presos políticos mapuche y de la revuelta. Que las grandes centrales de trabajadores y estudiantiles, junto a las organizaciones y organismos del pueblo mapuche convoquen a una gran movilización que coloquen al centro estas demandas: ¡Que de una vez la Convención se declare soberana y devuelva las tierras usurpadas por las forestales al pueblo Mapuche!
