Jueves 30 de octubre de 2014
Hace unas semanas una víctima de red de trata que recibía tratamiento en el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) Nº 40 de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó un aborto no punible debido a que estaba embarazada producto de las violaciones a las que había sido sometida durante un secuestro de varios meses.
Como la mujer contaba con 18 semanas de gestación, el equipo de profesionales del CESAC requirió de manera inmediata su derivación e internación al Hospital Piñero que pertenece a su área programática con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad para el procedimiento ya que se requiere un mayor nivel de atención.
El servicio de Ginecología y Obstetricia de dicho hospital se negó a atenderla alegando que sólo se realizan abortos no punibles hasta la semana diecisiete inclusive, condición inadmisible ya que ningún protocolo supone ese plazo. Por este motivo el CESAC realizó la denuncia del caso al Ministerio de Salud de la Nación, al Programa de Salud Sexual de la Ciudad de Buenos Aires y a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Cuatro días después, el jueves 16 de octubre, bajo disposición de las autoridades sanitarias de la zona, la mujer fue internada en ese hospital para acceder a la interrupción del embarazo, allí fue acompañada por asistentes sociales y militantes para que la atendieran. Ellas afirman que durante la internación se le negaron a la paciente analgésicos y que recibió maltrato psicológico por parte de los Jefes del Servicio Lucia Di Biase y Angel Moggia como así también del médico de planta Marcelo Cardoso.
En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció que en los casos de violación el aborto es No Punible (o sea es completamente legal), con lo que cerró las discusiones acerca de la interpretación del artículo Nº 86 del actual Código Penal. A través del fallo F.A.L.- medida autosatisfactiva instó a las provincias a adecuar los Protocolos de Atención de Aborto No Punible, tomando como modelo la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación.
Hoy sólo ocho provincias tienen protocolos médicos para tratar estos casos. Todos los años, en donde haya o no protocolo, suceden numerosos casos en los cuales se posterga o se niega el derecho al Aborto No Punible. Este es un derecho negado, una falsa libertad democrática que genera un nuevo calvario a mujeres que antes de consultar ya han atravesado situaciones terriblemente traumáticas. En la máxima vulnerabilidad con suerte logran tomar coraje para buscar atención médica. Sólo algunos CESAC, mediante las Consejerías para interrupción del embarazo (instrumento construido por el activismo y el compromiso político de sus integrantes), son los únicos que brindan una contención de calidad para estas situaciones. El resto de las instituciones o les cierran las puertas u hostigan deliberadamente a las mujeres que acuden.
Si luego de ser denigradas por la burocracia y el acoso institucional, logran acceder a la atención hospitalaria, ya sea para una interrupción legal del embarazo o para el tratamiento de un aborto en curso, generalmente la violencia obstétrica a través de los de legrados sin anestesia, la inducción sin analgésicos, los interrogatorios, el abandono, la intimidación, entre otras tantas, les deja una marca para recordarles que el estado argentino en los hechos impone con castigo la prohibición de todo tipo de aborto.
Esta práctica constituye serios agravios a los derechos humanos. En la actualidad distintos autores en bioética, e incluso la Organización Mundial de la Salud, consideran a la violencia obstétrica como una modalidad de tortura.
Es fundamental que cada uno de estos hechos sean repudiados públicamente, denunciando con nombre y apellido a los responsables. Así ocurrió el lunes pasado en el escrache organizado en la puerta del Hospital Piñero a los responsables de servicio y que le dio amplia visibilidad al caso.
A su vez la reivindicación de medidas como la aprobación de un protocolo nacional, las Consejerías, la instrucción del personal médico y el aprovisionamiento de los fármacos Misoprostol y Mifepristona (que frecuentemente escasea en todos los hospitales y centros de salud públicos) son acciones muy importantes, siempre que quede en claro que la única manera de terminar con ésta violencia y con la alta mortalidad materna producto de la clandestinidad, es la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El aborto tiene que ser una opción voluntaria, legal, segura y completamente gratuita para todas las mujeres.
