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Red Internacional
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Crisis política. Lasso antidemocrático: el presidente de Ecuador disolvió el Parlamento

La medida fue anunciada este miércoles antes del comienzo del segundo día de juicio político en su contra por presunto peculado.

Miércoles 17 de mayo de 2023 11:33

El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó este miércoles en medio del juicio político en su contra la denominada "muerte cruzada", un mecanismo constitucional de corte antidemocrático introducido durante el gobierno de Rafael Correa que le permite disolver la Asamblea Nacional (Parlamento) y convocar elecciones generales anticipadas. De ese modo, gobernaría mediante decretos hasta el cambio de mando.

En un mensaje a la nación, Lasso anunció esta medida aduciendo la "grave conmoción interna y política", después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición, con mayoría en el Parlamento, por un presunto delito de peculado.

El mandatario recurrió a la "muerte cruzada" antes de que inicie el segundo día de debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituirlo, equivalentes a dos tercios de la Cámara parlamentaria.

La medida recibió el inmediato respaldo de las Fuerzas Armadas, que iniciaron un operativo de resguardo policial y militar del edificio de la Asamblea que impidió el ingreso de funcionarios legislativos. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas consideró que la medida constitucional y expresó su apoyo a través de un video.

Desde el espacio del expresidente Rafael Correa en el Parlamento (UNES) consideraron que no hay motivos para la "muerte cruzada", pero que la respetarán. Desde el Partido Social Cristiano (PSC), que posee 12 diputados en la Asamblea Nacional, hablaron de inconstitucionalidad.

En el mismo sentido de inconstitucionalidad se pronunció el partido Pachakutik. En rueda de prensa, su coordinador Marlon Santi habló de formar un frente nacional para contrarrestar las políticas que pueda emprender Lasso sin el contrapeso de la Asamblea si finalmente los jueces validan el decreto presidencial de "muerte cruzada". En la Corte Constitucional ya fue presentada una demanda de inconstitucionalidad y Pachakutik no descarta presentar otra más en su nombre.

Por su parte, el presidente de la Conaie, Leónidas Iza Salazar, consideró la medida un "autogolpe". Sin embargo, según titula el medio local El Universal, desde la organización "descartan manifestaciones ante una eventual muerte cruzada".

El dirigente social insistió en encauzar el descontento del sector frente al giro antidemocrático del gobierno por los carriles del mismo régimen que lo habilita: “Nosotros vamos a agotar hasta el último recurso. No queremos una reacción social, como muchos sectores nos han acusado, se imaginan en este momento una ebullición social, será catastrófico”.

Además agregó que “No miramos que ese es el camino, debe ser el juicio político, entendiendo también que la Asamblea Nacional no goza de apoyo. Pero creemos que en el deterioro del Ejecutivo vamos a agotar los mecanismos democráticos, menos traumantes para los ecuatorianos”.

Una vez más, la organización indígena busca evitar que la bronca social por las deterioradas condiciones de vida de la población tome impulso con la resistencia al giro antidemocrático del gobierno, que ponga en jaque al régimen político ecuatoriano. Un papel pasivizador que juega hoy en forma preventiva, y que jugó también durante la rebelión popular de 2019.

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Lasso deberá convocar elecciones presidenciales y legislativas, en las que se eligirá a quienes terminarán el actual periodo presidencial y legislativo hasta mayo de 2025. Hasta entonces, podrá gobernar por decretos de urgencia económica, según establece el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana.

En una primera medida cargada de demagogia, el presidente ya emitió el primer Decreto Ley de reforma tributaria, una medida dirigida a los sectores medios que actúan en la economía formal. La medida deberá ser refrendada por la Corte Constitucional, lo que de hecho terminará de darle legitimidad a la "muerte cruzada".

En Guayaquil, cuyo alcalde pertenece al correismo, un contingente antimotines de policías metropolitanos fue instalado en el exterior del Palacio Municipal de Guayaquil. Frente a los anuncios de posibles manifestaciones contra la antidemocrática muerte cruzada dictada por el Ejecutivo, 700 efectivos del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano fueron alistados en la ciudad.

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