Al día de hoy, el pueblo jujeño dice: “Basta de impunidad a la patronal garantizada por la UCR y el PJ”
Jueves 20 de julio de 2023 11:58
Se cumplen 47 años de impunidad para uno de los dueños de la provincia, la empresa Ledesma, en relación a su responsabilidad civil en los Apagones que detuvieron y desaparecieron obreros del ingenio, docentes y estudiantes. Impunidad garantizada por el régimen de la UCR y el PJ, el mismo que en la actualidad, contra la voluntad del pueblo trabajador y originario movilizado, intenta imponer a sangre y fuego una Reforma Constitucional contraria al derecho a la protesta y a los derechos de las comunidades indígenas, para favorecer nuevamente al gran capital. En este caso a las mineras que saquean el litio, como también al conjunto de terratenientes y empresarios. La Marcha del Apagón de hoy, jueves 20 de julio, seguirá exigiendo juicio y castigo a los responsables civiles del Apagón y reclamará: “Abajo la Reforma Constitucional reaccionaria, libertad a los presos por luchar y arriba los derechos”.
Los Apagones fueron cortes del suministro de luz eléctrica en horas de la noche, en los que se llevaban a cabo operativos de detenciones, torturas y desapariciones, en manos de las fuerzas represivas al mando del gobierno del golpe cívico, militar y eclesiástico, dónde la empresa Ledesma planificó y financió, llevando adelante los cortes del tendido eléctrico de sus usinas que abastecían del servicio al pueblo, aportando camiones, trailers, camionetas, personal, combustible y listas negras, en Libertador, Calilegua y El Talar a partir del 20 de julio de 1976. Esta represión tan virulenta tenía por objetivo derrotar a un movimiento obrero, que, con su organización y lucha por aumento salariales, mejoras en las condiciones laborales y por el derecho a la vivienda, cuestionaba al poder de la familia Blaquier. También a un movimiento estudiantil que comenzaba a organizarse en centro de estudiantes, en la escuela Normal, contra el autoritarismo de las autoridades y en solidaridad a la causa obrera; para ensanchar y multiplicar las ganancias de la empresa, a costa de una caída brutal de salarios y derechos de los trabajadores, además de recuperar el mando absoluto en el ingenio y los pueblos.
El plan reaccionario había empezado antes de los apagones, ya que en 1974 y 1975, bajo el gobierno de María Estela de Perón, la patronal de Ledesma venía despidiendo activistas y delegados, mientras que el estado los detenía. También detuvieron arbitrariamente a abogados, sacándolos de adentro de la fábrica o de los lotes del campo azucarero. El mismo gobierno peronista provincial de Carlos Snopek, intervino a punta de armas de fuego a mediados de 1974, al gobierno municipal de Luis Aredes, por cometer la osadía de cobrarle por un mes, impuestos municipales a la empresa Ledesma.
Pos dictadura genocida, los años que siguieron bajo un régimen bi partidista peronista-radical, fueron de un sostenimiento de la impunidad para el presidente del directorio y el administrador de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos respectivamente, autores intelectuales de los apagones de 1976. Por abajo, en las calles, sin embargo, se luchó mucho por la memoria, la verdad y la justicia para las y los detenidos, desaparecidos y sus familiares y compañeros/as. Así se lograron los juicios, sentar en el banquillo y lograr la condena de algunos militares y policías genocidas, pero Blaquier y Lemos, pese a ser procesados, no fueron a juicio porque la cámara de casación penal, bajo el gobierno de Mauricio Macri, los declaró seniles y luego, funcionarios de la secretaría de derechos humanos de la nación, bajo el gobierno de Alberto Fernández, avalaron dicho fallo. Así fue que el empresario genocida, Carlos Pedro Blaquier, murió impune y actualmente Alberto Lemos, administrador del ingenio en los 70’, continúa en igual estado.
En la actualidad, el mismo régimen bi partidista radical y peronista que garantizó la impunidad de empresarios genocidas como Blaquier y Lemos, intenta imponer a costa de represión y criminalización de la protesta, una Reforma Constitucional favorable al saqueo de los bienes comunes naturales que hacen las mineras explotando el litio y contraria al derecho de los pueblos originarios, a la consulta previa, libre e informada sobre sus territorios ancestrales. También, al derecho inalienable a la libertad de pensamiento y expresión, manifestación y petición a las autoridades y a la protesta social. Gerardo Morales, de la UCR, junto al PJ, quieren saquear y contaminar, sin que nosotros, como pueblo trabajador, nos manifestemos contra estos atropellos. Nos quieren pobres y sumisos, para que los dueños de la provincia se sigan enriqueciendo en base a la explotación de la clase trabajadora, la opresión de los pueblos originarios y la expoliación de nuestros bienes comunes naturales.
El mejor homenaje a las y los compañeros detenidos, y desaparecidos de los Apagones del Terror, impulsados por el directorio de Ledesma SAAI, ejecutado por milicos y policías genocidas y avalado por la curia provincial y local, es continuar luchando por tirar abajo esta Reforma Constitucional reaccionaria, por la libertad de los detenidos por luchar contra este marco constitucional anti protesta y pro extractivista, y por, “arriba los derechos y las wiphalas, el derecho a las maestras a un salario que cubra las necesidades de sus familias y, de los pueblos originarios al derecho sobre sus territorios ancestrales”.
