Jorge Glas continuará preso y el presidente dictó la vacancia en el cargo. El oficialismo tendrá que negociar su reemplazo con la derecha en la Asamblea Nacional.
Jueves 4 de enero de 2018 08:48
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“El día de ayer a las doce de la noche, de acuerdo a lo que manifiesta la Constitución, cesó en sus funciones el señor vicepresidente de la República, Jorge Glas", anunció el presidente Lenin Moreno. Este martes 2 de enero expiró el plazo de tres meses de ausencia que Glas había solicitado para cumplir prisión preventiva por el caso Odebrecht. Como sobre él pesa hoy una condena de primera instancia por seis años, la destitución está consumada.
Ante este conveniente escenario de vacancia en el cargo, Moreno está habilitado para enviar una terna a la Asamblea Nacional (AN), que finalmente deberá designar al nuevo vicepresidente. La elección deberá contar con 91 votos afirmativos, pero la facción morenista está muy lejos de ese número y estará expectante de una negociación con las bancadas de CREO, SUMA, y el Partido Social Cristiano. Si en 30 días no hay acuerdo, el cargo será ocupado por el primer nombre que encabece la lista.
Desde el Palacio de Carondelet expresaron que el presidente pretende que la terna sea integrada por mujeres: la vicepresidenta interina, María Alejandra Vicuña; la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; y la canciller, María Fernanda Espinosa. En cualquiera de los casos, quien ocupe la vicepresidencia será ungido o ungida gracias a maniobras judiciales y los votos de la derecha.
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Divididos pero cómplices
El ex presidente Rafael Correa confirmó su retorno al país esta semana, buscando fundar un nuevo partido para ponerse al frente de la campaña por el No en el referéndum de febrero. Aunque la fractura partidaria ya es prácticamente un hecho, la mayoría legislativa de Alianza País (AP) no lo evidencia a la hora de las votaciones.
La semana pasada, morenistas, correistas y opositores unificaron sus escaños para aprobar el Presupuesto 2018 y la Ley de Reactivación Económica. A pesar de las quejas de “gradualismo”, empresarios se verán beneficiados con descuentos impositivos y más precarización en las formas de contratación de trabajadores y trabajadoras. Como guiño del ajuste que se viene, el Estado fue “mediador” en la paritaria por el salario básico, y decretó un aumento de USD 11 para llevarlo a miserables USD 386 mensuales, mientras la gran burguesía exportadora y latifundista no pierde márgenes de ganancia.
Ante el desarrollo del proceso contra Jorge Glas, los miembros de la bancada legislativa oficialista se encargaron de cubrirse mutuamente las espaldas. Los pedidos de juicio político presentados por la oposición no avanzaron más allá del Consejo de Administración Legislativa (CAL), donde 5 de sus 7 miembros se identifican con AP, a pesar que algunos se alinean con el ex mandatario y otros con el actual presidente.
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Con los argumentos “esperar la decisión de la justicia” y “respetar la separación de poderes”, el oficialismo evitó tener que exponerse a una votación destituyente que hubiese acelerado su propia división. Una vez conocida la sentencia de la Corte Nacional, los miembros del CAL no dudaron en “seguir con el debido proceso”.
Finalmente, la Asamblea convocó a Glas para el próximo 7 de enero. El proceso termina siendo extemporáneo: se acusará a un vicepresidente ya destituido. La demora intencionada de un sector de la casta política allanó el camino para que la justicia burguesa, integrada por magistrados con enormes privilegios salariales y designados por un puñado de personas, tácitamente releve un mandatario electo por millones.
Mientras se consuma el golpe palaciego, la crisis política abierta expone el régimen inaugurado por la Constitución Montecristi, y el accionar antidemocrático de la casta política y judicial. Con el referéndum de febrero, Lenín Moreno impulsa una gobernabilidad distinta a la del correísmo. La burguesía ve la oportunidad de relegitimar un régimen semi bonapartista, garante tanto de la corrupta impunidad como de la expoliación imperialista a los recursos naturales y humanos. Con tibias reformas a la Carta Magna, se pretende salvar las reglas del juego político que lograron imponer en 2008.
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