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Red Internacional
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Sin derechos. Ley Ómnibus: un ataque a la ley de Salud Mental

La “Ley Ómnibus” que busca imponer el Gobierno otorgará la posibilidad a jueces para que definan una internación, eliminará la prohibición de nuevos “manicomios”, modificará el organismo de revisión e se introduce el término “adicciones” por el de consumos problemáticos.

Viernes 29 de diciembre de 2023 18:08

De los 664 artículos en 351 páginas del proyecto de ley que envió Javier Milei para ser tratado en el Congreso, se advierten en al menos ocho, un avance contra los derechos que garantiza la Ley 26.657 de “Derecho a la Protección de Salud Mental” sancionada en 2010, lo cual ya comenzó a generar un amplio repudio en trabajadores y trabajadoras de la salud mental, diferentes organizaciones, colectivos y residentes.

Firma el petitorio aquí:

El artículo 5 de dicha ley expresa que "la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado". Contraria a ello, la propuesta del Gobierno determinará que en “situaciones particulares... el juez podrá adoptar medidas de atención urgentes y deberá posteriormente realizar la correspondiente evaluación interdisciplinaria”.

Es decir, ya no será necesario que un equipo interdisciplinario determine una internación, sino más bien, lo puede hacer un juez, haciendo foco nuevamente en la Justicia para redimir la cuestión de peligrosidad del paciente, tanto para sí como para otros. Yendo totalmente en oposición a la ley vigente, donde se dejaba en claro que la internación era el último recurso. Debido a que muchos usuarios del sistema de salud mental transcurren gran parte de su vida dentro de un manicomio una vez que ingresan, habiendo internaciones prolongadas de hasta más de 15 años, viviendo en condiciones indignas, con falta de atención, dónde se vulneran los derechos humanos. También implica la ruptura de los lazos sociales, y anula la perspectiva de que los usuarios puedan desarrollarse como sujetos autónomos, lo que conlleva a prolongar prolongar el padecimiento.

Un retorno al “sistema manicomial”

En tanto, la modificación de los textos en los artículos 11 y 27, habilita la creación de manicomios, tanto públicos como privados, dando un giro de retorno hacia el “sistema manicomial”. Léase en el artículo 27 que busca aplicarse: “Los hospitales o centros médicos, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados deberán funcionar conforme a los objetivos y principios expuestos, y de acuerdo a las reglamentaciones que establezca la autoridad de aplicación”.

Esto sumado a que en el artículo 28 se adhiere a que las internaciones se realicen en instituciones de salud mental. Es decir, se reemplaza la noción de que todos los hospitales públicos debían tener un dispositivo para la atención y la internación de salud mental, a pesar de que aún seguía sin implementarse por completo cada punto de la ley; la cual representaba sólo el 1,37 % del presupuesto total de salud con la gestión del último Gobierno, aunque debería ser del 10 %. Sin embargo, avala la desaparición de hospitales de día por los ya recordados monovalentes.

En consiguiente, el nuevo artículo 20 propuesto expresa que las internaciones involuntarias se pueden habilitar cuando “...no logre adherencia a los abordajes ambulatorios y presente una falta de conciencia de enfermedad...”. Siendo una forma clara de responsabilizar a la persona en relación a su propia salud, y no adecuar un tratamiento.

A lo que también agrega, en caso de menores de edad, que se puede otorgar por “...pedido de ambos padres o de quien/es ejerzan la responsabilidad parental, tutor o a requerimiento del Juez previa solicitud del órgano administrativo competente, se trate de un menor de edad que padece adicción a sustancias psicoactivas...”.

Si bien se refleja como prescribe nuevamente la evaluación interdisciplinaria de parte de profesionales de la salud mental, y se sustituye por la de la figura de un juez; resuena también el término utilizado: “adicción”, que reemplaza a la conceptualización de consumos problemáticos, suprimiendo de este modo las complejidades sociales que derivaban en esta problemática.

Esto sumado al viraje que tomará la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina -Sedronar- con el nuevo Gobierno, dejando de depender de la Jefatura de Gabinete de Ministros para pasar a manos del Ministerio de Salud, cambios burocráticos que diferentes organizaciones y cooperativas destinadas al cuidado de la salud mental de las personas ya vienen advirtiendo, tal como fue en 2015 bajo el Gobierno de Mauricio Macri, donde se demoraron meses en pagar el dinero destinado a programas de esta índole.

Es en el artículo 22, que el nuevo texto plantea que para la internación o externación, el abogado defensor o la familia pueden negarse. “...El defensor podrá oponerse a la internación o a la externación y solicitar la medida que terapéuticamente sea más adecuada. El juzgado deberá permitir al defensor el control de las actuaciones en todo momento”. Lo que refiere a que el paciente puede quedarse encerrado como en el antiguo “sistema manicomial” que se trataba de erradicar con la Ley desde 2010.

Y en el artículo 23, la nueva ley que intenta sancionar Milei, coloca trabas a las externaciones, ya que el equipo de salud deberá informar la misma, pero además el abogado defensor o la familia deben estar de acuerdo. Siendo que no sólo se amplían las justificaciones por las cuales internar, sino también, que el paciente quede destinado a su propia suerte en el manicomio, donde los censos previos a la Ley vigente delataban personas pasando décadas encerradas en estos lugares.

Un nuevo Órgano de Revisión

Por último, el artículo 39, donde la modificación del texto deja afuera a defensores de derechos humanos, asociaciones comunitarias, de pacientes y de familiares. Léase la diferencia entre la Ley vigente que expresa que el Órgano de Revisión debe ser multidisciplinario entre “representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores de la salud y de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos”. Y el nuevo que busca imponer el Gobierno que anuncia: “...debe estar conformado por equipos multidisciplinarios y cada equipo estará integrado por un médico psiquiatra, un psicólogo, un técnico especialista en adicciones, un técnico especialista en cuestiones de niñez y adolescencia y un abogado especialista en la materia”.

La salud mental es un derecho

Por todo ello, es un atropello y un ataque a los derechos adquiridos este intento de reforma a la Ley de Salud Mental, la que condensaba años de pelea de parte de lxs trabajadorxs de la salud mental, junto a usuarios y familiares, pensando a la salud mental “desmanicomializada”, como comunitaria y en defensa de los derechos humanos. Si se concibe a la salud mental como integral, como un estado de bienestar mental condicionado por las condiciones materiales de vida, para poder desarrollar todas las habilidades, aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad; siendo el presente un contexto social de mayor crisis, ajustes, empobrecimiento, es que muchos padecimientos se agravarán y/o devendrán.

Cómo estudiantes de psicología y futuros trabajadores de la salud mental creemos que es fundamental generar espacios de debate, por eso este año organizamos una charla sobre “los avances y retrocesos de la ley nacional de salud mental”, y hoy más que nunca, que la ley está puesta en cuestión, es necesario organizarnos para defenderla, porque la salud mental es un derecho.

Desde En Clave Roja nos seguimos organizando, impulsamos espacios de debates como la Comunidad de WhatsApp abierta a todos los estudiantes de la facultad. Seamos miles de estudiantes y docentes en las calles para enfrentar este ajuste liberal y tirar abajo el DNU y la Ley Ómnibus. ¡El 24 de enero todos a las calles!
nota sugerida.

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