Antes del cambio de gobierno, el kirchnerismo busca modificar la ley de semillas y la ley de uso de agrotóxicos para asegurarles a las empresas la estabilidad de sus ganancias en el mercado de insumos, y seguir fortaleciendo al agronegocio, uno de los exponentes de las dinámicas de acumulación del capital global.
Sergio Rojas @sergiorojas63
Miércoles 17 de junio de 2015
El kirchnerismo se ahoga en su propia retórica rupturista con las políticas neoliberales, no solo porque su política agraria tiende a consolidar las reformas agrarias iniciadas en los 90, por ejemplo, la inserción de semillas transgénicas, uso de agrotóxicos, dependencia de las transnacionales, concentración de la cadena agroalimentaria, sino también porque no duda en apelar a cualquier mecanismo institucional para cumplir las exigencias de su socio Monsanto.
La década “ganada" no solo nos deja un saldo de grandes poblaciones enfermas por las fumigaciones, un empleo rural terriblemente precarizado y grandes sectores de la población agraria excluida, sino que además hipoteca el futuro dejándonos como legado leyes que, aunque son repudiadas ampliamente, son impuestas como una política explicita del Gobierno a favor del agronegocio.
Ley de fitosanitarios
En noviembre de 2014 ingresa a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley denominado “Régimen de registro, comercialización y control de productos fitosanitarios”, presentado por el diputado Basterra (FpV, Formosa)
Este proyecto de ley intenta frenar las luchas por evitar el uso de agrotóxicos, que llevan más de una década. El consumo de estos productos aumentó en los últimos 22 años un 858 %, ascendiendo a 300 millones de litros en 2014.
Lejos de contener los reclamos sociales, el proyecto de Basterra viene a consolidar el negocio de las empresas que buscan ampliar el mercado de estos productos tóxicos. Según lo establecido en el proyecto, los productos registrados no deberán presentar evaluaciones toxicológicas. Esto implica que no se contemplará si un agroquímico causa muerte o cáncer, malformaciones congénitas, daños neuronales, pulmonares, alergénicos, o si son disruptores endócrinos. Junto con esto, el proyecto no exige un etiquetado que informe los niveles de toxicidad de los productos utilizados.
Esta ley facilitará la aprobación de todos aquellos plaguicidas y herbicidas que, según estudios publicados por científicos como el Dr Andres Carrasco,también investigadores de la Universidad de Rosario y Médicos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados han demostrado ser altamente tóxicos para la salud de los trabajadores agrarios y los habitantes del ámbito rural. Según el Dr. Damián Verzeñassi, “en el año 2008 la tasa bruta de incidencia anual de cáncer era de 206 cada 100 mil habitantes en la Argentina”. Según el investigador, en los lugares visitados donde el uso intensivo de agrotóxicos es la base de la producción agraria, “el promedio de la tasa bruta de incidencia anual de cáncer es de 368,2 cada 100 mil habitantes, con picos que van hasta 713,7”.
Esta problemática ha sido el motor para que asambleas socioambientales, organizaciones políticas e investigadores comenzaran la lucha contra el uso de estos productos, que en muchos casos ha tenido como resultado la aprobación de leyes provinciales o municipales. Con el fin de frenar estos procesos, el proyecto de ley en discusión dificulta la implementación de estas escasas normas conseguidas.
Ley de semillas
Como se ha desarrollado en notas anteriores, el Gobierno nacional continúa con el intento de aprobar una ley de semillas que promueva las ganancias de los señores del agronegocio, que “desde la incorporación de la soja RR en el campo argentino produjeron daños irreparables en las poblaciones rurales”.
A principios de mayo de este año, el Ejecutivo intentó modificar la ley vigente a través de un decreto de necesidad y urgencia; pero luego de las grandes resistencias que tuvo esta maniobra, el Estado nacional se vio obligado a presentar un proyecto de ley en el Congreso nacional para su tratamiento y aprobación.
En el actual proyecto de ley se pretende avanzar en la elaboración de un registro de productores que obligará a todo aquel que se encuentre inserto en la producción agrícola a formar parte de él, ya sean grandes pools de siembra, como pequeños productores familiares. De esta manera se pretende regular el uso propio y cobrar regalías por las semillas en el momento de ser compradas para la siembra.
Lo que no se plantea sobre este registro es que transformará en excepción el actual derecho que todos los productores tienen hoy de usar las propias semillas cosechadas, y así profundizará la dependencia hacia las grandes corporaciones que controlan el mercado de estos insumos.
Con esta ley se profundiza el modelo de agronegocio excluyente y contaminante, dejando de lado las múltiples voces que vienen rechazando la avanzada de este modelo.
