La "Unidad de Prevención Ciudadana", una fuerza de seguridad paralela a la policía provincial que formó en la post pandemia el intendente Jayat, estuvo haciendo prácticas de simulacro de represión. Lo que preocupa a organizaciones de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y la izquierda, que defiende el derecho a peticionar y manifestarse.
Viernes 30 de agosto de 2024 11:13
El día de ayer se conoció entrenamientos represivos llevados acabo por integrantes de la "Unidad de Prevención Ciudadana" (UPC), una fuerza de seguridad paralela a la policía provincial que formó post pandemia el intendente Oscar Jayat (UCR) reclutando mano de obra desocupada y ex policías que antes habían revestido como seguridad del intendente y eventualmente de funcionarios provinciales que visitaban el municipio para algún acto político.
Off de récord desde la municipalidad trascendió que los integrantes de la UPC realizaban un curso de defensa personal. Lo llamativo es que el relevamiento fotográfico de integrantes de la "Unidad de Prevención Ciudadana" muestra a estos con palos, como si se estuvieran preparando para apalear.
Esto preocupa a organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y la izquierda que tienen asiento, ascendencia en sectores obreros y populares, y la tradición política peticionar y manifestarse como ejercicio del derecho a la protesta social.
Desde el bloque de diputados provinciales del Partido de Trabajadores Socialista en Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad repudiamos estas prácticas pre represivas de la fuerza de seguridad paralela del intendente radical Jayat, de quien conocemos su actitud contrario y hostil a las organizaciones sociales y sindicales, ya que desde el 2015 que gobierna se le conoce pocas o ninguna audiencia a sindicatos y organizaciones sociales opositoras, muchas medidas de persecuciones anti sindicales realizadas contra obreros y empleados municipales, y su reivindicación de la aprobación de la reforma constitucional de Morales de la UCR y los convencionales del PJ, sancionada y promulgada a sangre y fuego de docentes, pueblos originarios y jóvenes desocupados de las barriadas populares de San Salvador y la quebrada. Por lo cual no nos extraña que ahora sintonice con la política represiva de la presidencia de Javier Milei y su ministra de seguridad Patricia Bullrich.
