Salinas Grandes. Litio: la Corte Interamericana de DDHH avanza con demanda de comunidades indígenas de Jujuy y Salta

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avanza en el tratamiento de una demanda presentada por las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc en 2013.

Originalmente el amparo fue hecho a la Corte Suprema de Justicia, en contra de los estados provinciales de Jujuy y Salta - ya que el territorio de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Laguna Guayatayoc está compartido entre estas dos provincias - por el incumplimiento al derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada en relación a los procesos de exploración y explotación de litio. La Corte se declaró incompetente para resolver y la demanda se elevó al CIDH.

El amparo plantea como objeto “proteger el Derecho al ambiente, a la vida, al agua y a la autodeterminación” y denuncia que las empresas, con el aval de los gobiernos, habían comenzado “las actividades de exploración bajo permisos ilegítimos: no tuvieron adecuados procesos de evaluación ambiental ni se ha consultado a las comunidades conforme al Convenio 169 de la OIT”.

El Convenio referido, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales”, al que suscribe la Argentina, establece “estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, entre los que se incluyen la propiedad de sus tierras, los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación y la consulta previa”. La consulta se entiende como un instrumento que garantiza el ejercicio de otros derechos, como la autodeterminación sobre sus territorios.

Cuando en 2010 comenzaron las actividades de exploración de litio, las y los representantes de 33 comunidades indígenas conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Mediante asambleas y espacios de decisión propios crearon un protocolo de consulta, el “Kachi Yupi”, definido por las comunidades como “un instrumento comunitario para la defensa de nuestros derechos, de nuestras familias, de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestra Pachamama”, con carácter vinculante y obligatorio para todos los emprendimientos que quisieran establecerse en sus territorios.

Antes de asumir como gobernador, Gerardo Morales prometió en campaña que bajo su mandato sacaría un decreto oficializando el Kachi Puchi como protocolo de consulta de las comunidades de Salinas Grandes. Nunca cumplió. Por el contrario, la reforma parcial de la Constitución de Jujuy que impulsó su espacio - la UCR- junto al PJ, avasallaba derechos territoriales de las comunidades, lo que despertó un amplio repudio y sobre lo que tuvo que retroceder en algunas artículos, aunque de conjunto avanzó en una mayor criminalización de la protesta, buscando dar más garantías a las empresas mineras, entre otros negocios.

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La resolución de la CIDH, tras 10 años del pedido, llega cuando el avance de las empresas mineras es un hecho y se intenta consolidar la actividad extractivista más allá de la decisión de las comunidades con todo tipo de maniobras: consultas truchas, división entre las comunidades con promesas de progreso a quienes acceden en detrimento de las que no, informes de impacto amañados, entre otros.

Ante la falta de políticas públicas, las empresas asumen un rol de “responsabilidad social corporativa”, otorgando ayudas, donaciones y financiamiento a programas educativos, recreativos, etc. como vía para lograr licencia social para sus negocios. Pero la promesa de progreso de la minería extractivista está muy floja de papeles. Los proyectos tienen una vida útil de algunas décadas, con pocos eslabonamientos económicos locales, y una vez que el “recurso” se termina dejan tras de sí una “zona de sacrificio”. Por eso, no casualmente actúan sobre lugares con altos índices de pobreza e indigencia.

Sin embargo, con una historia compartida de hace muchos años, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc siguen luchando contra las licitaciones ilegales sobre sus territorios que otorga el gobierno de Jujuy. En abril de este año, en una importante movilización, insistieron con el rechazo a las 11.000 hectáreas licitadas para la minería.

A fines de junio, el gobierno aprobó la exploración de litio en el sur de Salinas Grandes, en la mina Agonic, de la mano de la empresa estatal jujeña JEMSE y la multinacional Pan American Energy. Lo hizo sin el consentimiento de todas las comunidades, por lo cual el próximo 22 de noviembre hay una audiencia en el Juzgado Ambiental para pedir la nulidad de este nuevo avance, según comentó la abogada Alicia Chalabe.

Con respecto a las actuaciones frente a la CIDH, Chalabe explicó que el siguiente paso es incorporar estos hechos y actualizar el estado de situación en el expediente presentado hace una década. La expectativa es que, contando con estas actuaciones y lo que se constata en los últimos años, se pueda conseguir una medida cautelar para frenar los nuevos pedimentos.

A la hora de proceder, en términos de impacto, cada proyecto de litio se evalúa de manera individual, pero considerados de conjunto, los efectos que pueden tener sobre las cuencas como la de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc son mucho más que la suma de cada uno. Los métodos de extracción más rentables y utilizados son los más destructivos, y ponen en peligro el balance hídrico de la cuenca, no solo el agua salobre de los salares, sino también las vegas y aguas subterráneas de agua dulce. También afecta la biodiversidad y genera el desplazamiento de otras actividades económicas y productivas de las que viven las comunidades del lugar, como el turismo, las artesanías del sal y el pastoreo.

Ante los intentos de dividir y avanzar parcelando la cuenca, la unidad que han sabido conquistar las distintas comunidades para luchar con más fuerza se vuelve indispensable. Así como la coordinación con otros sectores de trabajadores, mineros, estatales, estudiantes y docentes que estuvieron en los cortes que impulsaron las comunidades en la lucha contra la reforma. Esa fuerza social es la que puede frenar los planes de saqueo de los bienes comunes en los territorios.

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