A pocos días de la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, la presidenta anunció por cadena nacional el pasado martes que va camino a la reforma de la ley de procedimiento en materia penal. Este anuncio va en sintonía, con lo expresado ya por el gobierno al referir que uno de sus objetivos para el 2014 era realizar modificaciones en las legislaciones más importantes.
Sábado 11 de octubre de 2014
Así como se hizo en la Provincia de Buenos Aires en el año 1998, donde se dejó atrás el código Jofré, la Nación quiere ponerse a la altura con su propia ley de forma. Próximamente se elevará desde el Poder Ejecutivo un proyecto, catalogado como acusatorio, dejando atrás rasgos inquisitivos de la vieja normativa. Con la reforma el fiscal tendrá un rol central en la investigación y el juez deberá limitarse a controlar la aplicación del derecho y garantías procesales, lo cual llevará a modificar una estructura muy arraigada en el Poder Judicial, a lo que deberán acostumbrarse todos los operadores jurídicos, así desaparecerá la figura omnipresente del juez de instrucción que actualmente existe.
La oralidad en el proceso, la contradicción, la producción de las pruebas en el mismo debate oral, la celeridad de los procedimientos son algunas de las medias que se buscan implementar con esta reforma, para eliminar el rigorismo formal que rige hoy en la justicia federal. Al calor de resonantes discursos de mano dura, el kirchnerismo presenta este proyecto como receta para lograr una justicia más rápida, con plazos más reducidos, planteando que se podrá reducir de 4 a 2 años la duración de los procesos; ahora bien, la realidad es que la aplicación de un sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires no ha resuelto demasiado, sino todo lo contrario ya que se mantiene un índice muy alto de personas privadas de la libertad sin condena firme a 16 años de modificado el sistema de juzgamiento penal.
Además de esto, se han incorporado bajo el argumento de “mayor celeridad” figuras como la flagrancia y los juicios abreviados, que son muy discutidos por amplios sectores de la doctrina, y señalados como inconstitucionales por violar garantías básicas de los imputados.
El mismo Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación, reconoció los límites del proyecto "De mínima el sistema va a estar mucho mejor, de mínima es una transformación que viene reclamando la comunidad académica, después dependerá de la infraestructura que se genere y cómo se lleve a cabo la implementación", subrayó el mandatario aclarando además que queda en el tintero la excarcelación, muy debatida por sectores del massismo que se han enfrentado al mismísimo Zaffaroni, en el anteproyecto presentado hace 2 años. Pero esta vez el garantista no va a colaborar con el proyecto. "Ya tengo bastante lío con los penalistas para meterme con los procesalistas penales" esgrimió el juez de la Corte, y agregó "el camino de lo acusatorio es lo que marca la Constitución desde 1853. Tenemos que tener un código ágil. Pero ojo, no es solo una cuestión de rapidez solamente. Tiene que ser rápido y bien resuelto".
