Ante la Sala I de Casación el fiscal expuso en la audiencia que se debía abrir el juicio oral en la causa que investiga el supuesto "retorno" de favores de Lázaro Báez y De Souza a la familia Kirchner por la adjudicación de licitaciones y obras en Santa Cruz, a través del alquiler de sus hoteles. Los acusados que fueron sobreseídos hace casi un año podrían enfrentar el juicio si Casación decide revocar la decisión del TOF 5.
Jueves 10 de noviembre de 2022 19:46
Este jueves el fiscal Mario Villas pidió ante la Sala I de la Cámara de Casación penal que se revoquen los sobreseimientos de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, y los demás imputados en la causa “Los Sauces-Hotesur”.
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La causa que originalmente investigó supuestas maniobras de lavado de dinero a través de los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz. La acusación fundamentaba que los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa alquilaban habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner como un “retorno” por la adjudicación de obras públicas viales que recibían del Estado en la provincia de Santa Cruz. Las defensas argumentaron en base a los documentos y pericias que mostraban que los fondos de la obra pública fueron siempre en regla, así como los alquileres de Hotesur y Los Sauces, que fueron a precio de mercado, ya que para haber “lavado de dinero” debería haber un delito previo en su origen que no se pudo demostrar. El Tribunal Oral Federal 5 a cargo del juicio determinó por mayoría el sobreseimiento de todos los imputados, entre ellos a Cristina Fernandez de Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa y otras 18 personas. La votación fue dos a uno, con Daniel Obligado y Adrián Grünberg votando los sobreseimientos y Adriana Pallioti votando por realizar el juicio.
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En la audiencia de hoy el fiscal Villas argumentó que el sobreseimiento fue una “arbitrariedad”, pidiendo llevar la causa a juicio oral, ya que para justificar la no realización del juicio debería haber “una prueba clara” que se imponga sobre la ya existente. Agregó el pedido de apartar al juez Daniel Obligado del juicio, perteneciente al TOF 5 por supuestamente haber adelantado su opinión cuando resolvió cerrar el caso por inexistencia de delito.
El abogado defensor Arias Duval recordó que la prueba incorporada en la causa determinó de manera “concluyente”, que todos los movimientos de dinero fueron dentro del circuito financiero, por lo que “no pueden ser tomados como de lavado de activos”.
La segunda y última audiencia será el 22 de noviembre donde serán escuchadas las defensas de los imputados, donde los abogados de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, adelantaron que lo harán por escrito sin exposición oral.
Los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa de la Sala I de Casación resolverían antes de fin de año el pedido de revocación de sobreseimientos, los mismos magistrados que deberán resolver sobre los sobreseimientos en la causa Memorando de Entendimiento con Irán, que también tendrá su segunda audiencia a fines de noviembre.
En simultáneo se espera la finalización del juicio por la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez, denominada también “Vialidad” íntimamente relacionada con “Hotesur-Los Sauces”. Se espera que los jueces dicten sentencia antes de fin de año en Vialidad, lo que podría impactar directamente en otras causas relacionadas, ya que si se determinara que hubo defraudación al estado y asociación ilícita por parte de la vicepresidenta y sus funcionarios junto al empresario Báez, podría establecerse como un delito precedente y dar lugar a que se reabra el juicio “Hotesur-Los Sauces” por supuesto lavado de dinero.
Sin embargo, el carácter persecutorio del pedido de condena a la vicepresidenta por el fiscal Luciani en el juicio de “Vialidad” y muchas irregularidades denunciadas en ese proceso, como la afinidad de los jueces con Mauricio Macri, tiñen de parcialidad y sospecha cualquier decisión que condene a Cristina Fernández. Sin una mirada popular de las investigaciones y causas judiciales, la corrupción que hay entre los distintos gobiernos y sus negocios con empresarios siguen quedando intactos, como demuestra la impunidad que otorgan los juzgados “amigos” a Mauricio Macri y sus funcionarios.
El fallo de la Corte Suprema sobre la composición del Consejo de la Magistratura, y la investigación a Revolución Federal y el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, junto con los movimientos de los juicios donde está acusada, sirven al Gobierno de un lado, y la oposición macrista y corporación judicial del otro, para alentar las disputas de la supuesta “grieta”, mientras en los hechos lo que prima es un gran consenso para ajustar a los sectores populares, como se muestra en la votación del Presupuesto 2023.
