Aunque absolvió a gran parte de las víctimas de detenciones arbitrarias cerca del Congreso, el juez eligió imputar a una decena para justificar la represión. ¿Testigos? Sí, la misma Policía represora.
Martes 25 de septiembre de 2018
Eduardo Ochoa quedó tirado en la vereda, un hilo de sangre caía de su boca. Luego de participar de la intensa manifestación frente al Congreso nacional contra la reforma previsional el 18 de diciembre, fue reprimido y detenido.
Desde la semana pasada es uno de los once citados a prestar declaración indagatoria en la causa abierta por lesiones a policías y atentado agravado, la misma en la que ya están procesados Dimas Ponce y César Arakaki. Así lo determinó el juez federal Sergio Torres en la resolución donde sobreseyó a 58 de los 69 manifestantes detenidos aquella jornada.
“Es gravísimo, en este fallo Comodoro Py avanza en la persecución judicial al llamar a indagatoria a manifestantes en base a peritajes hechos por la Policía de la Ciudad, la misma que reprimió y necesita justificar así su feroz accionar criminal”, enfatizó la abogada y diputada Myriam Bregman, al colocar en su real dimensión el fallo de Torres dado que las pocas notas periodísticas al respecto se focalizaron en los sobreseimientos.
Para este magistrado la mayoría de las actas policiales fueron redactadas con descripciones genéricas sin la menor referencia a un hecho, lugar y momento concreto, lo que implica “un serio compromiso de las garantías constitucionales”. Todo indica que no tuvo la misma ponderación con las pruebas que sí le resultaron suficientes para llamar a nueve personas en condición de acusados.
Eduardo, dirigente sindical clasista, dice que fueron cinco segundos de imágenes los que tomaron, de cuatro horas, justo cuando se defendían porque la Policía les estaba disparando. En un momento en que se refugió en el garage del anexo de la Cámara de Diputados los uniformados lo tiraron contra la pared, le precintaron las manos y ya en esa posición uno lo tomó de la cabeza y le pegó en la cara con el palito de abollar ideologías.
Él sintió que la mandíbula se le iba hacia a atrás y empezó a sangrar. Vinieron los medios, pero integró igual las dos listas, la de heridos y la de detenidos. Le dejaron los dientes hacia arriba, y un agujero en el labio inferior que los cinco puntos no solucionaron. Le quedó una chivita porque no se puede afeitar.
“Llevan meses haciendo inteligencia sobre los manifestantes, especialmente a los que son militantes, Torres legitima esa ‘información’ al usarla como prueba, a la par que manda investigar a algunos policías porque debe reconocer que actuaron violentando garantías constitucionales”, expresó Bregman.
Las defensas sospechan que las imágenes aportadas por la Policía fueron editadas, e incluso que hubo tareas de inteligencia sobre los acusados y análisis de sus intervenciones en redes sociales. “Se exculpa a la mayoría para mostrar que hay un grupo violento contra los policías que cometieron excesos, es la teoría de los dos demonios que siempre buscó separar a un grupo del conjunto”, apuntó la diputada del PTS-FIT.
La contracara de esto es que las fuerzas de seguridad demoran y ponen trabas para identificar a los uniformados que atacaron a manifestantes y a diputados opositores en las movilizaciones de diciembre. En la causa abierta por las lesiones que sufrió el diputado Leonardo Grosso el 13 de ese mes, cuando fue mordido por un perro y lastimado por gendarmes, todavía no hay respuesta sobre quiénes actuaron allí sobre el asfalto de avenida Callao, frente al Congreso.
Pasados nueve meses de los hechos aún falta que la secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad, a cargo nada menos que de Pablo Noceti, informe al Poder Judicial cuáles fueron las órdenes de servicio para cada unidad de Gendarmería que intervino en la represión a las protestas del 13 y el 14 de diciembre, los protocolos vigentes para el “uso racional” de la fuerza pública, la forma en que Gendarmería registra cada uno de los hechos, sea mediante armas de puño o de fuego, cuál es el rol de los efectivos denominados “aprehensores” y si hubo órdenes superiores que habilitaran el accionar de algunos sin uniforme.
“Grupos de individuos que desvirtúan”
En el expediente 20.270/2017, caratulado “lesiones en riña, atentado agravado a mano armada y atentado agravado por más de tres personas”, el juez Torres escribió que en diciembre “hubo una convocatoria por parte de distintas organizaciones sociales y políticas a reunirse en las inmediaciones del Congreso para manifestarse en contra de la reforma, pero el objeto de la movilización se vio desvirtuado por la acción de grupos de individuos que derribaron los vallados de contención, detonaron explosivos y pirotecnia, agredieron al personal policial y provocaron daños de gran entidad, además de un clima de desconcierto y caos general”.
Párrafo seguido menciona los millones que costaron los daños causados por la furia de los manifestantes que respondieron con piedras a las balas policiales. El magistrado justifica la demora en dictar esta resolución al describir que fueron “mil horas hombre” las que demandó el análisis de imágenes y filmaciones sometidas al peritaje que hizo la división Ciberpatrullaje de la misma Policía acusada de los “abusos” y que le tomaron declaración testimonial a 170 de ellos. Así llegaron a la identificación de los once citados a indagatoria.
En esta misma causa están imputados de haber atacado a los uniformados Sebastián Romero, César Arakaki, Dimas Ponce, Mariano Stansiola y Daniel Ruiz. Sobre Romero pesa una orden de detención para recibirle declaración indagatoria. Arakaki, Ponce y Stansiola fueron procesados y la fiscal solicitó la elevación a juicio parcial, mientras que Ruiz fue detenido e indagado la semana pasada y su situación procesal está pendiente de resolución. Su familia encabeza una campaña por su liberación.
“Tal como se desprende de las imágenes y testimonios recabados, el personal de la Policía de la Ciudad mantuvo en un primer momento una actitud pasiva frente a los incidentes que comenzaron a producirse, no pudo frenar la escalada de violencia y, cuando la situación se volvió incontrolable, respondió en forma caótica y desproporcionada. Esta desorganización, sin duda, se trasladó a las detenciones que se realizaron (...) las falencias advertidas en algunos procedimientos, si bien no alcanzan para invalidar lo actuado, condicionan su valor probatorio”.
¿En qué quedamos Su Señoría? Sobresee a decenas de manifestantes que fueron presos durante la feroz represión policial en base a peritajes hechos por la misma Policía de la Ciudad que oculta su accionar criminal, que se investiga a sí misma pero al magistrado no parece hacerle ruido tal situación. Por el contrario, permite que esa fuerza direccione la causa contra militantes de izquierda que se defendieron de los balazos de goma y los gases que asfixiaron a decenas de miles que se oponían a una ley ilegítima y antipopular.
Y así queda expuesta en el expediente la construcción de dos demonios, al legitimar la inteligencia sobre la militancia de los detenidos para procesar o citar a indagatoria a algunos por designio de la Policía, que no explica cómo fueron detenidos y heridos.
Una mirada a las actas policiales de procedimiento pone en evidencia que no describen cómo detienen a los manifestantes, desde que los identifican tirando piedras en grupos numerosos, como afirman, hasta que los llevan presos de manera aislada al resto. Tampoco dan cuenta de las heridas y lesiones de los detenidos, ni cómo se produjeron.
Los testigos del procedimiento, como los presenta la Policía, son testigos interceptados en la puerta de cada comisaría y sólo presenciaron la lectura de derechos a los detenidos en esas comisarías. No vieron los hechos imputados ni las detenciones.
Por otra parte, para realizar la acusación Torres se basa en el secuestro de palos, en que los manifestantes derribaron vallas y piedras, y en las testimoniales de los policías.
Grupos de policías que desvirtúan
En el mismo extenso escrito, el juez da cuenta de las denuncias ante la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin), como la de uno de los manifestantes: “Llegan los cuatriciclos, pararon a la altura del puesto de diarios, en la calle y se bajaron los policías que estaban con las escopetas. Vinieron hacia donde estábamos nosotros, nos apuntaron y gritaron ‘al piso, al piso’, yo no dudé un segundo y me tiré. El pibe que estaba al lado mío atina a decir ‘estoy laburando’ y le dan un culatazo, cae y le dan una patada”.
El mismo testimonio dice que “mientras tanto seguían insistiéndole a un chico para que abra la cartera y ahí salta un hombre pelado y le dice al policía ‘pará flaco’ y uno de los efectivos le da un palazo en la cabeza que le generó un corte, sangraba mucho. A esta persona se la llevaron después a un costado y no lo vi más. A quienes estábamos en ese lugar nos revisaron a todos, nos palparon, y si bien nadie tenía nada, ni piedras ni elementos cortantes, nada, nos subieron al patrullero”.
Aquella jornada la Policía avanzó desde las vallas del Congreso, disparando y arrojando gases desde las motos, ahogando a quienes quedaban aprisionados en las calles laterales, en un procedimiento que llegó hasta la Avenida 9 de Julio, donde detuvieron a la mayoría.
Torres menciona a algunos policías aislados, muchos de ellos de civil, que comprometieron las “garantías constitucionales” por no contar con un protocolo adecuado, algo así como la teoría del loquito suelto, demasiado parecido a los dos demonios.
En el mismo operativo el oficial Dante Barisone atropelló con su moto al cartonero Alejandro Rosado. El oficial Alfredo Luna golpeó al jubilado Juan José Puchet, mientras le tiraban gas pimienta en los ojos. Y al menos cuatro manifestantes perdieron la visión de uno de sus ojos por impacto de proyectiles de goma tirados por agentes de la Policía aún no identificados, que dispararon a la cabeza de los manifestantes como si hubieran cumplido una misma orden.
El juez federal de esta causa enmarcó uno de los operativos más violentos de los últimos meses contra la protesta social en hechos y personas aisladas. Cinco días antes, los gendarmes que fueron a reprimir con perros a diputados opositores habían expresado con absoluta claridad el carácter planificado de la represión macrista: "Acá la única jefa es Patricia Bullrich y no va a hablar con ustedes".
