El nuevo protocolo, que amplió la posibilidad a establecimientos privados para negarse a practicar el aborto en alguna de las tres causales, ha retumbado al interior de la cartera de salud: el jefe de Gabinete, Mario Villalobos, presentó su renuncia y la oposición juntó firmas para interpelar al ministro Santelices por la modificación del documento.
Kevin Bustamante Médico de Familia, trabajador de Atención Primaria de Salud, militante del PTR.
Sábado 7 de abril de 2018
Durante el primer mes de las arremetidas del gobierno de derecha, una de las grandes polémicas ha sido la modificación del protocolo de objeción de conciencia, el cual amplió las posibilidades para que instituciones privadas con convenio estatal se negaran a practicar el aborto en alguna de las tres causales.
Desde la voz del ministro Santelices surge la justificación de que esto se hace para resguardar las atenciones de cientos de mujeres con embarazos de riesgo. Lo que no dice es que si el estado no le daba esta opción a los privados, estos dejarían de atender a las mujeres del sistema público (existe un déficit de aproximadamente 900 camas de neonatología en los hospitales). De ahí el chantaje inescrupuloso, de ahí el "resguardo" del que habla Santelices.
Sumar a lo anterior que el aborto en tres causales ya está limitado por la dotación de especialistas capacitados en el sector público, cuestión que podrá agudizarse de restringirse la interrupción del embarazo en los privados ¿A quiénes protege entonces el ministro?
Y como el bolsillo de los empresarios de la salud está por sobre la ley -y el ministro se hace cómplice de esto- el derecho mínimo de las tres causales de aborto se pasó a llevar, sin embargo, con remezones al interior del gobierno: el jefe de gabinete del MINSAL, Mario Villalobos, renunció a su cargo y probablemente se le asignen otras funciones el interior de la cartera. Al mismo tiempo, Emilio Santelices será el primer "acusado" ante el parlamento y el próximo miércoles deberá aprobarse (se necesitan 52 votos en la cámara baja) la interpelación que contó con la firma aprobatoria de 58 diputados de oposición.
Las causales de estos desequilibrios del gobierno de derecha se argumentan en el hecho de que Santelices y Villalobos no habrían informado al ejecutivo la modificación del protocolo. Un intento de blanquear al "no informado" Piñera, quien de todas maneras no se opone a los cambios que implican limitaciones al derecho a la salud y a la decisión autónoma de un mujer de decidir por su cuerpo y sus condiciones para ser o no madre.
Estas señales de debilidad de la derecha no deben pasar desapercibidas, ni tampoco creernos el cuento de que "Piñera no sabía". La oposición parlamentaria será insuficiente, si desde el mismo movimiento feminista no se toman las riendas para hacer valer una demanda mínima y conquistada en las calles, con organización. Es decir, hacerle frente a la moral y al negocio que se trata de imponer, con la fuerza de miles de mujeres trabajadoras, estudiantes y trabajadores por conquistar el aborto libre, seguro y gratuito y un sistema de salud universal, lejos de las manos de los empresarios.
