NEGOCIACIÓN CON LOS ACREEDORES. Los empresarios y el Gobierno coinciden en honrar la deuda ilegal

Un grupo integrado por empresarios, y economistas reconocidos publicaron una propuesta para la negociación de la deuda para evitar el default.

El Gobierno se cansó de repetir que quiere llegar a un acuerdo con los bonistas, que rechazaron la oferta inicial y exigen ganar más. El plazo se extendió al 22 de mayo.

El endeudamiento es ilegal. Un fallo del juez Jorge Ballestero en el año 2000 estableció 477 ilícitos en la constitución de la deuda durante la dictadura. Dicho fallo se envió al Congreso, pero se cajoneó.

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La deuda creció exponencialmente durante el macrismo, incluso se emitió un bono a 100 años. El fondo Noctua Partners suscribió papeles de dicho bono, empresa que fue administrada por Luis Caputo (expresidente del Central y padre de la criatura), según los Paradise Papers. La lista de fraudes e ilegalidades sobre la deuda podría seguir. ¿Por qué hay que convalidarla? El Gobierno ya ni menciona su carácter irregular que denunció cuando era oposición.

Mayor beneficio para los especuladores

El grupo Resetear, compuesto por empresarios, algunos integrantes del grupo de Whatsapp “Nuestra Voz” que apoyaban al expresidente Macri, encargaron la elaboración de una propuesta alternativa a la oficial para llegar a un acuerdo con los acreedores. El documento fue elaborado por Daniel Marx, Marina Dal Poggetto, Marcos Buscaglia y Fernando Marengo.

La propuesta advierte sobre los riesgos para Argentina de entrar en default. Según el documento publicado por el diario Clarín “si se entra y permanece en default, en un escenario de caída de la actividad de alrededor 5 puntos del PBI, se podrían perder hasta 600 mil empleos adicionales en los próximos años”.

El informe afirma que “creemos factible un acuerdo sostenible temprano” y agrega que en caso de default se reducirá el acceso y se encarecerá el financiamiento externo tanto del sector público como del sector privado.

Algunos de los aspectos que sugieren ofrecer a los bonistas son: mantener los tres años de gracia con la misma oferta del gobierno, pero que se puedan capitalizar; se mantendría la quita promedio, pero recomiendan mayores pagos por los servicios de la deuda hasta fines de 2023 que en vez de los U$S 320 millones proyectados por el Gobierno aumentarían a U$S 1.320 millones. La propuesta de Guzmán considera un precio de U$S 38 por cada cupón de 100, el documento propone subirlo a U$S 50.

La oferta de los empresarios implica concederle más beneficios a los especuladores. Hay que recordar que como analizó La Izquierda Diario, con la propuesta oficial los bonistas harían un buen negocio.

Los empresarios que participan de dicha propuesta son el empresario automotriz Cristiano Ratazzi, Jorge Grad de PWC, Jose Manuel Ortega Gil Fournier, dueño de la Bodega Fournier, el fundador de OIKOS Lisandro Bril, el empresario Alejandro Reca y Eduardo Serra de KPMG.

También los dueños de empresas tecnológicas como Globant, OLX, Mercado Libre, Despegar y Federico Braun (La Anónima), Martín Cabrales, Javier Goñi (Ledesma), Gabriel Martino (ex HSBC), Gustavo Grobocopatel, Rosario Altgelt (gerente general de Latam Argentina), Sergio Kaufman, Diego Bekerman (Gerente General de Microsoft Argentina), Federico Procaccini (CEO de Openbank, el banco online de Santander), Gastón Remy, Isela Costantini , José Demiceli, y Fernando Cinalli, entre otros.

No más recursos para la deuda

La crisis se agudiza, pero el Gobierno continúa la negociación con los especuladores. No sólo eso, también pagó recientemente al FMI U$S 320 millones en concepto de intereses.

¿Por qué se prioriza el pago de la deuda cuando son millones que se podrían destinar a salud, o a ampliar los subsidios para los trabajadores precarizados?

Este martes, la titular del Fondo, Kristalina Georgieva afirmó, en una entrevista con el Financial Times, que el Gobierno argentino "quiere hacer lo correcto para su pueblo" y expresó el interés del organismo en que el país "avance hacia la sostenibilidad de la deuda". El Fondo tiene interés en que su deuda se pague, y haya un acuerdo con los acreedores omitiendo su responsabilidad en la crisis durante el macrismo.

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Las medidas de Fernández se concentraron en salvar a las patronales mientras se excluyó a millones de trabajadores de percibir el Ingreso Familiar de Emergencia. Según un estudio de la economista Agostina Costantino, el 72 % del gasto público por la cuarentena se destina a las empresas.

Ante la catástrofe en curso, no se puede seguir negociando con los acreedores para mejorar la oferta. Las prioridades deberían ser otras como otorgar subsidios a los trabajadores que perdieron sus ingresos, aumentar los recursos para la salud, entre otros. El default tampoco es un camino alternativo.

Hay que movilizarse para imponer el desconocimiento soberano de la deuda ilegal, como parte de un programa de emergencia para que la crisis no la paguen los trabajadores.

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