Hubo mucho ruido en los últimos días en torno a la vacuna Pfizer: discusiones sobre por qué no llegaron esas vacunas a la Argentina, si el problema estuvo del lado del Gobierno, del laboratorio o en ambos lugares. Repasemos un poco qué pasó: El martes pasado durante una sesión del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el director del mecanismo Covax para América Latina, Santiago Cornejo afirmó que había existido un rechazo por parte del Gobierno argentino para el envío de las dosis del proveedor Pfizer. El mecanismo conocido como Covax fue impulsado o creado por la Organización Mundial de la Salud como un sistema “colaborativo”, pongamos, para “facilitar” la llegada de vacunas especialmente a países de bajos recursos. No implica que se los “regalan”, se pagan desde un fondo común, pero se busca facilitar el acceso. Inmediatamente, el Gobierno desmintió las declaraciones de Cornejo y en un comunicado del Ministerio de Salud aseguró que nuestro país no se había excluido de la compra, sino que fue Covax el que excluyó a la Argentina. Esto porque, pese “a varias negociaciones, el mecanismo no consiguió condiciones de compra legalmente viables para nuestro país”. Los motivos por los cuales no se llegó a un acuerdo, siempre según la versión del Ministerio fueron los mismos que explican la imposibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral por las exigencias del proveedor vinculadas con el supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad (inmunidad o hasta impunidad). Vayamos un poco más atrás: en octubre de 2020, el Congreso aprobó la ley denominada: “Declaración de interés público de la investigación, el desarrollo, la fabricación y la adquisición de las vacunas contra el covid-19”. El Frente de Izquierda fue el único bloque que se opuso porque parecía redactada por los estudios de abogados de los laboratorios: Escuchen los ítems que incluyó: garantiza la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero, es decir, como sucede con la deuda si hay algún conflicto judicial el laboratorio decide dónde debe tramitarse; habilita contratos con “condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias”, es decir que el Estado debería hacerse cargo; y, obviamente, establece “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas”. Además, exime, en general, del pago de impuestos varios. Ahora, Pfizer consideró que esto no era suficiente y objetó un agregado al texto de la ley que le otorga indemnidad a los desarrolladores de la vacuna “excepto en casos de negligencia”. Más específicamente, la ley indica que el Estado se hace cargo de la "indemnidad patrimonial" por eventuales inconvenientes con las vacunas "con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia". La palabra “negligencia” no le gustó a Pfizer. Hagamos un paréntesis acá para remarcar qué es lo que defiende la oposición de derecha. Porque ahora con la crisis económica, por cierta desilusión con el Gobierno se están postulando de nuevo o levantando la voz como si no hubiesen chocado el país en los cuatros años que estuvieron. Bueno, Juntos por Cambio y todos los que militan por Pfizer defienden estas exigencias de los laboratorios en general y de Pfizer, en particular. A tal punto que el miércoles (ayer), la diputada Carmen Polledo, acompañada por otros diputados de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para eliminar esa palabra de la ley. En la práctica, implica adaptar la norma a las condiciones que pide Pfizer. Teniendo en cuenta que es vacuna que requiere mayor despliegue logístico -demanda "super frío-" y es más cara que la AstraZeneca y que la Sputnik V, según el detalle del ministerio de Salud. Ahora, la indignación justa que generó del otro lado contra aquellos referentes políticos o comunicacionales que parecen voceros de Pfizer; no se manifestó con la misma intensidad con los acuerdos con laboratorios locales o internacionales en los que se firmaron contratos, esencialmente, con las mismas condiciones. Es más, el laboratorio mAbxience incumplió absolutamente el contrato, produjo un principio activo para la vacuna AstraZeneca que se exportó y ahora está volviendo a cuenta gotas, y nunca se explicó claramente que paso ¿Por qué?: por las cláusulas de confidencialidad de los contratos, entre otras cosas. Todo esto conduce a una conclusión que no está en el debate de la “grieta”: el mecanismo de las patentes y acuerdos secretos conspiran contra el combate a la pandemia. Implica una demora (que se cuenta por miles de muertos por día) en la provisión de vacunas, entre muchos otros problemas. Y hasta el mecanismo presuntamente colaborativo que es el Covax, queda condicionado por estos acuerdos regidos por el máximo secretismo comercial y cláusulas abusivas basadas esencialmente en los intereses y ganancias de los monopolios. No nos olvidemos: monopolios que llevan adelante una apropiación privada de un conocimiento producido socialmente y muchas veces hasta financiado por los Estados. Esta realidad impone algunos reclamos urgentes que tampoco están en este debate: qué se hagan públicos los contratos; un plan organizado para elaboración de vacunas o para la producción, para esto deberían declararse de interés público los laboratorios (incluidos los privados). Y un reclamo que no debería pasar una moda: que liberen las patentes.
