Con 107 femicidios agosto fue el mes más violento para las mujeres mexicana, así como la cifra más alta en lo que va del gobierno de López Obrador.

La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 22 de septiembre de 2021 20:52
Este miércoles, durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ofreció un informe sobre seguridad e incidencia delictiva en el país.
La funcionaria destacó que de enero a agosto de este año, el feminicidio registró un aumento del 8% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Según sostuvo, agosto fue el mes más letal para las mujeres en México con 107 casos registrados, un incremento del 57,3% con relación al mes anterior cuando se registraron 68 casos. Esta cifra es la más grande que ha alcanzado este delito en la administración actual.
En su informe, la funcionaria buscó matizar estas cifras asegurando que el aumento es debido a un cambio en la metodología para tipificar este delito, implementado desde 2019. Según este criterio, los feminicidios ya no formarían parte de las estadísticas de "homicidios dolosos o culposos" los cuales indicaron, además, que la tendencia sigue al alza y consolidaron este sexenio como uno de los más violentos, con más de 100 000 casos de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las entidades del país con más de estos crímenes registrados son el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Chiapas, Nuevo León y Sonora, mientras que los municipios más violentos para las mujeres son San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco (Jalisco); Culiacán (Sinaloa); Juárez (Chihuahua) e Irapuato (Guanajuato).
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Estas cifras llegan un par de días después de que Amnistía Internacional publicó un comunicado de prensa señalando la impunidad en casos de feminicidios en el Estado de México, derivada de un sinnúmero de irregularidades que involucran las labores de la Fiscalía General de Justicia de la entidad. Ni la Alerta de Violencia de Género, ni la "paridad" en cargos públicos ha significado avances significativos para las mujeres y familiares de víctimas.
Según destacó el organismo de DD.HH. en su informe al respecto, en 2020 se registraron 3 723 muertes violentas de mujeres en nuestro país. De éstas, apenas 940 fueron investigadas como feminicidios a nivel nacional. Para 2020, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un promedio de nueve mujeres fueron asesinadas diariamente.
Estas cifras se dan en un contexto internacional muy grave. Según la Cepal, cada año 64 000 mujeres y niñas son asesinadas en el mundo. Catorce de los veinticinco países con mayor número de feminicidios están en América Latina y el Caribe.
Ante este panorama, está claro que no serán las salidas individuales las que cambiarán de fondo las condiciones estructurales que convierten a las mujeres pobres y trabajadoras en grupos "vulnerables", violencia que se profundiza aún más cuando se trata de mujeres migrantes y trans. La pandemia, que tuvo como una de sus consecuencias más funestas el aumento de la violencia contra mujeres y niñas a nivel global, también causó estragos en nuestro país.
De cara a estas cifras, cabe destacar el contraste entre el discurso del gobierno federal y los hechos: mientras asegura que es "el más feminista de la historia", sus prioridades presupuestarias relegan la atención a víctimas de la violencia con el recorte de presupuesto que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2022. Cabe señalar que en este mismo proyecto presupuestario se asignaron 25 211 000 de pesos a la Guardia Nacional. Con esos recursos se podrían financiar planes de emergencia contra la violencia machista. De la misma forma el cese del pago de la deuda externa y el cobro de impuestos a las grandes fortunas podría convertirse en presupuesto para salud, educación o vivienda.
Esta perspectiva sólo podrá conquistarse por medio de la organización independiente del gobierno y de las burocracias sindicales que son cómplices de los ataques a los derechos y conquistas laborales. Así lo ha dejado ver la lucha por el derecho a decidir y la lucha por Ni Una Menos que en nuestro país ha dejado distintas lecciones a lo largo de los años, como la importancia de forjar la más amplia unidad con nuestros compañeros de clase y otros sectores oprimidos para conseguir estas y otras demandas de manera efectiva.