El agropower, ese conjunto de eslabones que empieza tranqueras adentro de las explotaciones agropecuarias y termina en los puertos con el despacho de granos, aceites, harinas, carnes y otros derivados, volvió a mostrar su capacidad para arrancar concesiones. Aunque por el frenesí de los trascendidos, desmentidos y, finalmente, confirmación del nuevo recambio ministerial que sacó a Silvina Batakis del ministerio de Economía, parece que todo hubiera sucedido hace una eternidad, fue el martes cuando se difundieron nuevas medidas para que quienes acumulan los preciados porotos que China paga tan bien, se decidan a venderlos.

Después de que Alberto Fernández se refiriera a los “chacrers” que acumulan granos en silobolsas como especuladores y afirmara que no le iban a “torcer el brazo” llevándolo a una devaluación, los así denunciados obtuvieron del Banco Central un régimen diseñado a su medida. Es cierto, el gobierno no devaluó –todavía– la moneda, como esperaban y especulaban desde el sector, motivo por el cual preferían guardarse los granos a espera de una cotización del dólar legal más alto. Tampoco aplicó –por el momento–, una reducción o suspensión temporal de los derechos de exportación (retenciones) de la soja, otra medida que trascendió que podía anunciarse para elevar el ingreso de las patronales agrarias e invitar a la liquidación de soja stockeada. Con la llegada de Massa al superministerio de Economía algo de esto puede ocurrir.

Pero, aún sin que se hayan modificado por lo pronto estas condiciones, lo que significa que la soja se sigue vendiendo al mismo precio en pesos (con igual régimen de retenciones), se abrió la rendija para elevar un monto nada desdeñable el valor financiero de los ingresos que percibe el sector. La ventaja con la que cuentan desde el martes quienes vendan granos de soja para la exportación, es que por un valor equivalente a un 30 % de lo que liquiden, podrán comprar moneda extranjera a precio dólar oficial (cotización mayorista más impuesto país y retenciones de ganancia, es decir, dólar “ahorro”).

La posibilidad de acceder a un dólar más barato que los paralelos, al menos por una parte nada desdeñable de 30 % de lo que vendan, representa, con las cotizaciones actuales, una mejora de alrededor de 12/15 %, lo que surge de comparar la cantidad adicional de dólares a los que pueden acceder con ese 30 % de su liquidación respecto de los que podían comprar hasta ahora fuera del sistema oficial.

No faltan quienes dicen que esto es “poco”, y que las patronales agrarias exigen más para vender la soja. Los magros resultados de los días posteriores al anuncio parecerían darle la razón. No obstante, muestra cómo a este sector, que chantajeó con lockout, especula y se estoquea, cuando las papas queman, se lo premia. Si ya ganan, que ganen todavía más, a ver si así se dignan a vender lo que hasta ahora prefieren retener. Si esto falla, existe todo un arsenal de nuevas concesiones para hablarles con el bolsillo a los “chacrers”.

Para analizar cómo se mantiene intacta la capacidad del agropower para imponer sus condiciones y dictar los términos de puntos fundamentales de la política económica, a continuación, reproducimos extractos del capítulo 7 del libro La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo, de Esteban Mercatante, que realiza una radiografía de las transformaciones recientes del capitalismo agrario en el país, y la cohesión entre los sectores empresarios y propietarios de la tierra que actúan en él y se reparten la renta agraria diferencial. El libro puede adquirirse en la web de Ediciones IPS.
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La renta diferencial en la producción agraria argentina

Antes de analizar los actores del capitalismo agrario argentino, realizaremos un breve repaso del peso que tiene la cuestión de la renta agraria en la economía nacional.

La gravitación que tiene la producción capitalista en el agro argentino sobre el conjunto de la economía nacional tiene que ver con la magnitud de la renta que genera. Cuando hablamos de renta, nos estamos refiriendo a aquella parte del precio de las mercancías agrarias (sean granos, carne u otros) que va a manos de los propietarios de la tierra, en virtud del monopolio que tienen sobre el suelo cultivable.

En el caso de la producción agraria en la Argentina, la renta se amplía gracias a las ventajas agronómicas y climáticas que permiten producir con una mejor relación rinde/capital que en otras latitudes. Son las tierras menos productivas que entran en producción para responder a la demanda global, que operan con mayores costos, las que definen los precios a los que se venderán las mercancías agrarias. Por eso casi invariablemente, los precios internacionales de estas mercancías agrarias –que fijan a su vez los precios en moneda nacional en estos mercados altamente internacionalizados– están por encima de los precios locales. Esto permite obtener una mayor rentabilidad por hectárea que en otras latitudes. Como son las condiciones productivas imperantes en el suelo de peor calidad las que determinan los precios, quienes producen aplicando menos trabajo, con menores costos por ha, reciben entonces un plus de valor. Por esta diferencia, el capital agrario local es capaz de realizar con la venta de su mercancía no solo una ganancia media, sino una plusganancia. Esta plusganancia, que se debe a la mayor productividad del trabajo con la que opera el capital abocado a las mejores tierras, es lo que se define como renta agraria diferencial.

La renta diferencial que puede obtener el trabajo de una parcela en particular, depende de su productividad en relación a la de la tierra menos productiva puesta en producción en ese momento. Este plus se convierte en renta diferencial, que va a manos de los dueños de la tierra. Aunque en nada contribuya la propiedad a las ventajas que permiten la renta diferencial, ya sean naturales o producidas (por inversiones acumuladas que elevan el rendimiento del suelo o la aplicación de biotecnología en la semilla, cada vez más importante en la producción agraria capitalista), su monopolio sobre esta condición sine qua non para la producción agraria les permite imponer esta apropiación.

¿Por qué se da este fenómeno? La explicación de Marx sobre este punto se centra en el hecho de que las condiciones diferenciales de producción, al contrario de lo que suele ocurrir en la generalidad de los casos de la producción industrial, no pueden ser garantizadas por el capital. Dependen de fuerzas naturales y no pueden ser íntegramente sometidas mediante la aplicación de la ciencia y la técnica, aunque lo sean en un grado cada vez mayor.

A esto se suma que esas condiciones de producción, ajenas al manejo del capital, son monopolio de propietarios privados y existen de forma limitada. Por eso, tanto los capitales que se ven favorecidos por las condiciones agronómicas, climáticas y de localización, como los que no, deben estar en condiciones de realizar la ganancia media para reproducirse como tales y sostener la demanda social. Y aquellos capitales que producen en condiciones mejores realizarán no solo el trabajo incorporado en sus mercancías sino un plus, una ganancia extraordinaria por encima de sus costos. Esta es apropiada por los propietarios de las condiciones que permiten el rendimiento diferencial, los dueños de la tierra, quienes incluso pueden transformar en atributo de la misma los efectos más o menos permanentes de la mayor aplicación de capital en la tierra.

Pero si bien esta renta diferencial en principio es apropiada por el dueño de la tierra, hay otros cursos de apropiación de la misma vinculados a la acción del Estado regulando las condiciones de circulación de mercancías en el espacio nacional. La apropiación de renta por parte del Estado solo limita –en principio– una parte de la renta que iría a manos de los terratenientes, dejando intacta la capacidad de valorización del capital invertido. Esta regulación puede tener distintas formas: los impuestos a la exportación, la fijación de restricciones a la comercialización de las mercancías agrarias o su directa nacionalización son las más importantes.

El impuesto a la exportación significa que los capitalistas que elaboran y exportan la mercancía sometida a dicho impuesto no reciben íntegro el precio internacional de la misma, sino que se le descuenta el porcentaje del impuesto. El Estado se apropia de una porción de la renta, que puede ser dirigida a otros capitalistas mediante subsidios o exenciones impositivas.

Pero además, la existencia del impuesto a la exportación significa que las mercancías agrarias alcanzadas por él circulan en el mercado interno por debajo de la simple expresión nacional de su precio internacional. Para los capitalistas que utilicen como insumo mercancías agrarias, por ejemplo las aceiteras, esto quiere decir que se benefician de insumos abaratados en el espacio nacional. Sin embargo, como el precio fijado internacionalmente, en nuestro ejemplo del aceite, depende del precio de producción determinado a nivel mundial –y no del precio abaratado en el que circulan en el espacio nacional de los granos que el capitalista nacional obtiene abaratados-, el productor aceitero nacional obtiene una diferencia de costos en relación a los que determinan el precio de producción del aceite a nivel internacional. Esta diferencia implica la apropiación de una porción de la renta agraria en virtud de la circulación abaratada de las mismas a causa del impuesto a la exportación [1]. Todos los capitalistas que utilizan insumos agrarios que circulan abaratados, producto de la existencia de impuestos a la exportación, se apropian de este modo de una porción de renta.

Hay una tercera forma en la que las retenciones conducen a la apropiación de la renta agraria, que beneficia a todos los capitales que se valorizan en el espacio nacional. Se trata del abaratamiento de la fuerza de trabajo gracias a la circulación de las mercancías agrarias en el espacio nacional a un precio menor por la disociación de los precios en el mercado interno de los valores internacionales. Como estas mercancías tienen un peso importante en el salario, la circulación abaratada hace posible la disminución en el valor de la fuerza de trabajo. De esta forma se hace posible un aumento de la tasa de plusvalía.

También puede apropiarse de la renta mediante la participación directa del Estado en la compra interna, a precios fijados por debajo de los del mercado mundial, para luego vender por su cuenta en el exterior. La Junta Nacional de Granos que operó en la Argentina entre 1933 y 1991, creada originalmente para beneficiar a los terratenientes, jugó por momentos ese rol de forma parcial, especialmente cuando se transformó en 1946 durante la presidencia de Juan D. Perón en el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI). No llegó a desempeñarlo completamente porque los agentes del comercio exterior siguieron siendo las grandes cerealeras [2].

La gran propiedad agraria

Desde la década de 1970 la propiedad agraria históricamente más concentrada, renovó sus formas. Las sociedades agropecuarias sustituyeron en muchos casos la propiedad personal o individual, transfiriéndose los dominios a las primeras, o se superpusieron con esa propiedad tradicional de distintas formas. Eso hizo más opaca la evidencia de que un sector de grandes terratenientes sigue manteniendo una posición clave en las tierras más productivas del país. Para establecer esto, es necesario sistematizar la información disponible de los catastros (registros) inmobiliarios rurales. Hay que superar el carácter incompleto de la información, que no casualmente ningún Estado provincial se muestra muy preocupado en resolver.

Trabajando con los registros disponibles, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse analizaron en los noventa a los grandes propietarios en la Provincia de Buenos Aires [3]. Allí destacan lo que llaman formas “complejas” de propiedad: estas se dan cuando en los catastros aparecen propietarios individuales, pero se trata en realidad de condominios, propiedad de dos o más personas. Los autores cruzaron la base de titulares de cada parcela con la de los condóminos (los copropietarios de las parcelas) y los reagruparon como un nuevo propietario: el condominio. También trataron el caso de sociedades que ostentan la titularidad individual de distintas parcelas y tienen vinculaciones con otras sociedades propietarias de otros terrenos, debido a que los principales socios de las firmas coinciden.

El reagrupamiento revela una concentración mucho mayor de la que surgiría a primera vista. Permite además descubrir la permanencia de los grandes hacendados, velada en vínculos de propiedad difusos.

El proyecto “Propiedad agropecuaria y efectos fiscales en la Provincia de Buenos Aires” [4], con información de 1989, registra la existencia de 53 grupos que controlaban 2,4 millones de hectáreas en la provincia. Entre sus miembros están los nombres más tradicionales de la burguesía terrateniente.

Desde entonces hubo numerosas operaciones de venta de grandes propiedades. Pero esto no significó un retiro de los grandes propietarios terratenientes; siguieron nuevas compras, vinculadas a una estrategia de diversificación: “[E]l principal factor que determina el comportamiento de éstos propietarios es lo que en términos generales podría denominarse como la búsqueda de la ‘combinación productiva óptima’” [5]. Los terratenientes “buscan expandir el esquema productivo que ya implementan para obtener economías de escala” o diversificar la actividad “incorporando tierras aptas para las producciones agropecuarias más rentables” [6].

Avanzada la primera década del siglo XXI, las propiedades en manos de nombres tradicionales de la provincia de Buenos Aires siguen siendo formidables (ver Cuadro). De las 35 familias tradicionales que en el censo de 1913 concentraban la mayor parte de las tierras, 30 siguen siendo grandes propietarios en el siglo XXI [7]. Born, Bemberg, Werthein, Ledesma, Gómez Alzaga-Gomez Balcarce-Rodríguez Larreta, Pereyra Iraola-Anchorena, Avellaneda-Duhau-Escalante, Blaquier (además de su feudo en Jujuy con 170.000 ha), Menéndez Behety, Braun Menéndez, Miguens. No queremos abrumar al lector; estos nombres ya resultan contundentes.

Y así en el resto del país. En el caso de Santa Fe, los 17 principales terratenientes son propietarios de 617.000 ha. La vieja gran burguesía terrateniente se renueva (un poco), se “fusiona” con lo nuevo (Benetton es dueño de 900.000 ha en el Sur; Cresud de Elsztain tiene 460.000 ha), pero sigue dominando el panorama.

Detrás de estos números absolutos, ¿se mantiene, avanza o retrocede el peso de los grandes propietarios? En el trabajo citado, Basualdo y Khavisse concluyen que desde mediados de los setenta hay una concentración de la propiedad en la Provincia de Buenos Aires que revierte la desconcentración que se registró entre los años veinte y los sesenta. Mario Lattuada, autor con Osvaldo Barsky e Ignacio Llovet de un trabajo donde planteaban que continuaba por el contrario la tendencia a la desconcentración de la propiedad [8], objeta que Basualdo y Khavisse “procesan los datos catastrales de 1988 aplicando su criterio de estimación de propietarios, pero no hacen lo mismo con los datos de 1958 y 1972. Al desconocer el estado de los condominios y los grupos societarios en 1958 y 1972 no es posible inferir si la situación de 1988 demuestra que existió un proceso de concentración, desconcentración o todo está como era entonces” [9].

Hay que destacar sin embargo lo acotado del debate. Se discute la tendencia reciente, pero no la presencia de los grandes propietarios ni la importancia de las formas complejas de propiedad. Dicen Lattuada y Cía. “la multipropiedad como una forma de organización difundida en la cúpula agraria que esconde un proceso de centralización de la propiedad de la tierra” [10]. Basualdo y Khavisse llegan al resultado de que 1.250 propietarios poseen 8.700.000 ha, el 32 % de la superficie cultivable en la Provincia de Buenos Aires [11]. El trabajo de Barsky, Lattuada y Llovet identifica una cúpula de propietarios rurales constituida por 1308 explotaciones agropecuarias en la región pampeana [12].

El Censo Nacional Agropecuario (CNA) nos permite aproximar algunas conclusiones más. El CNA toma como unidad de análisis la Explotación Agropecuaria (EAP), no establece si hay relaciones de propiedad entre las EAP por lo cual subestima los entrelazamientos en la propiedad de distintas EAP. Pero lo que sí nos dice es si la EAP es explotada por su propietario o bajo arrendamiento, lo que nos permite establecer en qué grado propietario y productor son la misma figura, estableciendo además en qué tamaño de explotaciones tiene mayor peso la producción bajo arriendo. La Información censal más reciente es de 2002 [13]. En ese año, en la región pampeana el 86 % de las ha era todavía explotada por sus propietarios, algo menos que en 1988 (89,9 %). La mayor proporción de los arrendamientos (65 %) se concentraban en EAP de hasta 2.500 ha, lo que sugiere que hasta el año 2002 los nuevos tipos de explotación, coloquialmente definidos como de los “sin tierra”, no crecieron en detrimento de los grandes propietarios [14].

Consideraremos como grandes las EAP de más de 10.000 hectáreas (ha), 20 veces el tamaño de explotación mínima óptima en el oeste de la provincia de Buenos Aires El CNA 2002 indica que 2.787 EAP superaban este nivel en el país. O sea que menos del 1 % de las EAP sumaban 36 % de la tierra de uso agropecuario del país [15]. Una disminución respecto del CNA 1988, pero muy moderada. Contrasta con la desaparición de 82.854 EAP de menos de 500 ha entre ambos censos.

Si acotamos el análisis a las provincias donde se concentra la producción agraria el peso de las grandes explotaciones en el total también es muy fuerte.

Para el año 2002, en el caso de Buenos Aires el 10 % de las EAP (3.064) abarcaban el 57 % de la superficie; en el caso de Córdoba el 9 % (1.204) sumaba el 57 % y en Santa Fe el 7 % (1.107) era dueño del 62 %. El dato central que aporta el CNA es un crecimiento del tamaño medio de las EAP, con un mayor porcentaje de las mismas ubicadas en el rango de 500 a 10.000 ha.

El boom sojero hizo crecer la producción bajo arriendo y nuevas formas de explotación. Aunque los grandes terratenientes fueron –y siguen siendo– tanto propietarios como productores, históricamente ganaderos, su posición “estratégica” está en la propiedad del suelo, base de su principal fuente de enriquecimiento: la renta. Aún si se demostrara que los burgueses terratenientes son actores de reparto en la “revolución productiva” de las pampas, se apropian de buena parte del valor creado por quienes producen bajo arriendo. Pero no se limitan a esto. En muchos casos los grandes propietarios tradicionales integran sociedades agropecuarias metidas de lleno en el agrobusiness y realizan de forma directa la explotación. Pero incluso en aquellos casos en que su participación se reduce a entregar sus tierras bajo arriendo “los grandes propietarios se adueñaron del proceso de sojización. Primero establecieron la modalidad de contratos cortos a seis meses o un año. Luego impusieron el sistema de quintales fijos por hectárea y más tarde el pago por adelantado” [16]. La renta concentra en sus manos una alta proporción del valor de la producción agraria “por el solo hecho de ser los poseedores de esos enormes volúmenes de tierra” [17].

Mutaciones de sectores de la burguesía agraria

Más allá de los grandes burgueses terratenientes, otros estratos de burguesía agraria han cobrado protagonismo debido a la “irrupción de nuevas formas de producción que no afectan la propiedad de la tierra, como es el caso de los Fondos de Inversión agrícola y los pools de siembra” [18].

La escala mínima para la aplicación económicamente rentable del paquete tecnológico del agro moderno conllevó un aumento en el tamaño mínimo óptimo de las explotaciones y de la magnitud del capital requerido.

Para Barsky y Dávila este es un “factor clave para entender los procesos de concentración de la tierra cuando son determinados por la relación entre rentabilidad y escala” [19]. Los mismos autores observan que: “las innovaciones tecnológicas fueron más fácilmente incorporadas por las explotaciones más grandes, debido a que los paquetes precisaban la inversión en maquinarias y la consecuente necesidad de crédito, no siempre disponible para los pequeños productores” [20].

La mayor escala es necesaria para hacer caer los costos unitarios de producción con la nueva tecnología. Para la zona núcleo, se estima que el tamaño mínimo de la explotación debería ser de 200/300 hectáreas para la soja y en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires, la estimación sube a 400/500 hectáreas [21].

Ya entre 1960 y 1988 se había registrado un aumento en el tamaño promedio de las unidades, que pasó de 272,8 hectáreas a 374,5. Además de la concentración de la propiedad, las nuevas formas de contratación, así como la mayor combinación entre producción en la tierra propia y bajo arrendamiento, profundizó la tendencia ya marcada en el período de 1960-1988. El número de unidades entre los censos de 1988 y 2002 se reduce de 421.221 a 332.057, es decir, en 89.164.

Este proceso ha ido de la mano de un aumento de la explotación de tierras bajo la forma de arrendamiento, en detrimento de la explotación directa por parte del propietario.

La concentración de las EAP estuvo acompañada por la conformación de una burguesía agraria que desarrolló nuevas diferenciaciones. Por un lado, la aparición de nuevos actores como los pools y nuevas sociedades agropecuarias, que operan en gran escala solo en tierras bajo arriendo o combinando tierra propia y arrendada (esta última forma es la que más ha avanzado en el período intercensal 1988-2002). Estos estratos se caracterizan por un proceso de concentración de varias explotaciones, en su mayoría arrendadas y, frente al propietario que les entrega sus tierras –centralmente propietarios de menos de 500 hectáreas– gozan de la fuerza y los recursos suficientes como para –mediante el pago por adelantado de los arrendamientos– apropiarse de una porción de la renta. Según algunas estimaciones, desde 2002 la producción bajo arriendo creció exponencialmente. Los pools y grandes sociedades agropecuarias “sin tierra” llegaron a abarcar alrededor de 5 millones de hectáreas en el cénit de su crecimiento (2008) según estimaciones [22]. Esto representaría un 16 % del área dedicada a la agricultura en dicho año. A esto le suman las ventajas de la escala frente a los proveedores y la vinculación estrecha con contratistas, que les permite bajar costos y aumentar la ganancia. A diferencia de los terratenientes, lo característico de estos sectores es una acumulación que se centra en la ampliación de la escala productiva mediante la toma en arrendamiento de nuevas explotaciones, sin invertir ni en tierras ni en maquinaria, sino centralmente en capital circulante.

Por otro lado, existen los contratistas, que surgen como consecuencia de la especialización de capitales en la provisión de servicios de siembra y cosecha.

A continuación señalaremos brevemente las características de estos sectores de la burguesía agraria.

Pools de siembra

Una de las principales novedades que surgieron en las explotaciones agropecuarias desde finales de los años noventa, pero que crecieron de forma explosiva a partir del boom agropecuario iniciado en 2002, fueron los pools de siembra.

El pool de siembra se origina en la década del noventa, centralmente como una forma de resolver la falta de crédito al sector agropecuario. El INTA define el pool de siembra como “cualquiera de las combinaciones posibles por las que el cultivo se lleva adelante. Una forma frecuente es la combinación del dueño de la tierra, un contratista y un ingeniero agrónomo, que convienen una producción aportando cada uno sus recursos (tierra, labores e insumos respectivamente) y se reparten las utilidades de acuerdo a su participación. El organizador propone un plan de actividades de siembra y, una vez armado, se lo ofrece a potenciales inversores” [23]. Para dicho organismo, “su éxito se basa en tres ejes: la selección de los campos (de buena calidad y a buen precio), la comercialización y compra de insumos, y la organización, fundamento de la eficiencia y transparencia del negocio. El riesgo inherente a la producción agrícola se diluye a través de la diversificación de producciones y zonas” [24].

El desarrollo de los pools hizo posible que miles de millones de dólares en fondos comunes de inversión pudieran dirigirse al agro como una colocación financiera más. Ha sido una vía de penetración del capital financiero en el agro, que ha permitido que los sectores que no lograban mantenerse a la par de los nuevos requerimientos técnicos, pudieran financiar su ampliación y establecer criterios laxos de asociación con otros actores. Los contratos de fideicomisos de siembra, cuyo fin es que un acopiador administre la producción obtenida en el campo de un tercero con préstamo del banco y otros aportes, fueron decisivos para la captación de grandes volúmenes de capital.

Los rasgos que permiten la operatoria con alta rentabilidad están asociados a la escala del proceso y los recursos financieros. La escala permite hacer caer los costos unitarios y negociar rebajas con los proveedores de herbicidas y fertilizantes y va además asociada a una diversificación geográfica, de forma de asegurar una “diversificación del riesgo climático” [25]. Los recursos financieros son clave para negociar favorablemente con los propietarios de la tierra y –mediante el pago adelantado de los arriendos– poder apropiarse de una parte de la renta para acrecentar sus ganancias. A la vez, el gran volumen negociado les da condiciones mejores para negociar con los acopiadores-exportadores y las aceiteras, en relación con los productores de menor escala. Para reafirmar las garantías en el proceso de comercialización, los pools han contribuido en gran medida al desarrollo de los futuros y las opciones en los mercados a término.

Algunos cálculos estimaron que pudieron llegar a manejar hasta 3 millones de hectáreas en 2008. Esto significa que no tienen gran significación a nivel agregado, llegando apenas a un 10 % de los 30 millones de hectáreas sembradas en la campaña agrícola 2007/2008. Sin embargo, es indicativo del importante pasaje de pequeños propietarios, que producían en su propia explotación de menos de 200 o 300 ha, a nuevas formas de asociación vinculadas al capital financiero, o su transformación en rentistas.

El ingreso de los pools generó canales de financiamiento masivos y muy flexibles, que fortalecieron fuertemente la integración con los contratistas y con los Centros de Servicios [26].

Las grandes sociedades agropecuarias

Las sociedades agropecuarias de gran envergadura fueron las que iniciaron las transformaciones del sector agrario de las últimas décadas. Son las que manejan en muchos casos la formación de pools. También han sido una vía de ingreso de varios magnates de las finanzas en el negocio. Lo característico es que, a diferencia de los pools de siembra, hay aquí un proceso de acumulación de capital sostenido en la producción agropecuaria, con un horizonte temporal más amplio. Para hacerlo, se centran en el aumento de la escala productiva, combinando la compra y el arriendo de tierras, contratando las labores y concentrando la administración en equipos reducidos, gracias a las herramientas (como la computarización de las máquinas y el GPS) que permiten una “agricultura de precisión”.

Barsky y Dávila calculaban que, para el año 2008, 50 sociedades manejaban alrededor de 1,3 millones de hectáreas y facturaban USD 1.000 millones [27]. Las más emblemáticas son Los Grobo, Adecoagro (propiedad de George Soros), Cresud (propiedad de IRSA de Eduardo Elsztain), Cazenave. Se caracterizan también por diversificar sus actividades. Los Grobo llegaron a tener en producción 160.000 hectáreas en Argentina. En su época de mayor expansión producían más de 400.000 toneladas de grano al año con sus pools asociados (Grobocopatel se define como un armador de pools) y contaban con miles de cabezas de ganado que engordaban bajo sistema feedlot. En los últimos años disminuyeron su participación en la producción primaria al mismo tiempo que crecieron hasta transformarse en el cuarto grupo molinero del país y entraron en el sector de fitosanitarios.

El Tejar es otra empresa que llegó a cultivar en el país 200.000 hectáreas, casi todas arrendadas. El holding suma 700.000 hectáreas en Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, tiene 200.000 cabezas de ganado y produce 160.000 toneladas de grano. Cresud, que maneja 600.000 hectáreas, hace agricultura en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. También, bajo riego, en San Luis. Tiene un tambo en la localidad bonaerense de Duhau; hace cría en Catamarca, Chaco y Salta; invernada en Córdoba y Santa Fe; tiene un feedlot en San Luis y tierras de reserva en Catamarca y Salta [28].

Contratistas

Los contratistas de maquinarias se caracterizan por tomar a su cargo algunas de las tareas que deben realizarse durante la campaña agrícola: roturación y siembra, mantenimiento de cultivo y cosecha de granos. Esta última es la que más cae en manos de los contratistas, que aportan la maquinaria y el trabajo asalariado. De esta forma, el capitalista a cargo de la explotación se desvincula de todas o algunas de las labores requeridas para la producción de granos.

Ya en 1988 los contratistas tenían bastante importancia: el 49,2 % de las explotaciones había puesto en sus manos algunas de las labores mencionadas durante el período censal. Para 2002, el número de explotaciones que trabajaba con contratistas había subido al 70 %.

El contratismo surgió de las nuevas condiciones planteadas por la tecnificación creciente de las tareas. Esta ampliaba el tamaño óptimo de las explotaciones, mientras que a la vez representaba la exigencia de mayores desembolsos en capital fijo. Por eso, si en principio aparecían como excluyentes la ampliación de la explotación vía arriendo o compra de tierras y la incorporación de maquinaria, la especialización de un sector capitalista en realizar las labores en explotaciones ajenas con maquinaria propia resuelve este problema.

Los contratistas surgen en la mayoría de los casos entre los que manejan explotaciones que van quedando por debajo del tamaño medio óptimo y para los cuales resulta más rentable concentrarse en la prestación de dichos servicios. También están aquellos propietarios de maquinaria que realizan tareas agrícolas en su propia explotación y combinan esto con la realización de las mismas en explotaciones ajenas.

El contratismo fue clave para permitir la más amplia difusión de la nueva maquinaria agrícola. Para muchos productores con pocas hectáreas, la inversión en “fierros” no tenía sentido aunque, sin embargo, la liberación impositiva y las tasas de interés reales negativas la hacían accesible [29].

Aunque desde fines del siglo XIX existen formas de contratación para la cosecha, en los últimos años, “con el uso de agroquímicos como herbicidas, fungicidas e insecticidas, determinó que surgieran contratistas especializados, dada la alta complejidad que entraña la manipulación de tales productos” [30].

La mayor gravitación de la burguesía contratista fue clave para la concentración del capital y la constitución de las explotaciones en redes, ya que permite que el proceso de producción pueda ser organizado arrendando, sin realizar directamente ni la inversión en capital fijo ni la contratación de fuerza de trabajo. De este modo, la especialización de un sector importante de la burguesía agraria en la prestación de las labores agrícolas a terceros sentó las posibilidades para un ingreso mucho más flexible del capital en los negocios agropecuarios. Dicha prestación se apoyó en formas de arrendamiento también flexibles (por menos de dos años) que, aunque ya existían, cobraron nuevo impulso.

El contratista basa su ganancia en la plusvalía extraída por el trabajo que toma a su cargo con los asalariados por él contratados. Es el que hoy organiza la superexplotación de los trabajadores rurales, uno de los sectores peor pagos y más precarizados de la clase trabajadora.

La apropiación de la renta entre terratenientes y capitalistas del agro

Con el desarrollo en las últimas décadas de la producción en gran escala bajo arriendo en el agro argentino, se pusieron en evidencia los márgenes dentro de los cuales puede variar la relación entre propietarios y arrendatarios en el reparto de la renta. Solo la burguesía terrateniente se apropia íntegramente de la renta que no es derivada por la acción del Estado hacia otros sectores, a la que suma la ganancia que obtiene como productor. Sin embargo, aunque los grandes pools y sociedades agropecuarias no son en principio apropiadores de renta, se puso en evidencia la fuerte dependencia de su esquema de negocio que hace que los precios de arrendamiento se mantengan relativamente contenidos. La gran rentabilidad que supieron mostrar estuvo asociada a economías de escala, que hacían caer los costos unitarios y los fortalecían frente a los proveedores. Pero también a plantear una nueva relación entre terrateniente y arrendatario: en este caso el “terrateniente” son decenas de miles de propietarios, de 500 ha o menos, que arriendan a pools de siembra o grandes empresas, cada una de las cuales arrienda a decenas o hasta cientos de propietarios.

La capacidad de los terratenientes para imponer sus condiciones y, por lo tanto, para elevar el piso de esta renta, depende de “la reproducción del poder comparativo de monopolio de la propiedad de la tierra con respecto al capital en aquellas ramas” [31]. A este respecto, no es lo mismo la fuerza de pequeños capitales que arriendan una pequeña parcela enfrentados a un propietario de varios miles de hectáreas, como sucedía a comienzos del siglo XX, que una sociedad agropecuaria que explota decenas de miles de hectáreas arrendadas a propietarios que en la mayoría de los casos no llegan a mil hectáreas. La fuerza del capital es acá significativamente superior frente a la de los propietarios de explotaciones pequeñas, lo cual podría significar una mayor fuerza del capital para limitar la magnitud de renta apropiada por los terratenientes. Los grandes capitales que arriendan cuentan con mayor capacidad para establecer en su favor las condiciones imperantes, tendieron a hacer primar el alquiler de los campos por una campaña y aunque no se caracterizan por pagar bajos arrendamientos (de hecho, el reclamo de los productores medios que buscan arrendar es que los pools y sociedades empujan a la suba los precios de la tierra), lo cierto es que su capacidad financiera les permite, como ya dijimos, pagar el arrendamiento por adelantado. Este desembolso por adelantado permite un pago no condicionado por los rindes y precios –como solía estar el arrendamiento, que muchas veces se pactaba en especias y podía significar un monto mayor o menor según los rendimientos y los precios fueran menores o mayores. De esta forma, una parte de la renta escapa de las manos de los propietarios cuando se trata de poseedores de una pequeña parcela y va a las manos de los grandes capitalistas del agro. Sin embargo, la expansión de los pools de siembra y las grandes sociedades tendió a elevar los arrendamientos exigidos por los propietarios para todos los productores y a invertir nuevamente la relación entre capitalista agrario y arrendatario.

Los propietarios que se han vuelto rentistas percibieron durante la mayor parte de la década de 2000 ingresos formidables y aún hoy los valores de las tierras y los arrendamientos se mantienen elevados. Para muchos de los propietarios que arriendan a los pools, su parcela considerada individualmente se ubica por debajo de la escala óptima, por lo cual sus costos unitarios estarían muy por encima de la media. La conclusión para estos es que no se justifica encarar directamente el proceso productivo, frente a las condiciones que ofrecen los pools y sociedades agropecuarias. Pero por eso mismo, estos últimos no están obligados a pagar por el uso de las tierras la renta íntegra que deberían pagar a un propietario que, como productor, estuviera en condiciones de producir en el tiempo socialmente necesario o por debajo de él, sino solo una parte de dicha renta.

Existen entonces tres actores que se apropian de la renta en primera instancia: la burguesía terrateniente, los pequeños propietarios rentistas y los capitalistas que arriendan en gran escala. En el conflicto de 2008 hemos visto cómo actuaron de manera unificada, resistiendo los intentos del gobierno de Cristina Fernández por incrementar la renta apropiada a través de las retenciones para aumentar los recursos fiscales y sostener de esta forma beneficios para otros sectores del capital.

Los jugadores globales en el entramado del agropower

Durante los años noventa se produjeron toda una serie de transformaciones en el país –en línea con las que estaban teniendo lugar a nivel mundial– que dieron su forma actual a lo que podemos definir como un cluster agropecuario. La desregulación económica, que entre otras cosas eliminó la Junta Nacional de Granos, favoreció esta transformación. La producción local, que desde sus orígenes estuvo orientada primariamente hacia el mercado mundial, ha profundizado su integración en cadenas organizadas mundialmente. Grandes jugadores globales acrecentaron durante este período su poder para pautar qué y cómo se produce en el país.

La autorización de variedades de soja transgénica en el año 1996 por parte del entonces Secretario de Agricultura de Menem, Felipe Solá, terminó de acelerar transformaciones notorias en el negocio de los granos, permitiendo que se acrecentara el predominio en el sistema de producción agraria de grandes empresas transnacionales, ubicadas al comienzo y al final del circuito productivo. Estamos hablando de las grandes semilleras multinacionales –que determinan el mejoramiento de la semilla con aplicación de biotecnología–, los proveedores de agroquímicos y las procesadoras y exportadoras de granos. Fueron estas corporaciones las que imprimieron sus rasgos particulares a la tecnificación de la producción agraria asociada al fuerte aumento de los rindes.

Monsanto, Syngenta y Bayer promovieron activamente durante los años noventa la siembra directa en el país, inseparable del paquete de las semillas transgénicas y agroquímicos. Estas empresas montaron los llamados Centros de Servicios que les permitían tener llegada a casi todo el territorio cultivable, formando una red de difusión de innovaciones. Fueron a la vez fundadores de la asociación de productores con siembra directa, AAPRESID. La siembra directa y la semilla transgénica fueron rápidamente adoptadas por la mayor parte de los productores capitalistas del agro, porque este “paquete” contribuyó a un formidable aumento de la rentabilidad. Gracias a esto, las empresas proveedoras de esta tecnología se constituyen como pivotes centrales de lo que se ha ido transformando en una cadena o cluster cada vez más integrado y cuentan con la capacidad de establecer las pautas tecnológicas y económicas para la acumulación en toda la cadena. No solo monopolizan la producción del insumo básico, la semilla, sino además las condiciones en las cuales se produce grano. En el caso del agro en la Argentina, el rol de pivotes que le cabe a los productores de semillas les permite apropiarse de una porción de la renta. Lo hacen a través del cobro de regalías. Hoy es a través del sistema de regalía extendida que, mediante contrato entre el semillero y el productor agropecuario, obliga a los que utilizan la semilla de estas firmas a pagar por el uso que hagan de no solo de la semilla originalmente adquirida a los grandes semilleros, sino también por la siembra posterior de una parte de lo cosechado. Bajo esta modalidad de regalía extendida por cada bolsa que los productores conserven para uso propio, deben abonar una suma fija a los semilleros. Este tipo de contratos buscan limitar el derecho al “uso propio” que tienen los agricultores por la Ley de semillas N.° 20247, prerrogativa que hace años las semilleras buscan eliminar mediante un nuevo régimen regulatorio que les asegure el pleno cobro de regalías. Ya en 2001 Monsanto abandonó por primera vez el negocio de soja en la Argentina aduciendo falta de seguridad jurídica (otras empresas como Nidera o la argentina Don Mario continuaron trabajando con los eventos biotecnológicos desarrollados por Monsanto), aunque después regresó y siguió impulsando junto con las otras grandes firmas del sector una nueva ley de semillas más favorable.

En los hechos, esta capacidad que han tenido a través del control sobre los insumos básicos y los procesos de trabajo asociados a los mismos hace que estas multinacionales deban considerarse un responsable de primer orden en la especialización creciente del agro argentino en un puñado de cultivos, en detrimento de muchas actividades.

Si por un lado tenemos un oligopolio que concentra la innovación en semillas (y en gran medida su oferta) y unos pocos oferentes de los agroquímicos que constituyen junto con la maquinaria el paquete tecnológico, en la otra punta de la cadena, los productores se vinculan con unos pocos acopiadores y exportadores de granos o aceiteras que procesan y exportan o venden al mercado interno. Cargill, Bunge, AGD, Dreyfus, Vicentin, Nidera (hoy Cofco), Glencore, ACA, Noble y Molinos Río de la Plata realizan el 80-90 % de los despachos al exterior. Se hace evidente que estamos ante un sector muy centralizado en términos de procesamiento y salida al exterior.

La elaboración de aceite de soja, harinas de soja y biocombustibles es una de las industrias que más se expandieron en la última década. Entre 2000 y 2010, la capacidad de molienda de oleaginosas creció 82 %. Si la capacidad de industrialización era a principios de los años ochenta de cerca de 7 millones de toneladas, a finales de siglo alcanzaba los 30 millones de toneladas, para seguir aumentando en los años siguientes. Las plantas locales superan en tamaño a sus pares de Brasil y EE. UU. Trabajan con tecnología de punta (aunque más propia de la primera revolución industrial que de la era de la robotización). Un puñado de multinacionales junto con tradicionales actores locales gobierna el complejo sojero, fijando las condiciones bajo las cuales se asocia la nueva burguesía agraria.

En la mayoría de los casos, las grandes aceiteras y exportadoras son a la vez propietarios y/o arrendatarios de tierras; a las ganancias que obtienen por su actividad industrial o comercializadora le suman la apropiación de renta agraria. A esto se agrega que se apropian de otra porción de la renta agraria por el bajo precio al que obtienen sus materias primas en el mercado local gracias a las retenciones, además de los subsidios que reciben. Algunas integran la producción de semillas (Nidera), otras de fertilizantes (Bunge, Cargill y Vicentin) y otros productos, como el biodiesel, de gran expansión reciente. La Aceitera General Deheza tiene campos propios y un ferrocarril concesionado. Molinos Río de La Plata también producen una gran variedad de productos alimenticios. Estos son los factores que permitieron el desarrollo de una agroindustria competitiva a nivel mundial.

Argentina aporta casi el 50 % de las exportaciones mundiales de aceite y harinas de soja y el 73 % de las de biodiesel. Es difícil encontrar otras ramas de la producción donde el país tenga un liderazgo indiscutido en el mercado mundial. Los beneficios van todos a los jugadores del agronegocio. La mayoría de los procesadores de granos de soja son a su vez los principales traders del mundo.

Estas multinacionales actúan en función de ejes estratégicos definidos en sus casas centrales. Fijan las condiciones a toda la cadena de valor hasta llegar al productor primario. El proceso de producción de la cadena local está cada vez más en función de las necesidades globales de las multinacionales, lo cual significa que son cada vez más potencialmente inconciliables con las necesidades nacionales ni qué hablar con los intereses de los trabajadores y los sectores populares. “[L]as directivas (a veces diarias) en cuanto a las tareas a realizar y sus especificaciones técnicas emanan directamente de la matriz, que tiene en cuenta las exigencias planteadas por la demanda y por el desarrollo de los procesos parciales de producción en las restantes filiales” [32].

Ante las visiones que resaltan una supuesta exitosa inserción internacional del capital agrario local, hay que destacar su subordinación al capital trasnacional. Lo que ocurre con la soja se replica en el resto de los principales cultivos. Incluso en las economías regionales podemos observar la creciente penetración de jugadores globales.

La coordinación vertical muy elevada entre acopiadores, industria aceitera, transporte y puertos es facilitada por la cercanía entre las explotaciones agrícolas y los puertos de exportación. Más del 80 % del procesamiento se efectúa en Santa Fe, un 10 % en Córdoba y un 6 % en la Provincia de Buenos Aires [33]. El vínculo entre las aceiteras y el resto de los eslabones hacia adelante se hace más estrecho ya que “las empresas propietarias de estas plantas suelen tener participación accionaria total o parcial en las empresas encargadas del transporte hacia el puerto, en los puertos de embarque y en quienes efectúan las operaciones de comercialización y exportación” [34]. Es decir que además de procesar, poseen centros de acopio y puertos propios. Cargill posee una flota propia y en Argentina opera la Terminal 6 de Puerto San Martín, una de las plantas más eficientes del mundo. Algo similar ocurre con Bunge. También integran la propiedad de una gran parte de la capacidad de almacenaje. Aceitera General Deheza tiene en concesión más de 4.700 kilómetros del Ferrocarril Central Argentino. Sobre el río Paraná tienen sus puertos Cargill, Bunge, AGD, Vicentin, Dreyfus, Toepfer (Alemania), Molinos Río de La Plata y Nidera. En los sectores clave de la cadena agroalimentaria, especialmente en la exportación de granos, la extranjerización es muy elevada. En el control del sistema portuario y más aún, entre los grandes exportadores, la presencia extranjera es abrumadoramente mayoritaria. Un puñado de empresas, en su mayoría extranjeras, concentran los embarques de granos, aceites y de otros subproductos, como lo hacían “las cuatro grandes” [35] a comienzos del siglo XX. Esta realidad está íntimamente asociada a la liberalización comercial y a la privatización de los puertos y ferrocarriles, antes en manos del Estado y a la liberalización del comercio de granos, junto con el de carnes, cuando se puso fin a la acción de las juntas nacionales en 1993.

La “modernización” del agro argentino, muestra un avance en su integración subordinada bajo la forma de cluster, cuyos frutos son captados por el capital extranjero. Esto se mantuvo intacto con los Kirchner. Aunque desde sectores afines al oficialismo se buscó presentar el conflicto con las patronales agropecuarias suscitado por la Resolución 125 como una ruptura con el agropower, lo cierto es que sus vínculos con varios de estos grandes actores se mantuvieron tan estrechos como antes. En los últimos años [2013-2015; N. de E.], las cerealeras han contribuido para que el gobierno pudiera administrar la escasez de dólares, adelantando parte de la liquidación de divisas para nutrir las arcas del Banco Central. Como contrapartida obtuvieron garantías como el seguro de cambio que les proveyó el gobierno para parte de la liquidación de dólares que adelantaron en 2013. El gobierno de CFK también ha dado un fuerte impulso a los biocombustibles a base de soja y maíz, que han sido una gran fuente de demanda local de granos que contribuyeron a sostener los precios. En 2014 amplió los beneficios para el sector aumentando la exigencia de combustible de base vegetal en las naftas y diesel y concediendo mayores beneficios impositivos.

Incluso la relación con Monsanto ha cobrado nuevo impulso con el anuncio realizado por Cristina Kirchner desde Nueva York: la construcción por parte de esa compañía de la planta más grande de semillas transgénicas de América Latina en Malvinas Argentinas (Córdoba). Los esfuerzos por impulsar una nueva ley de semillas que fortalezca las atribuciones de las grandes proveedoras es otra pieza clave de este acercamiento.

La cuestión agraria hoy

Si hay una “cuestión agraria” en la Argentina actual, pasa por poner a la producción agraria al servicio de las necesidades del conjunto de la población y por concentrar la apropiación de toda la renta agraria que hoy se reparten los dueños de la tierra de ayer y de hoy, las grandes sociedades agropecuarias y pools, los monopolios de la semilla y los agroquímicos, las cerealeras y el Estado capitalista para subsidiar al resto de la burguesía. Esto solo puede llevarse a cabo expropiando la tierra, comenzando por los 1.300 grandes propietarios bonaerenses y sus homólogos nacionales (alrededor de 4.000) y con el monopolio estatal del comercio exterior acompañado de la confiscación de los monopolios cerealeros. Esto permitiría también discutir una organización de la producción agraria que ponga el acento en las demandas sociales postergadas, el medio ambiente y la recuperación de actividades que los empresarios han abandonado por no ser tan rentables como la soja transgénica. Los trabajadores rurales, junto al resto de la clase trabajadora, son quienes pueden forjar una alianza social que le tuerza el brazo al agropower.