El abogado, investigador y docente de la Facultad de Derecho (UBA) Lucas Arrimada reflexiona, a propósito de la causa Nisman, sobre la estrecha vinculación entre servicios y funcionarios judiciales.
Jueves 11 de junio de 2015
El caso Nisman, con todas sus sombras, ha generado mucha confusión y pocas certezas. Sin embargo, una de las cuestiones que resulta a todas luces evidente es la conexión entre ciertos funcionarios judiciales, especialmente del fuero federal, con los servicios de inteligencia.
Más allá de las tragedias, manipulaciones y errores que acumulan los expedientes de la causa AMIA, y ahora el caso Nisman, resulta clave aprovechar la oportunidad política para repensar esas prácticas políticas y económicas de los servicios de inteligencia en este contexto donde ciertos hilos, antes invisibles, se vuelven ataduras y conexiones insostenibles.
Históricamente, se ha repetido y analizado muy pobremente la expresión que hace referencia a “los jueces de la servilleta”. Hace mucho tiempo se pensó que esos jueces eran aquellos con cierto grado de obediencia y dependencia al Gobierno nacional a partir de la década de los 90. Esa idea contribuía a consolidar una imagen de “Poder Judicial dependiente” frente a su contrario, la recurrente imagen –muy propia del republicanismo bobo– de la “justicia independiente”.
En contraste, otra posible interpretación, una más realista y contrastada, podría emerger de una lectura entre líneas de la misma frase y de querer observar con ojos críticos algunas prácticas y protagonistas que afloran en los entornos del caso Nisman.
En este contexto, los jueces “de la servilleta” pueden ser reinterpretados, resignificados, como jueces “de los servicios”. Las razones de su pertenencia pueden ser complejas y no lineales: porque son amenazados por los servicios de inteligencia, porque son coimeados con fondos reservados, porque son influenciables a través de operaciones privadas o de prensa, en un etcétera que va de la imaginación a los susurros de pasillo. Esos escenarios posibles hablan de un circuito no tan lineal entre Gobierno y Poder Judicial, sino uno con asimetrías de poder e influencia, intervenciones, diferentes niveles, actores legales y lobbies judiciales, intereses económicos y corporativos, etc., que hacen de la esfera judicial, en este caso de la federal, un espacio más complejo, pero igual de permeable, igual de poroso, igual de “no independiente”.
A comienzos de año se suscitó un debate político encaminado a proyectar una reforma y reducción de los espacios de autonomía en los servicios de inteligencia –como quizás se intentó con las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario–, que así como trafican influencias económicas también pueden perseguir e infiltrar instituciones de derechos humanos y movimientos sociales.
A pesar de eso, el Poder Judicial federal sigue siendo parte central de un circuito de prácticas opacas y parainstitucionales, oscuras y peligrosas para la democracia. Tener una visión comprensiva de las prácticas y de los negocios de los servicios de inteligencia tiene que marcar la agenda pública hacia la necesidad de controlar esos espacios, reducir su incidencia política, económica y desestabilizante.
Esa agenda debería estar enfocada a visibilizar las prácticas históricas y actuales, conocidas y por descubrir, intentando partir más de un diagnóstico sociológico de la relación entre “servicios de inteligencia” y Poder Judicial, sus prácticas concretas y aceitadas, y menos por reconfiguraciones políticas que traten de apuntalar prácticas del mundo real con diseños institucionales del mundo ideal.
