Sábado 11 de abril de 2015
Ismael Lucena tenía 25 años y volvía de visitar una amiga del barrio El Gráfico junto a su amigo “Pipí” cuando dos policías de civil empezaron a dispararles y perseguirlos, hasta que finalmente los atraparon y de un culatazo quebraron el cráneo de Ismael, que murió horas mas tarde en el Hospital Padilla. Pipí zafó y como muchos otros jóvenes víctimas del abuso y la prepotencia policial comenzó a organizarse y luchar para exigir justicia. Hoy se prepara para el inicio del juicio, que vienen dilatando maniobra tras maniobra en una clara actitud del poder judicial a favor de los policías asesinos, que están libres. La familia de Ismael, sus amigos, organismos de derechos humanos y muchos jóvenes nos venimos movilizando hace años para sentar a los asesinos en el banquillo de los acusados. No fue ni será una pelea sencilla, ante un tribunal con una amplia trayectoria en defensa de la institución policial.
Una juventud criminalizada
Ismael vendía flores, recorriendo las calles con el cajón al hombro, era un joven trabajador que cometió un triple crimen: ser morocho, pobre y usar gorra. Ese mismo año, el 2012, al menos otros dos casos salieron a la luz en la provincia. Fabián Ybarra, albañil de 31 años, asesinado de un tiro en la cabeza en el momento en que él, junto a su amigo Germán, solicitaban a 3 policías que dejen de disparar con sus escopetas en una esquina de Villa Muñecas porque había niños en la calle, 5 de ellos eran sus hijos que quedaron sin papá. Y María José Gordillo de 16 años, asesinada en el barrio ATE por un sargento que estaba molesto por una pelea de vecinos y salió de su casa apuntando directo al pecho del hermano de María José, ella se interpuso y recibió el balazo en su corazón.
Más recientemente y mirando más allá de Tucumán, Ismael Sosa de 25 años golpeado brutalmente por la policía cordobesa a la entrada de un recital de La Renga y aparecido muerto días después. Nehuén Rodríguez de 18 años asesinado por la policía Metropolitana de Macri, Jonathan Herrera de 21 y Franco Casco de 18 asesinados por la policía santafecina, Leonardo Rodríguez de 20 años aparecido muerto en una comisaria mendocina, Thomás Perez de 17 años asesinado por la policía bonaerense en Mar del Plata y hace poquitos días nomás Diego Aljanati de 13 años, también asesinado por la bonaerense en la localidad de Ituzaingó. Y podría continuar la lista hasta llegar a los mas de 4.340 asesinados a manos de la policía o fuerzas de seguridad estatal desde la vuelta a la democracia, según el último archivo de la CORREPI.
Las organizaciones K que se reivindican “del campo de los derechos humanos” (algunas de las cuales integran la Mesa de Apoyo a la Causa de Ismael Lucena) sostienen que esta brutalidad, que constituye el último eslabón de una cadena de abusos policiales que incluye tortura en las comisarías, abuso sexual, aprietes y persecución a quienes se niegan a robar para ellos, podría encontrar una resolución si se llevará a cabo una reforma “estructural” basada en una “democratización” de la fuerza, con especial énfasis en la formación en derechos humanos, un cambio de cultura institucional, la profesionalización y la depuración de las “manzanas podridas”. Esconden de esta manera que el gatillo fácil y el abuso policial (o dicho en sus propias palabras mas diplomáticas “la violencia institucional”) constituye una práctica sistemática de disciplinamiento social sobre la juventud trabajadora de los barrios pobres que contienen un potencial explosivo de rebelión frente a las miserables condiciones de existencia.
Las dos caras de una misma moneda
El látigo policial que se extiende con saña sobre los pibes con gorra es el complemento del rol por excelencia que juegan las fuerzas represivas del estado: el monopolio legal de la violencia para reprimir a todo aquel que desafíe el orden burgués y la propiedad privada. Los desalojos de las tomas de tierra desde Jujuy hasta Buenos Aires, la sistemática represión en la Panamericana a los obreros indomables de Lear, la represión a los Qom en Formosa, el asesinato de Fuentealba, son solo algunos ejemplos. Como denunció Nicolás del Caño ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación “No son casos aislados: más de un tercio de los asesinados desde el fin de la dictadura militar fueron víctimas del aparato represivo del estado y sólo en los últimos diez años fueron asesinadas más de 30 personas por el sólo hecho de manifestarse y luchar por sus derechos. El entramado de impunidad compromete a los gobiernos nacionales y provinciales, a las fuerzas represivas y al poder judicial”
La policía criminaliza la pobreza y reprime la protesta social, son las dos caras de la misma moneda. La política de reforma policial, aplicable únicamente a las “formas” dejando intacto el “contenido” de su función, expande una “ilusión democrática” que se transforma en una verdadera utopía reaccionaria que termina objetivamente relegitimando al estado capitalista y uno de sus pilares centrales: las fuerzas represivas.
En su intento desesperado de salvar a sus jefes políticos, exageran la autonomía del “aparato” policial y eximen de toda responsabilidad al poder político, a quien ubican muchas veces como víctimas de modalidades extorsivas, así lo hicieron frente el motín policial de diciembre de 2013. Cuando les conviene apuntan contra los gobernantes, como sucedió en el caso de Ismael Sosa frente al gobierno de De la Sota en Córdoba y cuando no les conviene, como en Tucumán, hacen silencio. Claro que les incomoda Alperovich, de lo más rancio del PJ, pero no están dispuestos a enfrentar al Frente Para la Victoria, no vaya a ser que resulte salpicado el gobierno central.
Mientras tanto a los jóvenes no nos queda ninguna duda: la tucumana, la bonaerense, la mendocina, la cordobesa, la santafecina, la metropolitana, la federal… son todas iguales, no se salva ninguna. Como dijo María del Carmen Verdu en la Audiencia contra el gatillo fácil en la Legislatura Bonaerense en diciembre de 2014 “la represión es una política de estado, de los gobiernos de turno tanto nacional, como provincial. A todos y cada uno de nuestros pibes los mató el estado, por eso la confrontación es con esa política”.
La necesidad de una política independiente
La lucha por justicia para Ismael Lucena y la pelea por cárcel perpetua para sus asesinos es una batalla concreta para la juventud. La izquierda y (algunos) jóvenes k nos encontramos confluyendo en estos objetivos, con distinta perspectiva. Mientras el oficialismo hace honor de su respeto por las instituciones (burguesas), para la juventud combativa se abre la ambiciosa tarea de comenzar a plantar una perspectiva superadora, construyendo un polo de referencia de izquierda, una fuerza material en las calles con la ambición de unir a la juventud estudiantil y trabajadora que no se subordina a ningún relato, para imponer nuestra voluntad a todos nuestros verdugos.
