Las tendencias recesivas a nivel internacional, previas al desarrollo de la pandemia, se aceleraron con la cuarentena que afecta a una gran parte del planeta. Existen muchos pronósticos que ponderan que la caída de la economía mundial podría ser mayor que durante la Gran Recesión de 2009. No es un dato menor que se esté discutiendo la posibilidad de una depresión, es decir una caída de la economía no solo durante el corriente año, sino más extensa, que incluso puede adquirir una escala similar a la ocurrida en la catastrófica década de 1930.

La situación en Argentina está sobredeterminada por la crisis mundial en curso. Pero el paráte internacional impactará con mayor potencia sobre una economía local que ingresa en su tercer año de recesión, que comenzó en 2018 con la ruptura del crédito internacional y el regreso del FMI, pero que en una mirada hacia atrás muestra casi una década de estancamiento. Los analistas del establishment estiman que este año el retroceso económico previsto antes del coronavirus, evidentemente, ahora será más profundo: por ejemplo, Orlando Ferreres estima que se puede ubicar entre el 4 % y el 8 %, dependiendo de cuánto dure la cuarentena. No solo eso. Los desórdenes económicos preexistentes en términos fiscales, inflacionarios, de deuda, de empleo, se sostienen o se agravaron con el coronavirus.

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Desde el punto de vista macroeconómico existe un beneficio indirecto: prácticamente se han detenido las importaciones de bienes no esenciales desde el exterior mientras que las exportaciones agrícolas siguen su curso, por lo cual existe un excedente de dólares en el comercio exterior. En un artículo escrito para el portal Cenital, el economista Emmanuel Álvarez Agis explica que gracias a la recesión preexistente, agravada por el Covid-19, van a sobrar dólares en la economía. Pero es obvio que los especuladores de la deuda son un monstruo grande, que pisa fuerte y se come todos los dólares que encuentran en su camino.

Las medidas económicas del gobierno de Alberto Fernández para atender la emergencia durante la pandemia, con matices, siguen las “mejores prácticas” internacionales: salvar al mundo empresario y contener a los segmentos más vulnerables de la población. Alberto “cuida a todos”, pero más a los primeros que a los segundos.

Semanas atrás, en una reunión con parlamentarios, frente al reclamo del diputado del Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño, de prohibir los despidos y suspensiones, el presidente Fernández ponderó que con la doble indemnización vigente alcanzaba para poner límites a la voracidad empresaria. Finalmente, de contragolpe, tuvo aplicar la prohibición frente a la prepotencia patronal, como la ejercida por Techint con los despidos de más de 1.400 trabajadores. La medida llegó tarde, sin carácter retroactivo, cuando una oleada de despidos y suspensiones había sido ejecutada. Además, el anuncio fue complementado por el Decreto 332/2020, que establece un monumental subsidio a las empresas para el pago de salarios. Se estima que el oficialismo comprometerá unos $ 380.000 millones provenientes, principalmente, de la Anses para alimentar la ganancia empresaria. Es diez veces más que los recursos destinados al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para informales y desocupados que se quedaron sin ingresos; y 13 veces más que los fondos desembolsados para el bono a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El desfinanciamiento de la Anses es la antesala para que vuelvan a emerger, una vez más, los reclamos por una reforma previsional y seguir ajustando a jubilados que en su mayoría perciben menos de la mitad de lo que necesitan para llegar a fin de mes.

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Los créditos blandos y subsidiados a Pymes, la principal medida anunciada al principio de la crisis, guarda las mismas proporciones en relación a lo destinado a los que menos tienen. Lejos de la imagen romántica que presenta a las Pymes como un esforzado panadero o kiosquero, la categorización oficial de Pymes establecida por el Ministerio de Desarrollo Productivo incluye a empresas que facturan anualmente hasta $ 1.740 millones siendo industriales o hasta $ 2.147 millones cuando son del rubro comercio. No son para nada pequeñas. Por el contrario, kiosqueros, panaderos y otras actividades similares que están siendo carcomidas por la cuarentena tienen prácticamente vedado el acceso a los créditos anunciados porque no cumplen con los requisitos o no cuentan con la estructura administrativa necesaria para entablar la tramitación.

Incluso la emergencia no impidió que el gobierno desembolsara la semana que terminó U$S 250 millones (en pesos son 16.375 millones) en beneficio de los acreedores de deuda. Este pago de deuda representa nueve veces más que los recursos adicionales por $ 1.700 millones anunciados para reforzar el presupuesto de salud. Hay más pagos de deuda comprometidos para las semanas próximas. En lo que va del año se destinaron a pagar deuda unos U$S 5.000 millones, recursos que permitirían pagar $ 30 mil como salario de emergencia durante la cuarentena a los 11 millones de personas que se anotaron para los insuficientes $ 10 mil que ofrece el gobierno con el IFE. Por el momento, los especuladores están inmunizados frente al coronavirus. Pero los dólares del país no son infinitos y el default es un fantasma que da vueltas.

En la repentina revalorización del rol del Estado, los melancólicos del keynesianismo que vuelve no advierten (o, tal vez sí, pero prefieren no decirlo) que la monumental intervención estatal en estos términos sigue los lineamientos que corresponden, supuestamente, en forma exclusiva al más bello neoliberalismo: beneficiar a los capitalistas. En términos marxistas, el Estado está exponiendo a cielo abierto su carácter de clase. En verdad, la “guerra” contra el coronavirus, no es más que la continuación de la política burguesa por otros medios. No obstante, el gran empresariado empieza a cascotear la cuarentena establecida por el gobierno y reclama reactivar la economía.

La vida en cuarentena y el día después

El macrismo dejó una pérdida del poder de compra del salario del 20 % en cuatro años para el sector registrado privado. En el caso del empleo público, el retroceso del salario real supera ampliamente el 30 % y otro tanto ocurre en el sector no registrado. La clase capitalista no solo logró un salario más bajo en términos de poder de compra de alimentos, vestimenta y atención de otras necesidades de la vida, sino también un salario más barato en dólares, algo muy importante para el gran capital que opera en escala global. El salario bruto (no el de bolsillo, que es menor) medido en dólares pasó de U$S 1.600 en noviembre de 2015 a U$S 868 en diciembre de 2019, una caída del 45 % lograda gracias a las devaluaciones sucesivas.

Como se sabe, la contraparte de la devaluación salarial es el encarecimiento de la vida. En enero, el costo de la canasta familiar estimada por ATE Indec (de consumos mínimos la denomina esa organización) fue de $ 64 mil para un hogar de cuatro integrantes, ingreso que la mayoría de los trabajadores registrados no alcanza a cubrir. En febrero, la canasta de pobreza costó $ 41 mil. Con los $ 10 mil del Ingreso Familiar de Emergencia que implementó el gobierno solo alcanza para vivir menos de 8 días considerando la canasta de pobreza. La inscripción al IFE superó ampliamente los cálculos del gobierno que estimaba pagar 3,6 millones de beneficios cuando de mínima la realidad indica que hay 7 millones de trabajadores informales, que viven de changas o monotributistas.

El deterioro de los ingresos se aceleró con la pandemia; la inflación si bien se desaceleró de los meses más dramáticos del año pasado, sigue firme y alimentada por las avivadas de las grandes empresas que burlan los controles estatales y hacen de la crisis una oportunidad para ganar cada vez más. En épocas de “big data” no debería ser difícil conocer los estados contables empresarios, sus estructuras de costos o la situación de sus cuentas bancarias. En el caso del alcohol se hace evidente, los ingenios azucareros están beneficiados por un régimen especial para abastecer bioetanol (que se produce con alcohol) a las refinerías (YPF, Shell, etcétera) que lo mezclan con naftas: tienen garantizado un precio y un cupo de abastecimiento. Es un negocio muy rentable y seguro para el cual deben informar a la Secretaría de Energía sus costos ¿Por qué no se hace pública esa información? El Estado protege bajo siete llaves el secreto empresarial. Es evidente que corresponde a la clase trabajadora establecer un control en el ámbito de la producción, de la distribución y de la comercialización para terminar con las avivadas empresarias con los precios y el abastecimiento de productos esenciales como el alcohol.

La desocupación fue 8,9% en el cuarto trimestre de 2019: 1,2 millones de personas sin ocupación en los aglomerados relevados por Indec. La proyección a todo el país indicaría que son unos 2 millones los que están sin empleo. En los partidos del conurbano bonaerense la desocupación ronda el 11 % y en el Gran Córdoba el 10 %. El efecto tenaza entre ingresos deteriorados y desempleo en alza dejó el tendal de 35,5 % de personas en situación de pobreza en el país, dato informado por Indec para el segundo semestre de 2019. En el conurbano bonaerense, en el noroeste, en el noreste, Gran Mendoza, San Nicolás-Villa Constitución, en Ushuaia-Río Grande, los números rondaron o superaron generosamente el 40 %. Son datos que grafican la bomba de tiempo en términos de crisis social es previa a la pandemia. Hoy la situación se agravó en relación a la segunda mitad del año pasado. En la década de 1970 la pobreza castigaba a menos del 5 % de la población del país. En 1960, existían 6,4 camas hospitalarias por cada mil habitantes del país; en 1970, 5,6 camas; en 2014, el último dato disponible, registra 5 camas. Si la pandemia avanza sobre las geografías empobrecidas, donde prima el hacinamiento, ninguna medida de emergencia revertirá tantos años de agravios a las condiciones de vida.

La clase capitalista respondió con su sensibilidad habitual a la cuarentena. Los despidos en Techint, la principal empresa argentina con espaldas de sobra para pasar la crisis, fueron la cara más desvergonzada de la política patronal. También se registraron despidos en Cinemark e incluso en dependencias estatales, entre muchos otros lugares. Empleados de Garbarino denuncian que la empresa se niega a pagar salarios. El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma [1] relevó decenas de denuncias y reclamos de colectivos de trabajadores y trabajadoras que señalan “la falta de delimitación clara entre las líneas de producción que deben seguir funcionando y otras que claramente no son esenciales y que incluso podrían fortalecer la producción de aquellos bienes que son imprescindibles para la subsistencia del conjunto de la población; otras que no garantizan las condiciones necesarias de salud y seguridad en el trabajo, así como también han denunciado la situación de empresas que han recurrido a despidos y suspensiones colectivas”. Los maltratos patronales atraviesan geografías y actividades: ingenios azucareros del noroeste (los mismos que especulan con el alcohol), la actividad vitivinícola de Mendoza, FATE en el Gran Buenos Aires, y la lista sigue. Las comisiones de seguridad e higiene impulsadas por trabajadores son esenciales para la batalla cotidiana por defender la salud de la clase obrera.

La CGT se reunió con Alberto Fernández para conversar sobre las condiciones de una salida gradual del parate económico. Los talibanes del “quedate en casa” pueden convertirse rápidamente al dogma de trabajar cueste lo que cueste, aunque se trate de la propia vida. En la tensión entre cuidar la salud y poner a funcionar la economía se plantea un falso dilema. Las preguntas correctas serían qué se produce, para quién, con qué medidas de seguridad. Los empresarios esas preguntas ya las tienen respondidas hace rato. Y presionan por volver a la normalidad de la extracción de plusvalía cotidiana, de realización de ganancias, a reactivar el ciclo de acumulación. La crisis del coronavirus está exponiendo las premisas de la posibilidad de otra organización social donde lo primero sea atender las necesidades sociales: enfermeras, médicas, trabajadores de la alimentación, de logística, muestran que los resortes esenciales de la organización de la producción no se mueven sin ellos. Por el contrario, se puede prescindir de los capitalistas. La ausencia de test masivos con muestras significativas entre segmentos de la población, a los trabajadores que se mantienen en actividad o a los de salud, que están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, al día de hoy impide una planificación científica de la cuarentena. Una salida de la cuarentena desordenada para hacer control de daños sobre la economía puede conducir a una irracionalidad desmesurada. Los trabajadores también tendrán que establecer sus exigencias para el día después: entre ellas, claro está, la de test masivos.

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Cuando cesen los sesenta días de prohibición de despidos y suspensiones, puede experimentarse una oleada de trabajadoras y trabajadores expuestos no solo al coronavirus, sino a la desocupación y quiebras empresarias en una economía internacional y local cuyo nivel de destrucción no puede conocerse a ciencia cierta. Siguiendo las experiencias de fábricas ocupadas, como Zanon o MadyGraf, que en la crisis están dando amplias muestras de solidaridad, es necesaria una preparación para la ocupación y puesta en producción de toda empresa que cierre o despida. El geógrafo marxista David Harvey alerta que el coronavirus puede ser utilizado a escala global para una reorganización de las cadenas de valor. No puede descartarse que la clase capitalista mundial encuentre la oportunidad para una reforma laboral de hecho aprovechando la pandemia. En estas tierras ya se esbozan ideas que unen la oportunidad de cambiar las condiciones de trabajo con las de practicar un ajuste fiscal. Daniel Artana, de la ultraliberal Fundación Fiel, escribió que “sería conveniente coordinar con provincias, y estas con sus municipios, la posibilidad de reducir los salarios de empleados estatales que trabajen desde sus domicilios (una suerte de réplica de las suspensiones acordadas entre empresas y sindicatos en el sector privado)” [2]. El ataque de Artana al empleo público es un dislate cuando son trabajadoras y trabajadores de la salud pública la primera línea de la lucha contra el coronavirus. No obstante, hay dirigentes sindicales rápidos para los mandados, como los de petroleros, que se preparan para ceder a la baja de salarios con el pretendido fin de preservar los puestos de trabajo. El teletrabajo, las nuevas formas laborales más en general, querrán ser aplicadas para atacar derechos conquistados. La clase trabajadora también deberá emprender una preparación para estas batallas por defender el salario, los derechos conquistados, e incluso para impedir el desempleo masivo impulsando el reparto de horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin reducción salarial y con un salario que permita cubrir la canasta familiar.

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Otro informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma [3] pone de relieve un factor muy importante: la clase trabajadora argentina logró imponer límites al plan de reformas laborales más amplio, el gran proyecto de la derecha patronal autóctona con Mauricio Macri en el poder. Lo logró a pesar del retroceso en términos salariales, a pesar de las cúpulas sindicales burocráticas, a pesar que el peronismo se esforzó por sacar la protesta de las calles luego de la batalla contra la reforma de la movilidad jubilatoria macrista de diciembre de 2017, batalla que liquidó gran parte del capital político que Cambiemos había obtenido en las elecciones de ese año. Es un activo muy importante para las batallas por venir.

Miserables capitalistas

Los bancos están en el “top ten” de los miserables que la crisis puso a la vista de todos. Junto al gobierno fueron responsables del maltrato a jubiladas y jubilados, la población más vulnerable frente al coronavirus que fue compelida a estar horas en un amontonamiento social imperdonable en tiempos de pandemia y para cobrar una jubilación que no permite vivir ni quince días. No solo eso. Muchos bancos privados ni siquiera pagan jubilaciones porque los adultos mayores son clientes que no les reportan ganancias significativas.

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Los bancos nunca pierden. Desde 2005 a la actualidad siempre reportaron resultados positivos, tanto en pesos como en dólares. Desde 2016, las ganancias en dólares se redujeron debido a la devaluación del primer año de Mauricio Macri. Pero en los dos últimos años de Cambiemos en el poder gracias a la “bicicleta financiera” y las tasas de interés por las nubes recompusieron las ganancias en términos de dólares. La recuperación tuvo tal escala que 2019 fue un año récord en ganancias bancarias al tiempo que se hundía la economía y se empujaba a la pobreza a una porción importante de la población. Incluso en diciembre pasado los bancos tuvieron un récord de ganancias mensuales para ese año. Ganaron el equivalente a más de 1,2 millones de salarios promedio del sector registrado.

Con Alberto Fernández en el poder, en enero -un mes habitualmente malo para la actividad bancaria- ganaron $ 32 mil millones: es el equivalente a mil millones de pesos por día; $ 42 millones por hora; $ 700 mil por minuto. En un minuto los bancos ganaron más que los ingresos anuales de un trabajador formalizado, que en 2019 fue de $ 600 mil. La mayor parte de las ganancias la realizan los bancos privados extranjeros, que en 2019 se llevaron el 46 % del total. Le siguen los bancos privados nacionales con el 42 %. Por su parte, los bancos públicos representaron el 11 % de las ganancias totales.

Los bancos también participan del negocio de la deuda. Un hecho reciente lo grafica bien. El ministro de Economía, Martín Guzmán, designó como agentes colocadores para la reestructuración de la deuda a los estafadores del HSBC y al Bank of America, que no opera en el país, pero es el segundo banco más grande de los Estados Unidos. Los bancos en los últimos años se enriquecen con la “bicicleta financiera”, que ahora anda un poquito más lenta, pero sigue su curso. Y, algo que es ostensiblemente evidente para todo el mundo, roban a mano armada con las tasas de interés que cobran por préstamos personales y el financiamiento con tarjetas de crédito.

Sobran los motivos para establecer una banca íntegramente pública que sea gestionada por sus propios trabajadores y que expropie sin indemnización a los bancos privados que todos los días expropian a las mayorías. Además, es la única forma de proteger el ahorro nacional, particularmente del pequeño ahorrista, que en cada crisis es el que paga el pato de la boda, ya sea con “corralito” o con confiscaciones, como la que les practicó Carlos Menem con el Plan Bonex. Al mismo tiempo, una banca pública permitiría verdaderamente canalizar recursos para préstamos para la vivienda popular y para el pequeño comerciante quebrado por la crisis.

En el prontuario de los bancos se destaca su rol como organizadores de la fuga de capitales. En la era Macri se fugaron del país unos U$S 81 mil millones. Una porción importante de la deuda tomada por el macrismo (y que carga sobre el hombro de la clase trabajadora) financió esa fuga. Otros U$S 102 mil millones se fueron en la “década ganada”, en este caso gran parte financiados con superávit comercial. Este vaciamiento del país es organizado por los bancos. Herve Falciani es un exempleado del HSBC que develó años atrás que ese banco facilitó la evasión de impuestos y la fuga de capitales de empresas y de las personas más ricas de todo el mundo. Entre ellos, más de cuatro mil argentinos. Hernán Arbizu, otro exempleado, pero en este caso de las operaciones argentinas de J.P. Morgan, también dio a conocer la existencia de una banca paralela, en las sombras, para que la elite argentina saque sus dólares al exterior. Coto, Techint, Clarín, Macri, Cristóbal López y centenas de otros nombres de los dueños del país figuran en los Panama Papers y los Paradise Papers. Entre esos empresarios más ricos del país, que con su fuga a paraísos fiscales ubican a la Argentina entre los países que más evaden impuestos en el mundo se pueden obtener recursos para atender la emergencia. Un impuesto mínimo de 3 % a los 15 mil contribuyentes más ricos, a aquellos con un patrimonio superior a los mil millones de pesos, permitiría un salario de cuarentena de $ 30 mil durante abril y mayo a los 7 millones de trabajadores informales, monotributistas y todos los que se quedaron sin ingreso por no poder salir de sus casas.

La deuda entró en cuarentena. A pesar que formalmente sigue la negociación para su reestructuración, los grandes fondos especulativos (Black Rock, Templeton, Fidelity) que tienen gran parte de la deuda argentina habrían anticipado su rechazo a la propuesta de Guzmán. El mencionado Artana, un analista del establishment económico, concluye que “parece mejor convocar a los acreedores para que apoyen una postergación de los pagos de intereses y capital en la deuda en moneda extranjera por 12 o 18 meses, ofreciendo a cambio pagar una fracción de los intereses devengados en ese período y acumulando el resto”. La crisis mundial tiene como telón de fondo una potencial crisis de deuda de las denominadas economías emergentes (países dependientes con rasgos semicoloniales, en términos marxistas) y de las grandes corporaciones empresarias de varias potencias imperialistas. Toda la deuda mundial podría entrar en situación de reestructuración, lo cual, eventualmente, ofrecería al gobierno de Alberto Fernández tiempo para tomar aire, un bien escaso en épocas de encierro. Todos los actores se preparan para sacar tajada en esa situación, el FMI está abriendo su billetera para ofrecer dólares frescos, en mucha menor escala que el préstamo más grande de la historia otorgado al macrismo, pero una tentación para el albertismo en tiempos de vacas flacas. Se trata de un presente griego, que condicionará los estrechos márgenes de acción de un país sometido a los centros financieros internacionales. Más que nunca, está planteado para la clase trabajadora luchar por un desconocimiento soberano de la deuda. Y la defensa de un planteo orientado a una reorganización de la sociedad sobre nuevas bases, una planificación racional y democrática de la producción, para sacarse de encima el chaleco de fuerzas del capitalismo.

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