LAS MARCAS DE LA GORRA. Los motines policiales: una historia de extorsión e impunidad

Imagen: A/D, del sitio La Tinta

“Golpear para negociar”. La famosa frase de tres palabras que le corresponde a un histórico dirigente sindical peronista como fue el Lobo Vandor podría tranquilamente sintetizar los fines de los “levantamientos policiales” que los azules desataron en los últimos días en zonas claves y calientes del Conurbano y La Plata.

Golpear (y fuerte) con motines coordinados y agitados por redes, reproducidos sin parar por todos los medios masivos de comunicación, para negociar corporativamente mejores condiciones materiales y salariales para todos los agentes de la Policía Bonaerense. Y estas protestas, que no se esperaba casi nadie, se agudizaron con el correr de las horas y se desató una crisis profunda.

Los motines, también llamados “acuartelamientos”, son métodos extorsivos usados por los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que son quienes tienen el monopolio legal de la fuerza. Esto quiere decir que poseen las armas que usa el Estado para reprimir y para reforzar su control social sobre la población. Un motín puede incluir entre otras medidas el rechazo a las órdenes de funcionarios estatales, el abandono de tareas de los agentes, el cuestionamiento de la cadena de mando, la ocupación de edificios públicos y reclamos en la vía pública.

Lejos de ser un problema actual, los estos levantamientos fueron usados en diferentes momentos de la historia por las fuerzas para conseguir más privilegios y poder, ubicándose como un actor político importante y cada vez más peligroso en la escena nacional.

Uno de los motines más importantes de las últimas décadas se produjo en octubre de 1988 cuando se acuarteló la Policía Bonaerense en diferentes comisarías y uno de los epicentros fue Florencio Varela. Allí pedían aumento salarial, más municiones y armamentos, equipamiento de uniformes, entre otras cosas, y si esto no ocurría se amenazaba con no cubrir servicios en espacios públicos, ni en actividades bancarias y financieras, ni realizar traslados de detenidos. El gobernador era el peronista Antonio Cafiero y el ministro que llevó la negociociación adelante fue Luis Brunati quien la cuenta en una vieja entrevista de Página 12:

“Apenas entramos nosotros con el auto un camión del Servicio Penitenciario –del que casi nunca se habla a pesar de ser una de las cosas más oscuras– se cruza detrás del auto nuestro. Ya era imposible salir. Estábamos nosotros adentro, prácticamente secuestrados, reunidos con parte de la plana mayor, la policía movilizada afuera, en la plaza que está enfrente, gritando ‘la poli, unida, jamás será vencida’. Ese era el panorama cuando uno de los miembros de la plana mayor le dice al otro, apoyándole la pistola en la cabeza: ‘Desarmá esto porque te meto un tiro’. Se toman algunas decisiones allí y se desarticula la movilización”.

Pedían también privilegios ante la ley. Si eran acusados de algún delito debían ser tratados como presos especiales y no como cualquier reo. Esto se debe en parte a que, cuando se acuarteló, la Policía Bonaerense estaba seriamente cuestionada por negocios turbios, coimas, robo y los casos de gatillo fácil se habían vuelto visibles después de la Masacre de Budge en 1987. Policías habían masacrado a tres jóvenes que tomaban una cerveza en la vereda del barrio y fue tal el revuelo que el gobierno empezó a hablar de reformas internas. Este intento de meterse con la estructura policial se sumó a la pérdida de valor del salario policial por la devaluación disparada y fueron los motivos que provocaron el acuartelamiento.

Era una policía que ya mostraba altos niveles de autonomía y esto se debía a que -pos1983- los gobiernos constitucionales le dieron mucho poder político y de fuego (al igual que a Gendarmería), porque pasaron a ejercer la represión interna. Aunque habían participado activamente del último golpe no habían sido la cara visible del genocidio ni la derrota de Malvinas como las Fuerzas Armadas, por eso se convirtieron en las favoritas del Estado para sostener, controlar y defender el orden sobre todo cuando las desigualdades sociales se volvían más visibles y cuestionadas.

En los años siguientes este método de chantaje policial creció hasta números record. Según Rosendo Fraga en el año 1989 hubo en total 23 motines a nivel nacional de las Fuerzas de Seguridad y 1990 fueron 29. En esos años de crisis, desempleo masivo, hiperinflación y empobrecimiento de los trabajadores; también se acuartelaron los militares y todos lograron impunidad de la mano de Carlos Menem. Al mismo tiempo que fue desactivando el Partido militar, el presidente peronista fortaleció a todas las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales.

Pactaron con el gobierno para controlar las barriadas más pobres pero no se subordinaron nunca manteniendo negocios propios de la corporación como el juego clandestino, desarmaderos, amenazar pibes para que roben para ellos, narcotráfico, trata y siguen. En los 90 el poder policial – no sólo en Argentina sino en el mundo- se volvió más visible no sólo “combatiendo” el delito menor, sino incorporando tareas que la convirtieron en un eslabón clave dentro del entramado urbano. Si se pierde o extravia algo hay que ir a declararlo a la comisaría, si dos vecinos se pelean llaman a la policía. Se suman al control del tránsito y la vía pública, la vigilancia en bancos y edificios públicos entre otras acciones que parecen menores pero que expresan más claro el control territorial que ejercen.

Todos los gobiernos aportaron a construir este poder y se negaron en los hechos a meterse en la estructura interna policial. Esto quedó evidenciado en otro gran levantamiento armado en 2013, hace apenas 7 años, durante el gobierno de Cristina. Estalló en Córdoba y se extendió a 21 provincias (sumándose incluso Gendarmería a los reclamos) pero la situación no se daba en cualquier momento. Si bien se realizaba por demandas salarias concretas la Policía provincial estaba siendo investigada por un “narcoescándalo” que apuntaba directamente a la cúpula de la fuerza. Además hacía pocos días había reprimido un acampe de militantes ambientalistas por la instalación de la empresa Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas lo que generó importante repudio. Por último, apenas unos días antes del levantamiento, se había realizado la Marcha de la Gorra contra el gatillo fácil que había reunido a más de quince mil personas jóvenes en las calles cordobesas.

Fueron 36 horas de extrema tensión, con agentes cortando calles en señal de protesta, saqueos organizados en parte por las mismas fuerzas -con zonas liberadas- que generaron mayor presión y clima de inestabilidad.

Todas las demandas salariales de la policía fueron aceptadas sin chistar por el gobernador De la Sota y aunque años después fueron a juicio los agentes responsables, nadie fue preso. La policía de Córdoba es sin duda una de las que mejor conoce la impunidad si tenemos en cuenta que fue la misma que en el año 1974 inició un motín al mando de Antonio Navarro y que terminó en un golpe policial que derrocó al gobernador Obregón Cano poniendo en su lugar a un representante de la derecha peronista. La historia pasó a ser conocida como Navarrazo y todo sucedió bajo el visto bueno del presidente Perón.

Volviendo al 2013, la Bonaerense participó de los levantamientos en forma muy parcial y localizada porque el entonces gobernador Scioli se adelantó y entregó muchísimo antes del posible estallido. No sólo la financió y les aumentó el sueldo un 82,3%, también armó y fortaleció toda su estructura convirtiéndola en un verdadero ejército de casi 100.000 hombres y mujeres con cada vez más autoridad (1).

Hoy esa policía se levantó por demandas salariales y por mejores condiciones, envalentonadas por el peso y el lugar que le dieron tanto Sergio Berni como Kicillof aunque nunca la controlaron políticamente. También habría un punto de impunidad en forma unida aunque sin un vocero claro. Lo hace, como muestra la historia, en un momento crítico que expone su funcionamiento represivo: la participación en el asesinato de Facundo Castro, el crecimiento de los casos de gatillo fácil, la persecución de los jóvenes en los barrios, casos de abuso de poder y también la disminución de la “caja extra” producto de la crisis económica y la cuarentena. Todo esto bajo un gobierno debilitado.

Ceder a este chantaje, como se hizo a lo largo de todas las experiencias históricas rescatadas en esta notas, no hace más que acrecentar su poder, su autonomía y su impunidad. Además consolida un discurso de derecha que va a afectar directamente a la clase trabajadora y a los sectores populares porque lo que se termina fortaleciendo en los hechos es el aparato detinado a reprimirlos.

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Los policías no son trabajadores sino que justamente sirven para reprimir a los que sí trabajan y a los sectores populares. Son la cara visible del Estado que quiere controlar a los pibes pobres que cuestionan la autoridad a través de la militarización barrial. Por todo esto, los gobiernos ceden rápidamente a las demandas policiales, porque son un instrumento esencial de dominación.

Por eso la sindicalización de las fuerza no sólo aumentaría la confusión sobre su propia naturaleza, dando a entender que sí trabajan sus miembros, sino que en países donde la policía tiene sindicatos se demostró que reprimen en mejores condiciones, porque tienen una organización que los respalde y les garantice la impunidad a sus miembros, creciendo más aún sus intereses corporativos.

Apoyar sus motines y sus reclamos sería en la práctica avalar mejores condiciones para la represión en momentos donde la conflictividad social va creciendo a pasos agigantados. ¿Acaso los medios ahora van a ponerse del lado de los trabajadores que se organicen y salgan a las calles a manifestarse como lo hicieron estos días con los azules? ¿Van a defender al personal de Salud que no recibió un peso de aumento y están en la verdadera línea de fuego hoy en día, los docentes, los trabajadores de servicios y fábricas que despiden?

¿La Policía se va a negar a reprimir la protesta? ¿Va a rechazar participar del desalojo a 2500 familias que no tienen absolutamente nada y tomaron un pedacito de tierra en Guernica? No van a hacerlo porque sería negar su propia función social y la clave de esto es que: policía que reprime contento sin dudas brinda un mejor servicio que uno que no lo está. De hecho ya empezó con el desalojo de las familias en San Fernando.

Así que después de semejante puesta en escena y de que el gobierno acepte las demandas, las fuerzas empoderadas continúan un nuevo camino de impunidad que tenemos que rechazar y repudiar con todas nuestras fuerzas.

1. Scioli sumó cerca de 40.000 agentes provinciales que durante la gobernación de Maria Eugenia Vidal pasaron a formar parte oficialmente de la Bonaerense.