La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa realizarán durante tres semanas protestas y ollas populares reclamando la aplicación de la Ley de Emergencia Alimentaria.
Jueves 16 de noviembre de 2017
Fotografía: Telam // Luciana Granovsky
Los movimientos sociales integrados por estas tres organizaciones realizarán durante tres semanas protestas y ollas populares en diferentes sitios reclamando por la aplicación de la Ley de Emergencia Alimentaria.
El reclamo surge, en principio, no solo porque la ley aprobada todavía no se implementó sino además porque en las últimas horas se dieron a conocer las cifras del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana que indican que, durante el segundo semestre del año hubo “un aumento del 43 al 48 por ciento de los índices de malnutrición en niños, niñas y adolescentes que concurren a comedores comunitarios”.
En este punto específico los dirigentes que representan a estas organizaciones sociales le están exigiendo al gobierno nacional una suma cercana a los 10 mil millones anuales para cubrir a este sector extremadamente vulnerable. Esta partida debería incorporarse a la suma prevista en la ley.
En diciembre pasado, estas tres organizaciones pactaron con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que además de declarar mediante la ley la “emergencia social”, se les otorgara una partida de 30 mil millones para ser distribuídos durante los próximos tres años.
Es importante señalar que el acuerdo, que posteriormente se transformó en ley, tuvo una cláusula que actuó como requisito y por el que tanto la CTEP como el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa garantizaban la “paz social” renunciando a realizar durante los tres años siguientes cualquier reclamo.
El gobierno nacional intenta a como de lugar mantener “contenida” la protesta de estas organizaciones sociales. Es por eso que se ocupó especialmente de aclararles que si bien no se pagará bono de fin de año ni para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, ni para los jubilados y estatales, la medida no los alcanzaba.
Desde la CTEP ratificaron que pese a este anuncio mantendrán las movilizaciones. Sostienen que el aguinaldo para los trabajadores de la economía social ya estaba acordado, y por lo tanto su plan de lucha apunta directamente a conseguir medidas de fondo para el sector.
Gildo Onorato, secretario de políticas sociales del Movimiento Evita, refiriéndose a los anuncios de reformas laborales que hizo el gobierno, indicó al diario Página12 que: “el Gobierno, al anunciar las reformas, tampoco tuvo la capacidad de pensar una agenda social, y en este marco queremos reclamar un paquete de leyes para nuestro sector. A fines de noviembre o principios de diciembre vamos a hacer una marcha masiva del conjunto de los movimientos sociales”.
Básicamente el paquete de normas propuesto tiene varias aristas. Una es generar trabajo a partir de la urbanización de villas, con obras para el acceso a la electricidad, gas y agua. Otra es fortalecer la agricultura familiar mediante chacras y finalmente la creación de algún organismo social capaz de ocuparse de las necesidades de los sectores vulnerables e indigentes.
Si bien el plan es permanecer durante tres semanas en las calles, y finalizar con una gran marcha, en la que afirman que participarían cerca de 100 mil personas, no hay que descartar la posibilidad de “algún acuerdo”. Ya que como dice el dicho popular no hay dos sin tres.
