Mientras la Fiscalía penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal investiga las causas de muerte de 25 niñas y niños de comunidades originarias entre enero y febrero últimos, caciques vienen informando que en marzo fallecieron por lo menos 9 más. El fiscal Pablo Cabot imputó a una funcionaria.
Miércoles 8 de abril de 2020 23:42
En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus y el dengue, en Salta se siguen sucediendo las muertes de niñas y niños de las comunidades originarias por desnutrición. Además, el pasado domingo un adolescente de 18 años falleció deshidratado y abandonado, según informó el cacique de la comunidad wichí La Puntana, Pablo Solís. Expresión de las pésimas condiciones de vida de las poblaciones originarias: sin acceso al territorio, sin derecho al agua potable y a la salud, ni a la tarjeta Alimentar o al bono de $10.000 que decretó el Gobierno de Alberto Fernández. Problemas que se multiplican y profundizan mes a mes, gobierno tras gobierno.
Funcionaria imputada
En total suman 25 las muertes de niños y niñas cuyas causas investiga la Fiscalía penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal. Relacionadas a la desnutrición o deshidratación y que se dieron entre los meses de enero y febrero en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán.
En ese marco es que Cabot tiene bajo investigación la causa por la que murieron 13 menores en el mes de enero, en la zona del Chaco Salteño, al tiempo que imputó esta semana a la Coordinadora de la Niñez (Formación de desarrollo integral), en Santa Victoria Este, tras la muerte de dos hermanitos wichís de la comunidad Vertientes Chicas.
Según la fiscalía, luego de la muerte del más pequeño, la funcionaria no arbitró los medios pertinentes para que la niña de 5 años fuese asistida de inmediato. Por ende, incumplió con los deberes de funcionaria pública. Recordemos que en torno a este caso el Gobierno de Gustavo Sáenz responsabilizó, encima, a las propias familias wichís por abandono. Una muestra más del carácter racista del Estado.
Asimismo, según sostuvo la directora de Salud Materno Infanto Juvenil del Ministerio de Salud Pública, Susana Velazco, otros 12 niños originarios fallecieron durante el mes de febrero. Algo que también investiga Cabot.
Por otra parte, como venimos informando desde La Izquierda Diario, caciques de diferentes comunidades de Tartagal y Santa Victoria Este denunciaron que en marzo fueron 9 las muertes de niñas y niños por desnutrición.
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Es imprescindible que tanto el Gobierno nacional como el provincial lleven adelante medidas para revertir esta situación de miseria para las comunidades que es histórica. Empezando por garantizar el acceso al agua potable, un derecho negado a 9.000.000 de personas en todo el país, y la asistencia social de forma urgente. Y que los módulos alimentarios y toda la ayuda no sólo lleguen de una vez a las comunidades si no que, a su vez, sean controladas por sus propios integrantes. Y no por los punteros del PJ que, según denuncian desde las comunidades, se quedan con los bolsones y los distribuyen a su gusto.
