FAVORES A LOS MISERABLES. Los números fiscales de Morales no cierran y ganan los mismos de siempre

La recaudación provincial de abril fue de 444 millones de pesos según el informe de la oficina de Rentas. La diferencia entre la recaudación acumulada efectiva y la proyectada fue de -150 millones, una caída de 5,6%, considerando que fue el mes donde la paralización de la actividad económica fue muy amplia por las medidas de cuarentena.

Por otra parte, la provincia en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 25.917, informó a la Nación de un superávit de $ 1.596 millones acumulado a marzo de este año. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, en conferencia del COE (20/4) adujo esperar un déficit cercano a los $ 1.376 millones en abril. Este fue un argumento central en los fundamentos para que la Legislatura, con el voto del oficialismo y de la mayoría del PJ, acepte aumentar el endeudamiento en $ 6.000 millones este año.

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La pregunta que ya hemos formulado en este medio, vuelve a ser más evidente que antes, ¿Hacía falta desdoblar los salarios de los empleados públicos en mayo? ¿Efectivamente no hay fondos para la asistencia social? ¿Estamos a la “parrilla” como le gusta decir al Gobernador?

Los mismos números oficiales muestran que, si bien los efectos de la crisis económica agravados por las medidas de cuarentena ante el covid-19 repercuten negativamente en la recaudación fiscal, la situación no es la que ofrece el gobierno en los medios. Alertamos que se busca graficar un hipotético escenario de catástrofe con el cual se intenta justificar que no haya paritarias como tampoco un aumento sobre el gasto social del Estado dirigido afectando a los más necesitados que están pasando hambre.

Los efectos del Consenso Fiscal

Como decimos el covid-19 agravó la situación fiscal de la provincia y de todo el país, aunque vale recordar que el desfinanciamiento de las cuentas públicas tiene como responsable al Consenso Fiscal firmado por el gobernador Morales y el ex presidente Macri. El mismo implicó una reducción impositiva progresiva a partir de 2018 en impuestos como ingresos brutos que representan más del 80% de la recaudación de origen provincial. A esto se sumó el efecto de la recesión que comienzó en abril de 2018 con una caída sistemática de la actividad económica y, por ende, de la recaudación fiscal (Gráfico 1).

Ganadores eternos

El Consenso Fiscal que llevó al Estado provincial a perder recaudación, a su vez, permitió que las grandes empresas paguen menos impuestos. A modo de ejemplo, en el caso que estas empresas que operan en la provincia tributaran en la misma, el grupo Ledesma, Cooperativa de Tabaco de Jujuy, Alliance One, Massalin, entre las principales empresas de las cuales se posee información sobre su facturación dejaron de pagar impuestos (ingresos brutos) por más de 710 millones (en 2018) y 776 millones de pesos en 2019, cuando las alícuotas de ingresos brutos para "elaboración de productos alimenticios" pasaron de 3,5 a 1,6 y 1,5 por ciento respectivamente. (Gráfico 2 y 3).

Además las mineras por Ley N° 5290 (año 2001) no pagan ingresos brutos. En el caso de Sales de Jujuy que facturó 4015 millones en 2018 podría haber aportado impuestos por $ 140 millones y minera El Aguilar que facturó 2600 millones en 2018 podría aportar 100 millones de pesos. Sin embargo, la decisión del Estado y las fuerzas políticas del bipartidimo (UCR y PJ) las eximen de este tipo de obligaciones fiscales, entre otras.

Afectar los intereses de grandes empresarios y terratenientes

Por el contrario, a la ratificación del Consenso Fiscal para los años 2018 y 2019 como firmó el Gobernador con Alberto Fernández –y que la Legislatura se apresta a convalidar en el día de hoy-, es necesario afectar las ganancias e intereses de los grandes empresarios y terratenientes como propone el bloque de diputados del PTS en el Frente de Izquierda.

En el proyecto de Ley presentado a la Legislatura sostienen volver a las alícuotas -previas al Consenso Fiscal- de impuestos provinciales que recaen sobre grandes empresas y los terratenientes, y con lo recaudado se podría financiar el gasto en ayudas sociales a las familias sin ingresos y los materiales sanitarios necesarios para hacerle frente a la pandemia. Estas medidas son parte del proyecto que presentaron en el Congreso los diputados Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, para gravar con un impuesto extraordinario a las fortunas de millonarios como es el caso de la familia Blaquier del ingenio Ledesma entre otros dueños del país. De esta manera se pueden financiar políticas de emergencia social y sanitaria como parte de preparar la movilización en las calles para enfrentar la catástrofe social y económica que los empresarios y gobiernos empiezan a descargar sobre las espaldas de la clase trabajadora.