Estudiantes secundaries, trabajadores mineros y con turnos en faena, además de les contagiados con Covid- 19 y contacto estrecho, no podrán votar en el plebiscito de este 25 de Octubre.
Domingo 25 de octubre de 2020
Durante esta jornada de domingo, en todo el país se está llevando a cabo la votación del plebiscito, para decidir un cambio en la constitución, un proceso que en todas partes y todas las personalidades tildan de democrático y abierto para que se exprese la voz de millones.
Lo cierto es que existen miles que quedaron fuera de este proceso, y ni siquiera tendrán el derecho de poder votar en esta jornada. Este es el caso de los estudiantes secundaries, los cuales fueron vetados por medio del acuerdo por la paz y nueva constitución, cuando fue precisamente en la cocina de los partidos tradicionales y con sectores del frente amplio, que decidieron dejar fuera de todo este proceso a quienes saltando los torniquetes despertaron a todo un país, ya hace un año.
Para quienes quieren dejar intactos los pilares fundamentales que sostienen la herencia de la dictadura como la educación y salud de mercado o las AFP, les conviene que quienes encendieron la chispa de la revuelta no tengan voz ni voto en este proceso constituyente para mantenerlo lo más controlado posible.
Los otros que quedaron fuera, son las y los trabajadores mineros que corresponden a más de 110 mil personas, al igual que otros y otras trabajadores de faenas, relacionados con la minería o la agricultura como son temporeros y temporeras, que trabajan por medio de jornadas extraordinarias, y les es imposible movilizarse a los lugares de votación, mientras en el conjunto de los medios de comunicación pregonan el que se vaya a votar, cuando existen estos sectores al igual que quienes se encuentran contagiados y contagiadas con covid-19, que derechamente se les niega la participación.
Uno de los mecanismos, que podría implementarse para estos casos sería el voto electrónico, en donde analistas, abogados y cientistas políticos que se ha referido a tema, lo ven como una salida viable para implementar en casos como estos, pero se encuentran con el argumento legal, sobre todo el que presentan desde el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, de que realizar esto no posee “garantías constitucionales”.
Lo cierto es que, esta política de dejar fuera a miles es completamente consciente por parte del régimen político, mientras en los medios de comunicación destacan la necesidad de la “participación”, en los hechos son cientos de miles quienes quedan fuera.
