En la 12va Sesión Ordinaria, por unanimidad, la Legislatura de Jujuy aprobó un proyecto de ley presentado por el obrero de recolección y diputado del PTS-FIT Alejandro Vilca, por el cual se establece el día 2 de octubre como Día del Obrero de Recolección.
Viernes 5 de octubre de 2018 21:45
La norma aprobada como Ley Nº 6087, presentada por el diputado Alejandro Vilca del PTS-FIT, adhiere a la Ley Nacional Nº 24.854, aprobada en el año 1997, por la cual se establece el día 2 de octubre como Día Nacional del recolector de residuos. De esta manera se concreta un anhelado reconocimiento a las duras tareas que realizan uno los trabajadores de este sector de la actividad pública y privada en toda la provincia de Jujuy.
En diálogo con este medio Vilca aseguró que “este es un anhelo y un reconocimiento a la dura tarea que realizamos día a día, en condiciones adversas por el clima, por la falta de equipamiento adecuado. En muchos municipios todavía se sigue sufriendo la falta de camiones compactadores, y condiciones de trabajo precarias. Este es un paso que reivindica nuestra tarea pero no es el fin. Vamos a seguir organizando a los compañeros para lograr el pase a planta permanente de todos ellos, para conseguir un régimen de jubilación acorde a la tarea insalubre y tantas demandas incumplidas por las patronales y los gobiernos.”
De igual manera el pleno de la Cámara aprobó la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.306 por la que se declara el Interés Nacional al Abordaje Integral e Interdisciplinario de los sujetos que presentan dificultades. Una medida para los niños y adultos que presentan problemas pero que a todas luces contrasta con los recortes de recursos en el área de salud que presenta el proyecto del presupuesto nacional.
Repudio a las amenazas a Myriam Bregman y Nicolás del Caño
Días pasados, en el marco de los preparativos del contundente paro nacional, el diputado nacional del PTS-FIT Nicolás Del Caño y la legisladora porteña Myriam Bregman fueron amenazados e intimidados vía telefónica y por mensajes. La Cámara votó y aprobó un proyecto repudiando las amenazas a los legisladores.
De igual manera y en el mismo sentido se declaró el repudio al ataque intimidatorio que sufrió la vivienda de la madre de un legislador del Bloque Justicialista en la localidad de Caimancito.
En las cuestiones previas al Orden del Día el diputado Eduardo Hernández del PTS-FIT manifestó la preocupación del conjunto de los diputados de su bloque ante la grave situación por la que vienen pasando los estudiantes y padres del Colegio Nº2, más conocido por su antiguo nombre “Nacional 2”, dado que por las obras de refacción del establecimiento estos serían trasladados a una vieja casona ubicada en el Barrio Norte de la ciudad capital.
Al respecto Hernández manifestó “hicimos este planteo en la Cámara porque no salimos del asombro de la manera en que se manejaron las autoridades ministeriales con los estudiantes y los padres y docentes del colegio. Están sufriendo un maltrato constante porque el operativo encarado por los funcionarios estuvo plagado de improvisaciones. No notificaron a los padres de todo este movimiento y lo que ello representaba. Sabemos que no vamos a encontrar un inmueble con las características de un colegio a la vuelta de la esquina pero de ahí a llevarlos hacinados a una vieja casona que a dichos de las mamás que llegaron a lugar, no cumplen las mínimas condiciones de habitabilidad, es intolerable.”
En otro pasaje de la sesión la Diputada Natalia Morales mocionó que se vote sobre tablas un Proyecto de Declaración de su autoría para rechazar la Resolución nacional por la que se ordena un reempadronamiento de los beneficiarios de pensiones por discapacidad y por la cual peligra el pago de este beneficio a muchos beneficiarios que vienen cobrando. El tratamiento del mencionado proyecto fue bloqueado por el Presidente del Bloque Oficialista, Alberto “Piki” Bernis que se refirió tildando al mismo de falaz ya que a su entender el citado reempadronamiento no quitaría los beneficios. Visión que se contradice con la numerosa movilización de beneficiarios que se desarrolló durante la mañana del día previo a la sesión y por la cual familiares y beneficiarios junto a distintas organizaciones denunciaron el procedimiento autoritario de los funcionarios que pretenden hacer desaparecer estos derechos aduciendo que existen irregularidades.
