Mientras en Guernica el gobernador Axel Kicillof y sus funcionarios, respaldados por el gobierno nacional, amenazan con la represión a las familias que reclaman tierra para vivir para que acepten abandonar la ocupación a cambio de difusas promesas, los verdaderos usurpadores del país y de sus tierras, los millonarios que monopolizan millones de hectáreas continúan haciendo fortunas como siempre en medio de la crisis y a costa de la miseria de las mayorías populares.

La escasez de dólares en las reservas del Banco Central tiene al país al borde de un salto devaluatorio. El agronegocio y el capital financiero presionan por una suba de la cotización del dólar que redunde en una transferencia de ingresos, en mayor riqueza, en favor de los dueños del país. En contraposición, el saber popular indica que cuando sube la cotización del dólar, aumentan los precios, los ingresos populares pierden poder de compra y la pobreza trepa. En cualquier situación el panorama es dramático, pero en un país donde, según datos del Indec para el segundo trimestre del año, la pobreza afecta al 47 % de la población, un shock devaluatorio sería una catástrofe social dentro de la catástrofe ya existente.

En sus tribulaciones, el oficialismo pasó de la fe en que un acuerdo con los lobos de Wall Street traerá calma en el dólar, a imponer mayores restricciones para la compra de divisas con el “súper cepo”, para finalmente otorgar beneficios a los agroexportadores como ofrenda para intentar que realicen ventas al exterior de la soja sagrada. Pero los dólares no aparecen. El paraíso terrateniente acumula la fuente de dólares en silobolsas, el aglomerado agroexportador no realiza ventas al ritmo esperado por el oficialismo y la crisis se agrava.

Paraíso terrateniente

Karl Marx explicaba que el capitalismo llegó al mundo arrojando sangre y lodo. La acumulación originaria capitalista comprende la separación del productor de sus medios de producción, de vida. “Esta acumulación originaria desempeña en la economía política aproximadamente el mismo papel que el pecado original en la teología” [1], señalaba el revolucionario alemán.

En nuestro país, con sus especificidades distintivas, el proceso histórico de separación, de escisión, de los pueblos originarios, de sus medios de vida comienza con los conquistadores españoles, continúa en distintos episodios como la masacre del militar prusiano Federico Rauch a los indios ranqueles, la campaña de Juan Manuel de Rosas, hasta “el crimen más tremendo de nuestra historia”, como definió Osvaldo Bayer a la Campaña del Desierto de Julio Argentino Roca [2].

A través de la Ley 947 se financió la campaña de Roca para la “traslación de la línea de fronteras a las márgenes de los ríos Negro y Neuquén”. De las tierras robadas a los pueblos originarios, José Martínez de Hoz adquirió a precio vil 2,5 millones de hectáreas. Lo mismo hicieron otros treinta miembros de la Sociedad Rural Argentina a razón de 100 mil hectáreas cada uno. Una minoría violenta de unos 600 propietarios se quedaron con todo el territorio usurpado.

Ese robo originario sobrevive en el latifundio terrateniente del presente. En la Patagonia, el italiano Benetton tiene 900 mil hectáreas, una superficie catorce veces mayor que la de Singapur, según comparaba Osvaldo Bayer. El “contratista” K, Lázaro Báez, posee unas 600 mil hectáreas [3]. El norteamericano Douglas Tompkins otras 400 mil hectáreas. A la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang le fueron cedidas 330 mil hectáreas. El amigo de Alberto Fernández, Hugo Sigman, también posee 200 mil hectáreas (y otras 75 mil en San Luis) [4]. Tierra pródiga en amigos, el amigo del expresidente Mauricio Macri, el magnate británico Joe Lewis, posee otras 20 mil hectáreas, una superficie 200 veces mayor al predio recuperado por las familias en Guernica. Son solo algunos ejemplos. Hay varios más de multimillonarios extranjeros que poseen grandes extensiones en territorio patagónico robado a los pueblos originarios.

El último Censo Nacional Agropecuario de 2018, registró en todo el país 228 mil explotaciones agropecuarias con límites definidos y mixtas que gestionan 157 millones de hectáreas. De ese total, existen 5.678 explotaciones con más de 5.000 hectáreas (el equivalente a un cuarto de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires) que gestionan 80 millones de hectáreas: es decir, el 2 % del total de las explotaciones gestionan el 51 % de las hectáreas en producción. Aún así, es probable que la concentración sea mayor debido a que el relevamiento censal no registra propietarios, sino explotaciones, y muchas de ellas pueden pertenecer a un mismo dueño. En treinta años, desde el Censo de 1988 hasta el de 2018, desaparecieron el 41 % de las explotaciones: los expertos afirman que se trata de desaparición de chacras y familias del campo debido al avance del agronegocio [5]. Más de 33 millones de hectáreas están implantadas con algún cultivo: casi el 70 % corresponden a cereales (maíz, trigo, etcétera) y oleaginosas (fundamentalmente soja, pero también girasol).

La expansión de la soja comenzó en la década de 1970, pero se consolidó en los noventa gracias a los servicios del actual canciller Felipe Sola, quien como secretario de Agricultura de Carlos Menem aprobó la semilla transgénica (soja RR), que se utiliza asociada al glifosato. Un informe del Ministerio de Economía indica que en la soja se destaca un pequeño grupo de gran escala que realiza el 50 % de la producción:

ocupan el rol de gerenciadores de los medios de producción de terceros, a través de un modelo de organización de la producción basado en una red de contratos, que consiste en arrendamiento de tierras ajenas, alquiler de equipos y maquinarias, uso masivo de nuevas tecnologías de proceso como la siembra directa y el doble cultivo anual, y nuevos paquetes de insumos en base a semillas genéticamente modificadas, herbicidas asociados y fertilizantes [6].

Uno de esos gerenciadores de medios de producción es la empresa Grobocopatel Hermanos con sede en Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires. Brinda servicios de comercialización y acopio de cereales y oleaginosas a través de tres centros en Carlos Casares, Laplacette y Junín, con capacidad para 180 mil toneladas; provee agroquímicos y fertilizantes con “depósitos ubicados estratégicamente”; distribuye combustibles y lubricantes; y produce semillas. Recientemente, la empresa explicaba que se “necesitan tres ‘dólares soja’ para comprar un dólar auténtico”: la comparación refiere a que el “dólar soja”, a tipo de cambio oficial menos las retenciones, se ubica en $ 57,8, mientras el “blue” o paralelo se ubica por encima de $ 170. A la vez, explican los Grobo, el beneficio de rebaja de retenciones que otorgó el Gobierno el 1 de octubre se diluyó con la disparada del “blue” [7]. Son insaciables en su sed de acumular cada vez más.

El modelo de agronegocios contaminante del medio ambiente produce bajo el régimen de Bayer, Nidera y Monsanto. El investigador del Conicet, Pablo Wahren, explica que la dinámica local no puede ser escindida de las transformaciones globales en el agro y que las “firmas multinacionales fueron y son protagonistas de dicho proceso a través de diversas vías”. Señala cuatro factores que dan cuenta de ese protagonismo: la difusión del nuevo modelo basado en el paquete tecnológico; acaparan las principales capacidades de innovación y regulatorias en la perspectiva de desarrollo de nuevos productos; concentran el mercado de semillas y agroquímicos (por producción directa o cobro de regalías); detentan el control sobre los comercios locales [8].

Dentro de la cadena de valor del agronegocio existe una disputa por la renta agraria que se expresa, por ejemplo, a través de la discusión sobre una nueva ley de semillas que no termina de germinar. Justamente, en el segmento de producción de semillas transgénicas están tratando de hacer pie Hugo Sigman y Grobocopatel, accionistas de Bioceres, que a través de un convenio con el Conicet se está apropiando de los desarrollos en biotecnología en relación a especies resistentes a la sequía [9].

Oligopolio privado

El informe antes citado del Ministerio de Economía también señala una fuerte concentración en la industria procesadora de la soja que, además, en la mayoría de los casos “posee plantas de almacenamiento de granos y terminales portuarias propias, para la comercialización y exportación de granos, aceites y harinas proteicas”. En el primer semestre del año, según datos del Indec, el 52 % del total exportado por el país lo explican los sectores oleaginoso y cerealero. Las ventas externas están dominadas por un oligopolio privado, mayormente extranjero: Cofco-Nidera-Noble (China), Cargill (EEUU), ADM-Toepfer (EEUU), Bunge (EEUU), AGD (Argentina), Vicentin (Argentina), Oleaginosa Moreno-Glencore (Suiza), LDC (Francia), ACA (Argentina), Molinos (Argentina). El 60 % de esas ventas externas de cereales y oleaginosas, y sus subproductos, son realizadas por el capital extranjero.

Estas empresas controlan los principales puertos de exportación, donde los organismos de control, como la Aduana, actúan como visitantes, casi pidiendo permiso. De este modo, tienen facilidades para realizar todo tipo de maniobras como las que ejecutaba Vicentin: evasión de impuestos, subfacturación de exportaciones, no liquidación de dólares al Banco Central. Así, la principal fuente de divisas del país es ajena al control del Estado.

No solo el agronegocio está dominado por el capital extranjero, sino el conjunto de la estructura económica argentina. De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE) que elabora el Indec, en 2018, de las 500 grandes empresas del país, 313 tienen participación extranjera. Entre las grandes, el capital foráneo explica el 78 % de la facturación, el 80 % de las ganancias, 82 % de las exportaciones y el 85 % de las importaciones.

Extractivismo

Mauricio Macri tenía el sueño de convertir a la Argentina en el “supermercado del mundo”. Para eso bajó retenciones y dio todo tipo de beneficios a los agronegocios. Y se ilusionó con una “lluvia de inversiones” mineras. El Gobierno de Alberto Fernández, en palabras del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, prometió en campaña electoral honrar la deuda con los dólares que se obtengan del desarrollo del fracking de Vaca Muerta y de la megaminería contaminante. En el extractivismo no hay grieta: no importa destruir el medio ambiente para honrar la deuda externa. Esa deuda eterna que pegó un salto en cantidad y calidad gracias a los servicios de otro Martínez de Hoz, José Alfredo, heredero del expropiador de tierras, que como ministro de Economía de la última dictadura cívico militar, fue quien entregó el país servido al capital financiero internacional y al FMI.

El biólogo Guillermo Folguera destacó en un reciente diálogo que el problema de la vivienda está vinculado directamente con las formas de producción. Dijo que

A lo ancho y largo del país tenemos una forma particular de usar los territorios, no de vivirlos, que es reventarlos. Es una forma particular, es una lógica de transferencia de nuestros recursos y la salud de nuestros cuerpos directamente para beneficio de determinados sectores, en general internacionales, pero tenemos los propios. ¿O cómo entendemos si no es con los propios la reciente aprobación, mediante Bioceres, del trigo con resistencia a sequía y glufosinato de amonio, uno de los tantos quiosquitos que tiene el conocido Hugo Sigman?[[Charla “Diálogos sobre la crisis: una mirada en torno a la situación económica, ecológica y habitacional”].

El biólogo se refería a la aprobación, a través de la Resolución 41/2020 del Ministerio de Agricultura del día 7 de octubre, del trigo transgénico HB4 que comercializará Bioceres en Argentina. Como se dijo, esta empresa tiene como accionistas a Grobocopatel y Hugo Sigman, que también busca lucrar con la vacuna para el Covid-19, mientras impulsa –vía Biogénesis Bagó– el acuerdo con China para la instalación en el país de megagranjas porcinas con potencial pandémico y altamente contaminantes. La nueva Ley de Economía del Conocimiento establece beneficios a las empresas de biotecnología ligadas al agronegocio. Una de las principales impulsoras fue la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), donde pisa fuerte Sigman. Extractivismo nacional y popular.

Folguera afirmó que se trata de un proyecto demográfico que expulsa comunidades rurales y de pequeños poblados a los grandes centros urbanos, a los sectores de pobreza de los centros urbanos: “Guernica es la exposición de eso”. Allí, al igual que en todos los bolsones de pobreza, se encuentran primeras, segundas o terceras generaciones de gente que es expulsada de sus territorios. Es la expresión en estas pampas de un proceso global, como explicó Rob Wallace en una entrevista con Ideas de Izquierda.

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Marx decía que al pecado original de la acumulación originaria se lo cuenta casi como una anécdota del pasado. Como un hecho casi intrascendente. No lo es: vive en el paraíso terrateniente, en el endeudamiento que somete al país a los centros financieros internacionales, en el acaparamiento de dólares por los agroexportadores extranjeros y nacionales, en el extractivismo que contamina y también en Guernica, donde se trata como extranjeros a trabajadores y trabajadoras que el capitalismo nativo ha desposeído de todo ¿No será hora de dar vuelta la historia?

Expropiar a los usurpadores

La expropiación de la gran propiedad agropecuaria que en la actualidad está concentrada en pocas manos, empezando por las 5.678 explotaciones con más de 5.000 hectáreas y los grandes terratenientes extranjeros, es central para cualquier proyecto de transformación profunda en la organización de la producción. Las tierras expropiadas podrían ponerse en producción en base a un plan agropecuario racional, que diversifique los cultivos y utilice métodos que cuiden el medio ambiente.

Asimismo, permitiría que la producción se organice en función de atender las necesidades de las mayorías populares. No como ahora que se organiza en función de la ganancia, de la exportación, fundamentalmente para alimentar cerdos chinos. La orientación actual de la producción da como resultado una irracionalidad evidente: en un país que produce, supuestamente, alimentos para 400 millones de habitantes crecen la pobreza y la indigencia. La cantidad de habitantes para los cuales se produce alimentos es parte del marketing del agronegocio y se debe tomar con pinzas: asume que la mayoría de la producción es para alimentación humana, pero en realidad el principal destino es como forraje y, en un porcentaje alto, biocombustible. No obstante, indica una potencialidad y, a la vez, una irracionalidad del actual sistema productivo.

La expropiación de los usurpadores abriría la posibilidad de una planificación democrática de la producción, el arrendamiento barato para campesinos pobres y pequeños chacareros que no exploten a peones. Los avances tecnológicos permiten que se pueda desarrollar una agroecología sobre bases sociales no capitalistas para aprovechar la biodiversidad (y no eliminarla, como es norma en el agronegocio capitalista).

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A su vez, el monopolio estatal del comercio exterior permitiría sustraer esa poderosa herramienta de extorsión que tiene el capital agroexportador para imponer una devaluación: implicaría que todos los exportadores entreguen lo que se va a exportar a una institución creada por el Estado, que es la que comercializa y toma la relación con otros países. Con eso se evitarían estafas como las que hizo Vicentin y que es común entre todas las multinacionales exportadoras. En el otro extremo del comercio exterior muchos importadores ficcionan compras para hacerse de dólares baratos. El monopolio del comercio exterior también evitaría el desfalco de dólares en beneficio de un puñado de capitalistas y priorizar, por ejemplo, en momentos como los actuales la importación de insumos médicos o los test del Covid en lugar de bienes de lujo para los ricos. Todo lo que entre y salga del país debe estar en función de las necesidades sociales, de lo que se necesita para vivir. Y tendría que tener un estricto control realizado por los trabajadores sobre los grupos exportadores o importadores, de los puertos y de la aduana.

Se trata de medidas fundamentales que, integradas en un programa anticapitalista y antiimperialista, que comprenda el no pago de la fraudulenta deuda externa y la ruptura con el FMI, permitirían una reorganización general de la economía bajo la dirección de la clase trabajadora.