Sigue la polémica por los violadores de San Fermín: un abogado exmiembro del partido de extrema derecha Fuerza Nueva asumió su defensa. Finalmente renunció al caso al hacerse público su historial.
Viernes 14 de octubre de 2016
El abogado era nada más y nada menos que un exmiembro de la formación ultraderechista de Fuerza Nueva, que había sido condenado a ocho meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas y también por quemar una sede sindical de CCOO, años atrás. Este tipo de perlas son las que se escogen para asumir la defensa de agresores sexuales, una muestra más de que la extrema derecha y el machismo brutal van de la mano.
A pesar de que finalmente el abogado renunciase al caso después de que se hiciera público su “magnifico” expediente, este no es un hecho de menor importancia, sino un síntoma de lo que se puede llegar a permitir en esta justicia patriarcal.
Porque este no ha sido el único escándalo, parece ser que por la “legítima defensa” de los agresores todo esté permitido. Así lo pudimos ver en las declaraciones que hizo uno de los abogados de los acusados en el canal de televisión Telecinco hace menos de un mes. Cuestionó y humilló a la víctima con argumentos que banalizan y naturalizan la violencia sexual alegando que a “Sanfermines se viene a beber, ligar y tener relaciones”.
El constante cuestionamiento de las víctimas y la complicidad de las instituciones
Hace pocas semanas 4 de los 5 violadores fueron acusados de una nueva agresión sexual al localizar otro vídeo en sus teléfonos móviles. La víctima, una chica cordobesa de 21 años, fue sedada por la famosa burundanga, una sustancia química usada frecuentemente para adormecer a las mujeres y posteriormente agredirlas sin dejar pruebas. En su momento la joven contó lo ocurrido a un agente de la Policía Municipal que no le creyó, así que nunca llegó a denunciarlo.
La complicidad de los cuerpos policiales ante la violencia machista es evidente. No hace falta recordar que entre los acusados de la violación de San Fermín se encuentra un Guardia Civil y un militar.
Es habitual que en el momento de denunciar los agentes no crean lo que dicen las mujeres o sencillamente relativicen y normalicen lo ocurrido como algo menor. Otra muestra de ello es lo que le sucedió a la concejala de la CUP de Barcelona, Maria Rovira, que después de haber denunciado una agresión a los Mossos de Esquadra le dijeron que “estas cosas pasan” y que “si le hubieran intentado robar el delito seria mayor” .
A la vez los procesos judiciales son eternos e incluso traumáticos para las víctimas, ellas son constantemente cuestionadas, tienen que declarar una y otra vez sobre la agresión y se les exige un sin fin de pruebas. Incluso se llega a culpabilizarlas, como ocurrió con el famoso caso de la jueza que le preguntó a una mujer “si había cerrado bien las piernas” mientras estaba siendo violada. Esto provoca que muchos de los casos sean archivados mientras los agresores quedan impunes.
Actualmente los cinco violadores de San Fermines siguen bajo prisión provisional, los vídeos de las agresiones parecen ser pruebas fundamentales para el caso. Sin embargo, el proceso sigue abierto y a pesar de que en los mismos se vea explícitamente la brutal violación, los letrados de los acusados siguen sosteniendo que fue una relación consentida.
Según los datos oficiales durante el año 2015 1.227 mujeres fueron violadas, lo que supone una violación cada 7 horas. Y más de 9.000 mujeres sufrieron otro tipo de agresiones sexuales. Datos realmente estremecedores, sin embargo se trata de los casos que se denuncian que son minoría - según la Fundación Aspacia solo representan un 20%. Muchas no denuncian por miedo o vergüenza, o para evitar un proceso largo y agotador que probablemente no sirva de nada. Y es que para nada se podemos confiar en las instituciones propias de un sistema que legitima y se retroalimenta de la misma opresión y violencia contra las mujeres.
