La última semana comenzó con el intento de Dilma Rousseff de compartir con el Congreso nacional la responsabilidad por los próximos pasos del ajuste fiscal y, de este modo, intentar aliviar el desgaste sin fin de su gobierno. Tal maniobra tomó cuerpo cuando el gobierno presentó al Senado la propuesta presupuestaria del 2016 con previsión de un déficit de R$30 billones. A partir de ahí, Dilma salió a afirmar que el gobierno ya había recortado todo lo que era posible sin afectar programas sociales y señaló la intención de resolver el rumbo de las cuentas de gobierno a través del aumento de impuesto, considerando el regreso del impuesto al cheque (CPMF).
Martes 8 de septiembre de 2015
Al mismo tiempo, Dilma lograba, aparentemente, una tregua temporaria de los ataques provenientes de la Cámara de Diputados. Obligado a reconocer que su confrontación abierta con el gobierno no era muy táctica en un momento en que se encuentra sospechado por estar involucrado en la Operación Lava Jato, y es acusado por sectores de la burguesía de actuar en forma irresponsable frente a la magnitud de la crisis, Cunha anunció el retorno de las “relaciones institucionales” con el gobierno.
Sin embargo, lo que parecía ser un respiro rápidamente se transformó en nuevos elementos de crisis. La propuesta de re implementar el CPMF fue ampliamente cuestionada por empresarios y los grandes medios. Horas después Dilma retrocedía. El ministro de Hacienda Levy y los grandes empresarios que respaldan su política de ajustes sintieron que su línea de mayores y nuevos recortes no estaba siendo defendida con la firmeza necesaria por el gobierno y decidieron salir a la ofensiva.
La amenaza de Levy y mayores ajustes
Levy amenazó dejar el cargo en caso de que Dilma no se comprometiera a realizar mayores recortes. Los “analistas” de las agencias de riesgo aumentaron el chantaje y afirmaron que en caso de que el ministro cayera, la pérdida del grado de inversión de Brasil sería inminente. Combinado con la expectativa del aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, que contribuyó a la suba del alta del dólar cerrando la semana en R$3,85, la mayor cotización desde octubre de 2002.
Dilma y la cúpula del gobierno no lo pensaron dos veces y en una reunión de emergencia el pasado jueves 3 le garantizaron al ministro de Hacienda que trabajarían por nuevos recortes presupuestarios y adoptarían la meta de superávit primario de 0,7% reservada para el pago de los intereses de la deuda pública en 2016. Para que no quedaran dudas de quién controla el rumbo del gobierno, el mismo día a la noche, Levy se reunió en la casa de Beto Sicupira, dueño de la cervecería Inbev y de la red Burger King, con otros mega empresarios como los dueños de Itáu Unibanco, Gerdau, Coteminas y Oi para exigir del gobierno su permanencia.
Declaraciones de Temer
Para empeorar la situación de Dilma y el PT, la noche de ese mismo jueves 3, Michel Temer estuvo presente en la cena organizada por una de las líderes de los grupos que piden el impeachment (destitución) de la presidente e hizo declaraciones de que no creía que alguien con solo el 7% de popularidad lograra permanecer 3 años y medio en el gobierno. Aunque todos ya conocen las intenciones del PMDB de abandonar el gobierno, Temer sorprendió hasta la misma cúpula del PMDB que consideró precipitada y nada táctica la declaración de su principal líder.
Una respuesta independiente del gobierno y los patrones
Para los trabajadores y la juventud que vienen sufriendo con el fin de derechos, el desempleo y la inflación, el balance deja aun más claro el evidente consenso que existe entre Dilma Lula, el PT, el PMDB, Levy y los empresarios y partidos de la oposición como el PSDB en profundizar los ataques para que seamos los trabajadores quienes paguemos la crisis.
Aunque el intento de la cúpula del PT de dividir la responsabilidad de los ajustes y adoptar un discurso de minimizar el déficit con el aumento de los ingresos – es decir nuevos impuestos, cuestión que la burguesía dejó bien claro no está dispuesta a admitir -, incluso con esta alternativa serían los trabajadores los que pagarían las cuentas. La situación del gobierno sigue indefinida y la crisis política y económica se acentúa diariamente. Con la dinámica de ruptura del PMDB cada vez más pronunciada, la continuidad del gobierno parece mantenerse en la medida que los principales sectores de la burguesía nacional entienden que una mayor inestabilidad política puede afectar el ajuste en curso contra los trabajadores.
Frente a este escenario y las perspectivas que se dibujan en la coyuntura nacional, es necesario para las organizaciones de izquierda y el movimiento obrero avanzar en articular una alternativa para responder a la crisis. La marcha nacional convocada para el próximo 18 de septiembre debe ser un primer paso en este sentido.
