Este domingo 20 de febrero se llevará a cabo una nueva audiencia de “acción de libertad” para Jeanine Áñez. La presencia en el país del relator de la ONU, Diego García Sayán, en medio de una profunda crisis del corrompido aparato judicial, es el escenario en el que Áñez aprovecha para buscar salir en libertad y deslindarse de su responsabilidad en el golpe de Estado y las masacres. Mientras tanto las familias y víctimas del golpe siguen bregando por justicia.
Domingo 20 de febrero de 2022
El viernes 20 de febrero, tras una audiencia de “acción de libertad” para Áñez, el juez Franklin Siñani había ordenado que se traslade a la ex presidenta de facto al Hospital de Clínicas ya que su salud estaría deteriorada porque venía realizando una huelga de hambre.
Este anuncio motivó una concentración espontánea en puertas de la cárcel de mujeres, ubicada en la zona de Miraflores, en repudio a su traslado al hospital sobre la base de una acción de libertad. Pese a los intentos de desalojo por los denominados pititas y la policía, la protesta consiguió que Áñez no logrará salir de la cárcel ante el temor, de que aprovechando esa salida, pueda fugarse o que su hospitalización sea un paso para quedar en libertad. Temor que se fundamenta en el hecho de que hace unas semanas salió a la luz la brutal corrupción del aparato de justicia desnudándose consorcios entre policías, jueces, fiscales, hasta médicos y trabajadores sociales, que dejaron en libertad a feminicidas, asesinos y violadores con sentencia.
La protesta detonó que el juez que había ordenado la salida de Áñez revierta la instrucción y en cambio determine que sea atendida en el penal. Sin embargo, Áñez no solo que rechazó ser atendida por los médicos en el penal sino que solicitó una nueva audiencia de acción de libertad para este domingo 20 de febrero a las 14:30 según informan medios de prensa.
Esta acción de libertad, comparada con la sistemática suspensión de audiencias de la amplia mayoría de la población, manifiesta el privilegio de clase que la “justicia” ofrece a los ricos y a los crímenes de Estado, mientras las víctimas de la masacre del golpe de Estado del 2019 continúan exigiendo justicia por los torturados, asesinados y perseguidos políticos durante el gobierno de facto.
La movilización de protesta contra Áñez fue sostenida por familiares, víctimas y autoconvocados, a pesar de la campaña mediática que trató de desprestigiar este accionar, sindicándolo de "masistas". Son más de dos años desde el golpe y las familias siguen pidiendo justicia.
Por su parte el MAS, que tiene en sus manos la “justicia”, solo hace gala de “errores procesales” que favorecen a los responsables del golpe y las masacres lo que hace evidente su interés conciliador con los golpistas dejando en la impunidad a los principales responsables y desgastando la lucha y los esfuerzos de unidad de las asociaciones de víctimas.
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La presidenta de una de la asociación de familiares, fallecidos, heridos y detenidos de Senkata y Zona Sur, Gloria Quisberth, frente a esta situación señaló:
No podemos permitir que la Señora Áñez salga y tenga muchos privilegios. También es lamentable que su hija diga que a su madre se le está vulnerando sus derechos. Nosotros llevaremos de por vida el dolor, porque nos arrebataron a nuestros seres queridos y los que sufrieron torturas quedarán marcados de por vida.
Paralelamente a esta situación la jornada de este sábado 19 de febrero se realizó una reunión en oficinas de la ONU con el Relator Especial de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, donde los familiares y víctimas de la Zona Sur, Senkata y Sacaba brindaron su testimonio y presentaron una carpeta con toda la información recabada por las víctimas, ya que como denuncian, la justicia boliviana está retardando deliberadamente la atención de estas denuncias haciendo caso omiso al informe emitido por el GIEI. Está reunión se reanudará el lunes 21 a las 8 de la mañana en el ministerio de Justicia.
