El diputado nacional mendocino fue uno de los voceros del proyecto que busca cobrarle la salud y educación pública a extranjeros. De la defensa de Chocobar a la xenofobia abierta
Miércoles 28 de febrero de 2018 13:50
Este martes, un grupo de diputados oficialistas, encabezados por Luis Petri, presentaron un proyecto de Ley para cobrar los “servicios” de salud y educación a extranjeros. Luego de la polémica desatada por un proyecto similar en la provincia de Jujuy, ahora el gobierno nacional quiere nacionalizarlo, profundizando la discriminación y la xenofobia.
Luis Petri, uno de los impulsores, nuevamente se ha puesto en el centro de la escena defendiendo proyectos que buscan profundizar la persecusión y represión hacia el pueblo trabajador; ahora contra los inmigrantes. En declaraciones a TN, Petri defendió su proyecto diciendo que sería "justicia y equidad" cobrarle aranceles especiales a extranjeros que se atiendan en hospitales públicos. “Justicia” contra quienes más sufren la desigualdad y la discriminación laboral. Como dice una nota publicada en este diario, “los migrantes provenientes de los países limítrofes son los más demonizados, cuando son superexplotados en Argentina en los trabajos más precarios e insalubres, como la construcción, el servicio doméstico o los talleres textiles clandestinos. Muchos de ellos trabajan en condiciones de absoluta irregularidad, sin acceso a derechos elementales”.
A Petri no parece preocuparle los Lewis ni los Bennetton, ni la profundización de la extranjerizacion de la tierra en Mendoza, donde por ejemplo en el departamento de San Rafael las propiedades de tierras en manos de terratenientes extranjeros llega casi al 10% de la superficie total y en Malargue se ubica entre el 10 y el 15 %, según el investigador Federico Soria. Lo que le preocupan a Petri son los pobres y trabajadores golondrina que se atienden en hospitales públicos y centros de salud que no tienen recursos por el desfinanciamiento del Estado.
Si bien la propuesta se enmarca en un intento por parte del oficialismo de copar la agenda política y mediática ante la evidente caida de su imagen, Petri no es ningún “novato” ni improvisado en esto de impulsar medidas represivas y discriminatorias. El mendocino se hizo famoso en la provincia por su proyecto de Ley (incluso llamada “Ley Petri”) que recrudecía las penas para personas privadas de su libertad y extendía los alcances de las prisiones preventivas para personas sin condena. Justamente en Mendoza, donde hay un verdadero record de advertencias y sanciones por las condiciones inhumanas del servicio penitenciario y una de las provincias con el mayor índice de personas privadas de su libertad por habitante.
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Luego, y siguiendo su “plan de trabajo” en materia de mano dura, Petri fue uno de los impulsores de la baja de la edad de imputabilidad, lo que le valió un amplio repudio de distintos sectores. En esa oportunidad, uno de los que salieron al cruce del diputado nacional fue el diputado provincial del FIT Lautaro Jimenez, quien retrató al diputado radical con una frase que podría hacerse extensiva a toda su “obra política”: “el legislador no pierde oportunidad en los medios de comunicación, para tratar de instalar la idea de que los enemigos públicos de la sociedad se hallan entre los inmigrantes, los presos, o -insólitamente- entre los niños!”.
Ya metido en la política nacional, con su trabajo ligado al ministerio de seguridad encabezado por Patricia Bullrich, Petri fue uno de los voceros del gobierno nacional en los medios sobre la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Mientras cientos de miles de personas se movilizaban en todo el país por justicia y contra el encubrimiento del gobierno nacional, Petri desfilaba por los principales medios de comunicación defendiendo el accionar de Gendarmería y sembrando dudas sobre la comunidad mapuche.
Luis Petri junto al gobernador Cornejo durante la última campaña electoral
A Petri no parece preocuparle los Lewis ni los Bennetton, ni la profundización de la extranjerizacion de la tierra en Mendoza, donde por ejemplo en el departamento de San Rafael las propiedades de tierras en manos de terratenientes extranjeros llega casi al 10% de la superficie total y en Malargue se ubica entre el 10 y el 15 %, según el investigador Federico Soria. Lo que le preocupan a Petri son los pobres y trabajadores golondrina que se atienden en hospitales públicos y centros de salud que no tienen recursos por el desfinanciamiento del Estado.
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Este año, volvió a su rol de “abogado del diablo” con su defensa del policía Chocobar. En una columna de opinión en el sitio Infobae y distintas entrevistas televisivas, no solo se dedicó a justificar el accionar del policía que asesinó por la espalda a Pablo Kukoc, sino también a advertir sobre los “peligros” de condenar al policía. Desconociendo las contradicciones de Chocobar en su declaración ante la justicia, donde dijo "Disparé porque se venía contra mí y tenía miedo", cuando se ve claramente en el video de las cámaras de seguridad que disparó por la espalda a Kukoc, Petri calificó de “dudosas” las hipótesis de la Sala IV de la Cámara del Crimen que procesó al policía.
Petri, en su defensa “a los tiros” de cualquier miembro de las fuerzas represivas sin importar lo que haya hecho, reclamó que “No se puede reclamar mayor seguridad al mismo tiempo que se condena anticipada y prejuiciosamente el uso de la fuerza por parte de la Policía que actúa en cumplimiento de su deber, desconociendo la presunción de inocencia que impone nuestra Constitución Nacional”. Presunción de inocencia que solo vale para los policías, y no para las personas encarceladas sin condena como sostiene el diputado.
Esta vez, el diputado fue más allá y reclamo legislar en favor de la impunidad y del gatillo facíl. “Es por esto que consideramos necesario establecer con claridad en el Código Penal que debe presumirse legítimo el obrar de un miembro de las fuerzas de seguridad que actuó en cumplimiento de su deber y en defensa de la vida de los ciudadanos” escribió Petri. Claramente, el reclamo del diputado es hacer Ley el gatillo facil, impidiendo el juzgamiento de los policias en una presunción de inocencia exculpatoria de cualquier homicidio.
Justamente en Mendoza, “su provincia”, esta semana condenaron a una mujer policía por haber asesinado a una mujer que caminaba por la calle y quedó en medio de una balacera de dos policias que perseguían a dos supuestos ladrones. También se habló en los medios provinciales del "Chocobar mendocino": el policía Santiago Ochoa, quien asesinó de un disparo en la cabeza a Cristian Videla en 2013. Según el relato del policía, vio a dos personas saltando el portón de su casa cuando este llegaba y los persiguió efectuando dos disparos al aire (uno de esos disparos terminó en la nuca de Videla). Sin embargo, en el juicio, la defensa del policía no pudo probar que ni Videla ni quien lo acompañaba estuviera armado, como declaró Ochoa. Además para el fiscal de la causa “Ochoa le disparó a Videla cuando este estaba escapando del lugar, es decir que no estaba en riesgo su vida, la única razón por la cual un uniformado puede desenfundar su arma”, según informó el Servicio de Infromación Judicial de Mendoza. El mismo sitio informó también que “Ochoa tenía un antecedente que no lo ayudó: en 2000 había matado a un pasajero de un colectivo cuando disparó para evitar un robo”.
Según la “doctrina Petri”, ambos policías ni siquiera deberían haber sido investigados, en función de la presunta inocencia innata que debería pesar sobre las fuerzas de seguridad del gatillo fácil.
Como colorario del recorrido del punitivismo legislativo, Petri, férreo defensor de las modificaciones del código penal que criminalicen a la juventud y la pobreza y otorguen impunidad a las fuerzas de seguridad, también reclamó que no se modifique el “situación legal ” del aborto, manteniendo su ilegalidad. "Yo ya lo dije en la campaña y lo sigo sosteniendo ahora:no hay que modificar la situación legal del aborto en la Argentina.Introducirle alguna modificación al actual marco jurídico va a terminar empañando la discusión general respecto de un código que necesariamente debe ser modificado, y que data de 1921", declaró en una entrevista radial. Pero las modificaciones que espera Petri, no son en beneficio de las mujeres, la juventud y el pueblo trabajador, claro esta.
La semana pasada, en su deslucida intervención en Intratables, el gobernador Cornejo puso a Gerardo Morales como un "modelo" de los dirigentes radicales que el partido le aporta a Cambiemos. Justamente el impulsor de esta medida xenófoba y discriminatoria que intenta nacionalizar el mendocino que acompañó al gobernador en las últimas elecciones. Dos "modelos" de cornejismo explícito.
