A más de 80 días de iniciado el estallido social en Chile, el cual comenzó con cientos de jóvenes en diversas estaciones de metrotren, protestando contra las alzas en el pasaje del transporte público de la capital.
Miércoles 8 de enero de 2020
A más de 80 días de iniciado el estallido social en Chile, el cual comenzó con cientos de jóvenes en diversas estaciones de metrotren, protestando contra las alzas en el pasaje del transporte público de la capital. Con las imágenes de la evasión masiva de las y los estudiantes saltando los torniquetes quedándose como postales de la revuelta y un empujón al conjunto de las demandas de las grandes mayorías sociales afectadas por el Chile de los ricos heredado de la dictadura militar.
Hoy es la misma juventud que impuso el profundo cuestionamiento a la prueba de selección universitaria (PSU) y sumándose a las diversas movilizaciones a nivel nacional.
El gobierno de Sebastián Piñera busca por todo los medios acallar a la juventud que ha salido a rebelarse contra este orden impuesto, con criminalización, represión y persecución. Primero fue aula segura, ley que impuso la derecha junto a ex concertación contra las y los estudiantes movilizados, lo que trajo colegios sitiados como fue todo el primer semestres del 2019 el Instituto Nacional u otros colegios emblemáticos de la comuna de Santiago, luego siguió la persecución y campaña mediática que igualaba a jóvenes con delincuentes para poder justificar su represión.
Con el anuncio de alza de 30 pesos en el pasaje y las protestas por parte de la juventud el gobierno a través de la cuestionada ministra Cubillo amenazó con quien fuese sorprendido saltando los torniquetes se les quitaría el pase escolar y con ello el beneficio de la tarifa reducida. Inmediatamente vinieron las golpizas, las violaciones a los derechos humanos, las mutilaciones, las agresiones sexuales, el gas tóxico, las detenciones, los atropellos, la prisión a decenas de luchadores y luchadoras, los asesinatos y las desapariciones, todo esto bajo el manto de una campaña comunicacional contra quienes llaman a movilizarse.
Hoy el gobierno y sus partidos como la UDI amenazan con invocar la Ley de Seguridad del Estado contra las vocerías de la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), quienes llamaron públicamente a boicotear la PSU, llamado que fue acogido en todo Chile, logrando invalidar la prueba de Historia y con más de 20mil inscrito sin tener certeza en cual sera el mecanismo de evaluación, agudizando la crisis en el DEMRE y el CRUCh tras el profundo cuestionamiento a las pruebas estandarizadas.
El gobierno respondió con una dura represión, con más de 100 estudiantes y jóvenes detenidos en las jornadas de movilización (lunes 6 y martes 7), con funcionarios de la PDI y Carabineros con escopetas y armas de fuego a las afueras de algunos liceos que eran sede de la prueba, detención de un joven dentro de un maletero en un auto de la PDI, con el brutal atropello a un manifestante en la comuna de Pudahuel por parte de un auto policial.
Para Lyam Riveros, estudiantes de la Universidad de Playa Ancha y referente del Partido Revolucionarios, la movilización tiene el objetivo de; “Nosotres queremos desterrar el negocio de la educación, porque creemos que es un derecho fundamental para las y los jóvenes, como también para el conjunto del pueblo, por ello nos movilizaciones y por eso el gobierno nos quiere silenciar” (…) “Hoy fue oponerse a la PSU, cuestionando la enorme desigualdad social en la educación, pero también atacando a uno de los mayores negocios -que juegan con nuestras expectativas- como son los Preuniveritarios, donde mucho de quienes nos niegan nuestros derechos tienen intereses creados” y frente al escenario plantea “llamamos a todes les estudiantes a no doblegarnos ante la represión de este gobierno asesino, redoblando los esfuerzos para unificarnos en asambleas regionales, doblándole la mano al gobierno, su represión y trazando un plan de lucha para vencer”
