El debate abierto por el movimiento de mujeres respecto al tratamiento de la ley de derecho al aborto encuentra un escenario particular en la CABA gobernada hace más de diez años por el PRO y que vetó una ley de aborto no punible en 2012.
Myriam Bregman @myriambregman
Sábado 24 de febrero de 2018
“Si tiene que llegar al recinto la cuestión del aborto, que llegue. Después serán los diputados y los senadores los que tendrán que votar”, sostuvo Macri desde los medios este viernes.
Pero fue Mauricio Macri en persona, siendo jefe de Gobierno porteño, quien a través del decreto 504/2012 vetó la ley 4.318 que contemplaba el Procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles y que fuera aprobada por la Legislatura en 2012.
Vale la pena recordarlo cuando Macri dice que no va a “obstruir” ni “cajonear” ningún debate parlamentario. Sobre todo para reafirmar que para conquistar nuestros derechos lo central es la movilización y no confiar en las maniobras del Gobierno.
Un poco de historia
Hace ya seis años, en marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en el caso “F.A.L.” y brindó posición sobre la lectura del artículo 86 del Código Penal que reconoce desde 1921 el derecho al aborto no punible.
En esa sentencia, entre otras afirmaciones, se establece el derecho de todas las mujeres al aborto no punible en cualquier caso de embarazo resultante de una violación, y no solo en caso de mujeres con discapacidad mental. Asimismo manifiesta que para poder acceder a dicha práctica no se requiere autorización judicial ni denuncia policial previa.
En la Ciudad de Buenos Aires aún el derecho al aborto en caso de violación es en realidad impracticable ya que rige un protocolo que fija fuertes restricciones al acceso del aborto no punible, siendo claramente contrario a lo expresado en el fallo “F.A.L”. El mismo volvió a tener vigencia a fines de 2015 luego de que los jueces Hugo Ricardo Zuleta y Esteban Centanaro dictaran un fallo que restablecía el veto a la ley 4.318 realizado el 22 de octubre de 2012 por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, a través del decreto 504.
La ley 4.318, votada en la Legislatura en setiembre de 2012, establecía que los hospitales públicos y privados debían realizar la interrupción legal del embarazo en los casos en que se afecte la salud de la mujer o como consecuencia de una violación, sin más requisitos que la voluntad de la mujer y en un plazo de cinco días.
Teniendo en cuenta el fallo de la Corte se aceptaba como válido el consentimiento de la mujer a partir de los 14 años y prohibía que se interpongan “obstáculos médicos, burocráticos o judiciales para acceder a la prestación”.
Un protocolo reaccionario
Variadas organizaciones han denunciado que la resolución 1252/2012, hoy vigente, constituye un agravio a los derechos de las mujeres por la cantidad de requisitos arbitrarios que se exigen para poder tener acceso a un aborto no punible.
El protocolo actual requiere la intervención de un equipo interdisciplinario como recaudo previo para que el médico tratante proceda a realizar el aborto; se exige que el Director del Hospital confirme el diagnóstico y la procedencia de la práctica y contiene la figura de objeción de conciencia que obstaculiza el acceso al aborto no punible.
A las calles nuevamente
Desde el movimiento de mujeres nos preparamos para un gran paro el 8 de marzo. El tema del aborto es central. Lo pusimos nosotras en la agenda. No fue ningún gobierno. Por el contrario sabemos que todos los gobiernos se han opuesto a tratar este tema.
Desde la Legislatura porteña no solo vamos a seguir oponiéndonos al veto de Macri a la ley 4.318 que reglamentaba el aborto no punible. Ya estamos impulsando una declaración que cuenta con varias firmas de legisladoras y legisladores para exigir que el Congreso nacional trate el proyecto de la Campaña; y vamos a reclamar que no haya sesión ni actividad legislativa el 8M en la Ciudad de Buenos Aires, para que todos y todas podamos ser parte del paro de mujeres y la movilización por nuestros derechos.
Myriam Bregman
Abogada en causas de lesa humanidad. Fundadora e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Diputada nacional (MC) y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Intervino en numerosos juicios contra los genocidas de la última dictadura militar, como el de Etchecolatz, Von Wernich y la megacausa ESMA. Fue abogada de Jorge Julio López y una de las impulsoras de la lucha ante su desaparición. Impulsó, junto a trabajadores de Pepsico y Kraft-Mondelez, la denuncia por el espionaje ilegal de la Gendarmería, conocido como "Proyecto X".
