En Bolivia desde enero de 2018 hasta la fecha se han mediatizado, más que otros años, el alto número de infanticidos realizados por madres jóvenes a sus hijos e hijas. Seguidos de un cruento desenlace en que la progenitora recurre al suicidio, culminando en la mayoría de casos con su sufrimiento.
Sábado 1ro de septiembre de 2018
Foto: CEPPAS
Son muchos los casos que datan la terrible realidad en la que las mujeres en Bolivia enfrentan los problemas de violencia intrafamiliar y la doble explotación. Llegando a extremos como única salida viable ante la ausencia de justicia y la confrontación a la crisis económica que no permite acceder a la canasta familiar con un salario mínimo. En el año 2014 en Montero una mujer embarazada de 5 meses mató a su primogénito para posteriormente cometer un suicidio por “motivos pasionales”. Años después este tipo de casos se visibiliza con más frecuencia, llegando al 2018 en el que estos sucesos trágicos de infanticidio y suicidio se escuchan todos los días.
En marzo de 2018 en la ciudad de La Paz se mediatizó el caso de una mujer que dio sustancias tóxicas a sus 2 hijas para después intentar quitarse la vida sin conseguirlo. En mayo en la ciudad de El Alto, Asunta de 22 años envenena a sus tres hijos para después colgarse, dejando una carta que la policía no socializa pero donde se presume que el crimen se cometió por “problemas económicos”. En agosto en Potosí una mujer de 25 años envenenó a sus tres hijos e intentó quitarse la vida, la policía manejo la hipótesis de que cometió ese acto “al verse sola”. El mismo mes en Cochabamba ocurrió un crimen similar, una mujer de 25 años recurrió a un triple infanticidio e intento de suicidio con veneno, dejando escritos del maltrato que estaba sufriendo, aunque la policía manifestó que debido a que su marido salió a beber el fin de semana la mujer “molesta” decidió quitarle la vida a sus hijos y a sí misma.
En una sociedad donde la maternidad es impuesta y el fin único del amor es el matrimonio, no es casual que las mujeres (jóvenes en su mayoría entre 20 y 25 años) al verse en situaciones de extrema violencia económica, física, psicológica o de cualquier otra índole, lleguen a tomar este tipo de decisiones, llevándose consigo a sus hijos e hijas sabiendo que ni muertas pierden la responsabilidad sobre los infantes. Esto solamente indica un síntoma de la realidad de las mujeres bolivianas de clase trabajadora y de los sectores más desfavorecidos, quienes se encuentran cotidianamente sometidas a diferentes tipos de maltratos dentro y fuera de casa. Ya que el hecho de iniciar un proceso a una pareja violenta dentro la ley 348 requiere meses de papeleo y actos burocráticos que favorecen al agresor, muchas veces terminando en feminicidio. Donde, además del hecho abominable del asesinato, las mujeres siguen siendo juzgadas aún muertas.
Las leyes y normas juegan un rol parcial en contra de la víctima al carecer de mecanismos efectivos y personal capacitado para llegar a un proceso justo y a tiempo. Aunque la parte legislativa es solamente el final de esta cadena de vulnerabilidad hacia las mujeres, ya que al no existir políticas de educación sexual integral laica y científica, acceso al aborto salubre, educación en derechos humanos para evitar el acoso sexual, político y cualquier situación de violencia se mantiene intacta la cultura de relaciones sociales basadas en el poder de uno sobre otro, de opresión y discriminación. Obligando a las mujeres a ser súper madres, súper trabajadoras y súper esposas, las cuales son las primeras piezas en quebrarse al inicio de una crisis política y económica.
Es imperativo tratar el tema de violencia de forma estructural desde los más altos niveles del Estado, para así poder acceder a la justicia en primera instancia y posteriormente evitar cualquier tipo de agresión misógina hacia las mujeres. Ya que las más empobrecidas son las que sufren en silencio y se ven obligadas a escoger entre destinos fatales sin nunca tener acceso a la justicia y ser revictimizadas. Es el caso de mujeres que recurren a un suicidio sin conseguirlo y una vez curadas físicamente son metidas a la cárcel por 30 años (viviendo un martirio brutal de agresiones físicas y verbales) o aquellas mujeres sobrevivientes de un intento de feminicidio que viven con secuelas de por vida o condiciones de salud deplorables que no les permite valerse por ellas mismas nunca más.
Mientras a las mujeres se les imponga a casar a temprana edad por un embarazo no deseado o por juzgar su vida sexual para después imponerles mantener la relación ante cualquier tipo de maltrato porque “el amor todo lo puede” y porque tenemos la obligación de ser “esposas, mujeres y madres abnegadas” como excusa para el sometimiento a la doble explotación laboral y de casa, estos fatales sucesos seguirán en crecimiento. No pueden ser considerados hechos aislados, ni mucho menos seguir revictimizando a las víctimas echándoles la culpa de actuar, no actuar o intentar actuar.
Por ellas y por nosotras la lucha de las mujeres en Bolivia debe continuar hasta que todas tengamos acceso real a los derechos humanos más elementales como la educación laica y no sexista desde el núcleo familiar, la escuela y la sociedad. Para dejar de ser el eslabón más desprotegido y débil del sistema, y poder decidir si queremos ser madres o no, si queremos una vida en pareja o no. De esta forma llegar también al salario igualitario y trabajo digno, liberándonos de la esclavitud del trabajo doméstico y de todas las cargas que una mujer enfrenta hasta llegar a la fatídica decisión de quitar vida y quitarse la vida.
