Cada cinco minutos nace un bebé de una madre adolescente y cada tres horas uno cuya madre tiene entre 10 y 14 años.
Martes 1ro de marzo de 2016
El embarazo de niñas y adolescente es la muestra contundente de un sistema que no funciona. El 15 por ciento de las mamás en Argentina son menores de veinte años. Los ataques del actual gobierno al programa de salud sexual y reproductiva no pueden más que agravar la situación.
La tasa más alta de madres-niñas se concentra en el noreste del país, Formosa encabeza el ranking. Pero en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, los números absolutos muestran que en el 2012 hubo 429 nacimientos de madres menores de 15 años.
Son niñas que no están en el colegio, tampoco están jugando. Diferentes investigaciones demuestran que las relaciones sexuales que dan lugar a los embarazos de niñas entre los 10 y 14 años, son generalmente, producto de encuentros con varones más grandes, y en no pocos casos se trata de adultos dentro de un contexto de abuso sexual.
Son tan pequeñas que ni siquiera pueden comprender lo que le está sucediendo a su cuerpo. Por eso las consecuencias físicas y psíquicas son tan graves.
En su mayoría no tienen cobertura social, sus embarazos concluyen con bebés de bajo peso o muerte fetal y la expectativa de vida en muchos de estos bebés no supera el año.
Como son niñas no pueden vivir solas, cohabitan con el varón responsable de su embarazo, un círculo siniestro en donde quedan atrapadas. Y es en esa casa, que se transformó en una trampa, donde vuelven a quedar embarazadas por segunda y tercera vez antes de cumplir los 15.
El deseo a los 15 años
Respecto de las adolescentes, el embarazo, como punta de lanza, irrumpe para señalar lo lejos que está de ellas la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos, y mucho más lejos la opción de abortar, si lo desean, en forma segura, legal y gratuita.
Todo esto que en su conjunto llamamos derechos sexuales y reproductivos, no establecen cuándo una mujer debe ser madre, pero deberían garantizar el derecho a poder decidir cuándo serlo.
Este derecho no existe porque por ejemplo la ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el año 2006, que establece que: “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”, no se aplica en la actualidad.
También existe la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la misma prevé la entrega de anticonceptivos gratuitos e información a quien lo solicite. La teoría indica que cualquier adolescente puede concurrir a un hospital y solicitar algún método anticonceptivo, como así también la profilaxis necesaria, en caso de haber tenido relaciones sexuales sin protección y sospecha de posibilidad de un embarazo.
Es necesario tener en cuenta, que en el caso que la adolescente venza la barrera de su pudor y finalmente se anime a concurrir a un hospital, suele encontrarse con el dedo acusador de quien la juzga liviana por responder a su deseo sexual.
Tampoco es casualidad que quienes se niegan a aplicar en sus provincias o municipios la ley de educación sexual, o recortan el plan de salud sexual y reproductiva, sean los mismos que cínicamente argumentan que las adolescentes quedan embarazadas para cobrar algún tipo de subsidio estatal.
El marcado incremento de embarazos de niñas entre 10 y 14 años y de jóvenes menores de 20 años, no le hace mella al gobierno de Mauricio Macri. Por eso no dudó en echar a más de veinte personas del Programa de Salud Sexual, programa que continúa con la sombra amenazante del desmantelamiento.
Ya conocemos el valor que Macri le da a las políticas públicas en materia de género. Ahora deberemos sumarle el vacío institucional que deja desprotegidas a estas niñas y adolescentes que verán su vida redoblada por una maternidad impuesta entre juegos y colegio.
