El viernes 5 de junio tuvo lugar una nueva marcha de las antorchas en Tegucigalpa, contra la corrupción, por el desfalco de 200 millones de dólares del Instituto Hondureño del Seguro Social, en el que se dice que participaron todos los partidos tradicionales del país.

Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Jueves 11 de junio de 2015
Foto: Twitter @edgarmegaloco
Los manifestantes exigen justicia en contra de los responsables de la corrupción, entre ellos el Partido Nacional, organización a la que pertenece Juan Orlando Hernández, el presidente, cuya renuncia también se exige, como explicamos acá. Asimismo, exigen el suministro inmediato de medicamentos al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).
También tuvieron lugar movilizaciones en San Pedro Sula, Comayagua, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Tocoa y Roatán.
El escándalo se destapó en mayo pasado y desde entonces, sigue en ascenso. Hace pocos días se dio a conocer en Prensa Latina que el fraude contra el IHSS tuvo también su saldo en vidas humanas: entre 2010 y 2014 2800 personas fallecieron por irregularidades en la mencionada institución.
Mientras tanto, el gobierno de Juan Orlando Hernández no acusa recibo de la crisis. El presidente dice que no sabía que los fondos con los que financiaron la campaña electoral que lo llevó al poder provenían del fraude al IHSS. Pero entre los involucrados están Ricardo Álvarez, actual vicepresidente; Hilda Hernández, ministra de Estrategia y Comunicaciones y hermana del presidente; Oscar Álvarez, jefe de la bancada del partido, y Yolani Batres, ministra de Salud. Es imposible no creer que el presidente también está implicado.
Apenas el día 8 de junio tuvo lugar una reunión del gabinete económico, donde los funcionarios demostraron una vez que claramente representan los intereses de los empresarios y las trasnacionales.
Según informa El Heraldo, Marlon Tábora, coordinador del gabinete, declaró que “se suman a los reclamos de las ciudadanía, ya que nadie puede estar por encima de la ley y merecen una respuesta contundente de las autoridades competentes; sin embargo, consideró que es irresponsable que un reducido grupo de personas crea que provocando caos se alcanzará el objetivo.”
Nada más lejos de la realidad: lo que buscan los altos funcionarios del gobierno hondureño y las trasnacionales es que reine la “paz social” y que no se cuestione el vaciamiento del IHSS ni la corrupción de empresarios y gobierno.
Al mejor estilo Peña Nieto, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández se tomó un avión para asistir a la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) en el medio de la crisis del país centroamericano.
Sometimiento al imperialismo
El primer mandatario hondureño acaba de firmar programas de cooperación con la Unión Europea por 40 millones de euros, para “fortalecer la generación de empleo y la seguridad alimentaria”. En realidad, son nuevas cadenas económicas que atan al país centroamericano con los capitales europeos.
A su vez, la ONU pide al gobierno hondureño que actúe para evitar el reclutamiento de niños por parte de las maras, mientras el congreso estadounidense se prepara para recortar los fondos del plan Alianza por la Prosperidad.
El cinismo de los organismos internacionales y el gobierno estadounidense no tiene límites. Fueron los planes neoliberales aplicados en la región los que privaron de oportunidades a cientos de miles de personas que se vieron empujadas a las redes del crimen organizado.
Es el agobiante peso de una deuda externa que no cesa de crecer, sumado al fraude sistemático efectuado contra las empresas del estado, como Hondutel (telefonía), e instituciones como el IHSS y las instituciones de previsión social las que sumen en la miseria a la mayoría del pueblo hondureño.
Contra la corrupción
De acuerdo con fuentes oficiales, en 2014 fue apresado el último director de la institución, Mario Zelaya, dos viceministros y otras dos personas, y otros implicados en el fraude contra el IHSS están prófugos.
En medios como CNN en Español se informa que los jóvenes organizadores de las movilizaciones contra el gobierno declararon que el descontento social durará hasta que se instale una comisión internacional contra la impunidad en el país.
¿Pero la intervención extranjera podrá terminar con la corrupción?
Este robo al IHSS sólo puede ser investigado por quienes no tengan ninguna prebenda ni privilegio que mantener, y a quienes defiendan el sistema de seguridad social hondureño y luchen por terminar con los problemas que presentan.
Entonces, el gobierno y el sistema judicial hondureños quedan descartados. Sólo una comisión independiente integrada por trabajadores, encabezados por los del IHSS, junto a los derechohabientes y activistas sociales pueden investigar el desfalco y castigar a los culpables.
Honduras en crisis
Honduras enfrenta graves problemas: el vaciamiento del estado, una grave sequía que afecta además a Guatemala y El Salvador, y una crisis alimentaria en la región. A esto se suma el reciente envío de marines por parte de Estados Unidos para “entrenar” a las fuerzas represivas, más la proliferación de las organizaciones del crimen organizado.
Los graves problemas que enfrenta el país son los mismos que sufren otros países de la región, como El Salvador y Guatemala.
La indignación y el hartazgo contra los partidos tradicionales, e incluso con el partido Libertad y Refundación, creado en 2009 por Manuel Zelaya, el expresidentes depuesto por un golpe de Estado en 2009, tomaron las calles por la renuncia del presidente y su gabinete.
Es necesario que estas históricas movilizaciones den un paso más. Si exigen la renuncia del gobierno de turno, se hace necesario formular una salida. Desde algunos sectores se pide que se adelanten las elecciones. Pero eso llevaría a poner en el poder al mismo Partido Nacional, o al Partido Liberal, o al Libertad y Refundación, que no representan los intereses de los trabajadores y el pueblo hondureño y que no quieren resolver sus demandas.
Una perspectiva superadora sería el impulso de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que discuta libremente las demandas populares y cómo resolverlas, rechazando cualquier condicionamiento o restricción por parte de los representantes de la clase dominante. Donde cualquier organización de trabajadores y de izquierda pueda presentar sus candidatos y sus programas. Y donde los representantes electos ganen lo mismo que un trabajador o una maestra: nada de privilegios que gesten a una nueva clase política que se dedique a incrementar sus fortunas personales mientras obtiene millonarias dádivas de los capitales privados nacionales y extranjeros a cambio de facilidades para sus negocios.
Una Asamblea Constituyente de estas características puede debatir los grandes problemas del país y darles una salida que responda a los intereses de la mayoría de la población: la salud pública, la deuda externa, la militarización, la emigración, el flagelo del narcotráfico, la crisis alimentaria, la educación. En ese camino, para imponer esas demandas, estará planteado que la clase trabajadora se ponga al frente de la movilización revolucionaria y luchar por un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.