Para iniciar esta serie de entrevistas sobre la cuestión penal, el magíster en criminología lanzó un interrogante difícil de responder: “¿Por qué, a pesar de que en muchos países de la región se han frenado los proyectos neoliberales, el problema de la demagogia punitiva (y el aumento del encarcelamiento) sigue presente, y aún cada vez mayor?”. Diagnóstico del sistema penal argentino y los diferentes caminos que se pueden recorrer según Gutiérrez.
“Hay que matar a los delincuentes que son capturados in fraganti": con esa frase del abogado Carlos Maslatón comenzó el debate organizado por Infobae TV el 1 de abril de 2014. Sentado a su lado, con las piernas cruzadas y la mirada calma, el especialista en criminología Mariano Gutiérrez podría haberse escandalizado o, en su defecto, levantado e irse. Pero decidió jugar la puja discursiva y contraatacar: “Creo que, si le hiciéramos caso, debiéramos ajusticiarlo en este mismo momento, porque está cometiendo un delito: está llamando a matar a la gente. Es apología del delito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de delincuentes? ¿No hablamos de autores de delitos? ¿O sólo los que tienen ciertas características sociales son autores de delitos?”.
Integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, Gutiérrez es un proficuo analista de lo que a grosso modo se puede definir como la cuestión penal. En esta entrevista, la primera de la serie a especialistas de distintas disciplinas, el autor de “La necesidad social de castigar: reclamos de castigo y crisis de la justicia”, recorre y critica el sistema penal desde diferentes ángulos, desmenuza porqué la “promesa punitiva” está en auge en el discurso político y, entre otros temas, pone el foco sobre el complejo, criminal y violento mundo del Sistema Penitenciario Bonaerense.
¿Cuál es su diagnóstico del sistema penal argentino? Esta pregunta tiene dos posibles respuestas. La primera, si se quiere un poco ingenua y liberal, parte de la base de suponer que el sistema penal tiene la finalidad de regular de alguna forma (frenar, reducir, controlar) la victimización delictiva, por ejemplo a través de un proceso de resocialización que se aplica en la pena o de la amenaza que supone la pena como medio disuasorio para cometer delitos. Desde esta respuesta el sistema penal se muestra fracasado e ineficiente. Para peor, su ineficiencia y fracaso es cada vez mayor. Además genera y reproduce estructuralmente violencia institucional, con lo cual agrava el problema que, suponemos, pretende reducir. La segunda es que esta finalidad es sólo un medio discursivo para desplegar sus verdaderas funciones que no tiene que ver con sus fines explícitos sino con múltiples usos de acuerdo a cada estructura social, e incluso de acuerdo a la coyuntura política. Por ejemplo, se ha dicho, mecanismo de disciplinamiento de la clase obrera, mecanismo de regulación de la mano de obra de reserva, mecanismo de exclusión complementario a la liberación de los mercados, mecanismo de despolitización de los conflictos sociales, marcaje social de estatus inferiores, etc. Desde esta segunda perspectiva no es posible dar un diagnostico de “bueno” o “malo” en términos de fines, sino que lo que hay que hacer es analizar el juego múltiple de esas funciones y cómo se dan en cada proceso histórico, en cada coyuntura e incluso, como se expresan en las distintas prácticas de las distintas agencias de esa trama compleja que es el sistema penal. ¿Por qué “la promesa punitiva” se ha convertido en un lugar común de buena parte de la clase política? Existen varias posibles respuestas también a eso. Y seguramente todas ellas sean parcialmente ciertas, pero para ser cabalmente comprendidas deben ser analizadas en su conjunto. Primero, hay que aclarar: la promesa punitiva no es un recurso novedoso en la política, y, es más, debe ser analizado dentro de una política más amplia de generar identidades sociales, antagonismos, es decir, de dar una arquitectura a la conflictividad social, y por tanto a la estructura social. Aclarado lo anterior, se ha dicho que el creciente auge de este tipo de respuestas de “demagogia punitiva” (entre muchos otros nombres posibles que recibe), se debe a que: 1) desde el neoliberalismo se ha desarmado los procesos sociales constructores de subjetividad colectivos y organizados tal como estaban en el “estado de bienestar” o sus versiones locales. Lo que produce crisis de seguridad ontológica e identitaria en amplios sectores. Esos actores sociales con crisis de seguridad ontológica, reclaman respuestas claras, enemigos claros, para poder reconstruir su identidad, como estrategia de reafirmación colectiva; 2) también al menos desde el neoliberalismo, se ha desplazado del centro de la arena política las grandes promesas, los grandes planes para el futuro, los grandes relatos, en favor de diferencias de matices en la gestión. Así, los grandes debates ideológicos han cedido espacio al enfrentamiento entre imágenes personalistas de los políticos. En ese marco, y ante la carencia de grandes promesas a las que echar mano, aparece el recurso a la promesa de castigo como forma de construir una imagen política, fuerte, valiente, “jugada”, en favor de una mirada de la sociedad clara, que define buenos y malos con certidumbre; 3) ante la imposibilidad de gestionar el problema de la desigualdad creciente y de la exclusión masiva, la promesa punitiva parece poder nuclear, catalizar, todos los malestares en un solo conflicto (de allí que el objeto “inseguridad” sea tan amplio y cambiante), frente al cual tiene algo que prometer; 4) y relacionado con todo lo demás, por la hegemonía cultural norteamericana, que ha exportado la receta neoconservadora a todo el mundo (en perjuicio de otras formas posibles de prevención del delito), y ha hecho de ello un mercado muy lucrativo no sólo de profesionales “expertos”, si no de circuitos privados y de corrupción en el mismo sistema penal o de seguridad. La pregunta que queda flotando es si todo esto tiene que ver con la llegada del neoliberalismo, por qué, a pesar de que en muchos países de la región se han frenado esos proyectos neoliberales, el problema de la demagogia punitiva (y el aumento del encarcelamiento) sigue presente, y aún cada vez mayor. Esa es la pregunta que la criminología de hoy aún no sabe contestar bien. ¿Por qué causas y a partir de cuándo creció la tasa de encarcelamiento? ¿Está relacionado con, por caso, el predominio del neoliberalismo? Tal como lo dije antes, de alguna manera sí. En los contextos centrales la tasa de encarcelamiento comenzó a crecer a mediados de los setenta, con políticas represivas muy claras, que tenían el doble efecto de generar criminalidad y generar todo el circuito para responderle a ella (el caso más demostrativo es “la guerra contra las drogas” que declaró Reagan y aún persiste, y no sólo eso si no que fue impuesta, exportada forzosamente, a America Latina). En nuestro caso, tomando como punto cero la recuperación democrática (es imposible y sería erróneo comparar las funciones del sistema penal con el de la dictadura, que estaba orientado a la persecución política masiva) la tasa de encarcelamiento siempre creció. Pero comenzó a acelerar ese crecimiento a mediados de los años noventa, y tuvo su pico tras la crisis del 2001/2002. Sin embargo, eso no explica entonces por qué persiste aún en épocas de “post-neoliberalismo”. Lo cierto es que el sistema penal persigue determinado tipo de conductas y determinado tipo de autores, de forma muy distinta que otras y otros. Su orientación dominante es a robos cometidos por jóvenes de sectores populares o marginalizados. A medida que la desigualdad crece, crece la exclusión y crece el registro oficial de ese tipo de conductas, y en consecuencia, crece el encarcelamiento. Hay una llamativa correspondencia entre las curvas del índice de Gini de nuestro país, el aumento de los delitos registrados (que, repito, son unos pocos de todo el catálogo de delitos que la ley dice que persigue), y el aumento del encarcelamiento. El encarcelamiento en nuestro país aumenta a medida que el sistema policial-penal capta más de ese tipo de delitos. Y en segundo lugar a medida que algunas (¡llamativamente, la minoría!) de esas “promesas represivas” se hacen realidad y se sancionan leyes más duras, por ejemplo, las del ciclo Ruckauf en la provincia de Buenos Aires, y las llamadas leyes del “efecto Blumberg” a nivel nacional. ¿Se puede inferir que, en Argentina, una parte de la sociedad está criminalizada? Sí, por supuesto. Pero en todos los países y en todos los momentos históricos hay una parte de la sociedad “criminalizada”, al menos desde que existe sistema penal (en otras habrá una parte de la sociedad simplemente sometida, o excluida, o sacrificada). En eso la Argentina no es distinta de los otros países del mundo occidental moderno. A nivel regional, nuestras tasas de encarcelamiento no son de las más altas. Y ello tal vez se deba a los problemas presupuestarios que implicaría una suba repentina del encarcelamiento. Sin embargo, parece cierto también que la curva ascendente del encarcelamiento no se detiene. ¿Cómo caracteriza al Sistema Penitenciario Bonaerense? ¿Cuál es la responsabilidad política respecto de que se haya conformado una especie de actor autónomo? El Sistema Penitenciario Bonaerense es brutal, infernal, y si se me permite el término, o valga la paradoja, criminal. Aún así es levemente más heterogéneo que el Sistema Penitenciario Federal (que a mi juicio es todavía más duro). No se trata sólo de que sea un actor autónomo, si no de que la violencia institucional no es un defecto, si no la misma forma de gobernar la cárcel. La violencia entre el personal, del personal a los internos, y entre los internos, lejos de ser caótica, es un complejo sistema de establecimiento de jerarquías que sirve para establecer y mantener el orden (un orden, por supuesto, militar, vertical, autoritario, que poco tiene que ver con las promesas humanistas de resocialización). En cuanto a la responsabilidad política, no lo sé, es un tema muy conjetural. El problema es que, como con la policía, los intentos de reforma son boicoteados por la misma oficialidad de la institución generando crisis políticas a través del escándalo y la alarma pública (por ejemplo, con reiteradas fugas que generan una campaña mediática). Y en un cuadro de debilidad política permanente, de necesidad de mostrar mucha gestión y poca ideología, ningún actor político o gobierno, quiere asumir el costo de esas crisis generadas por los intentos de reforma. Con lo cual se termina “pactando” el status quo con esas normas institucionales perversas.
¿Qué alternativas son viables en lo concerniente al sistema penal? Hay muchas ideas a intentar. Pero la viabilidad política es otra cosa. Como dijimos más arriba hay un proceso muy perverso por el que se termina pactando porque no se ve viable continuar con un proceso de reformas que genere ese costo político. En cuanto a ideas, primero, por supuesto políticas de persecución que inviertan la selectividad penal, y dirijan la persecución al delito económico organizado y al delito de los poderosos. El delito común, callejero y contra la propiedad puede ser tratado mejor con estrategias preventivas no penales. La policía debe hacerse un cuerpo más transparente y funcionar también con criterio de equidad (implica saber investigar más los delitos complejos, saber atender más las demandas de los grupos vulnerables, no recurrir a la violencia contra jóvenes de sectores populares como forma de control territorial, y varios etcéteras). Y la cárcel debe abandonar el modelo de violencia-tratamiento, y repensarse como el lugar donde, a pesar de la privación de la libertad, se articula la llegada a todas las agencias estatales de inclusión social, fomentando el trabajo genuino como proceso social inclusivo, la educación formal como parte del objetivo de una política educativa universal, y atender el cuidado de la salud, como parte de la política de salud pública. Para ello es necesario que el cuerpo que administra la vida cotidiana en la cárcel sea un cuerpo de operadores civiles, no militarizados. Y que el cuerpo militarizado quede relegado a una fuerza auxiliar que actúa excepcionalmente en casos de crisis. Por otro lado deben facilitarse y estrecharse los vínculos familiares y el proceso de corresponsabilización al que llevan (por ejemplo, facilitando el sostén de la familia con el empleo genuino del privado de libertad, dando amplios horarios de visita, fácil accesibilidad geográfica, etc.). Ese es el camino para comenzar a invertir la lógica degradatoria de las prisiones actuales. ¿Qué temas propondría como imprescindibles a la hora de problematizar el sistema penal vernáculo? Como ya hemos dicho, el principal problema es el aumento permanente de la tasa de encarcelamiento, conectado con ello, el repetido uso de la promesa represiva como solución a conflictos sociales, y relacionado con estos dos el estado de las prisiones y sus prácticas internas, inhumanas y degradatorias. Todos estos problemas están directamente relacionados y determinados por una estructura social altamente desigual. Por ello, estos fenómenos se reducen sensiblemente en sociedades con mayores tasas de igualdad (esto no quiere decir, claro, que en este tipo de sociedades no aparezcan otros problemas).
