Luego de que se hicieran públicos los pedidos para el acceso a la marihuana medicinal el ministerio de Salud de Santa Fe comenzó a discutir una reglamentación sobre el fármaco. Pero el acceso al mismo sigue siendo limitado y extremadamente restrictivo.
Alfredo González @Alf_Gonzalez_
Martes 8 de noviembre de 2016
Después de que se hiciera pública la carta de la madre de gemelos con epilepsia refractaria que solicitaba al presidente Mauricio Macri el acceso al cannabis medicinal, y la respuesta negativa del gobierno nacional, el Ministerio de Salud de Santa Fe comenzó a discutir una reglamentación para el acceso a la marihuana medicinal en la salud pública con consultas a especialistas en el tema. Ya existen antecedentes recientes sobre el uso de cannabis medicinal en nuestra provincia, autorizado por IAPOS hace dos meses. Pero, a pesar de esto, acceder al fármaco sigue siendo muy dificultoso e incluso imposible para quienes no cuenten con posibilidad de comprarlo por internet y viajar a Buenos Aires a retirarlo.
Los productos derivados del cannabis han demostrado utilidad en el tratamiento de patologías como epilepsia refractaria y dolores asociados a patologías oncológicas, además de otros usos que se encuentran en estudio. El libre acceso a los productos medicinales derivados de la marihuana se ha transformado en un reclamo cada vez más intenso de parte de familiares y pacientes con dolores crónicos, oncológicos, con parálisis cerebral o epilepsia refractaria, que ven en estos tratamientos la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
El derecho a la calidad de vida
Los pacientes que llegan a necesitar tratamiento con derivados de la marihuana sufren patologías generalmente graves con enorme impacto en su calidad de vida y en la de quienes los rodean. Se trata de pacientes, muchas veces niños, en quienes los tratamientos convencionales han fallado y sufren de síntomas persistentes como convulsiones recurrentes o dolores incapacitantes.
El acceso a los tratamientos basados en cannabis implica para estas personas y sus familias la posibilidad de tener una calidad de vida aceptable. Pero la existencia de una rígida burocracia estatal y una lógica punitivista que penaliza el consumo de ciertas sustancias limita el elemental derecho a la salud.
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El caso de Martina ilustra la odisea de una familia para acceder al tratamiento. Se trata de una joven de Casilda de 17 años que sufre del síndrome de Angelman, una patología genética asociada a crisis convulsivas. Luego de agotar las opciones de tratamiento convencional su familia intentó acceder al aceite de marihuana indicado en este tipo de patologías. Además de la indicación médica del tratamiento tuvieron que conseguir autorización de la Anmat para importar el fármaco, comprarlo por internet, retirarlo en Ezeiza y completar formularios y declaraciones en Aduana y Afip.
Esta “carrera de obstáculos” resulta perversa cuando el objetivo es el simple acceso a un fármaco que puede ayudar a una persona y a una familia a vivir mejor. Y más aún cuando se piensa en la enorme cantidad de personas que no tienen la posibilidad de cumplir estos pasos, de desplazarse a Buenos Aires y realizar compras por internet.
Persecución y trabas para los pacientes, plenas libertades para los narcos
A pesar de pequeños triunfos, como el caso de Martina, existe desde los estados nacional y provincial una lógica de persecución al consumidor individual de marihuana o a quién se dedique al autocultivo, independientemente de su contexto. En la provincia en la que Los Monos tienen probados vínculos con la Justicia y las fuerzas de seguridad, en la que cada 17 horas un policía es pasado a disponibilidad por corrupción y en la que todos los jefes policiales de los últimos 5 años tuvieron vinculación con el narco, hablar de “guerra contra el narcotráfico” significa, tan sólo, administrar desde el Estado el negocio narco y perseguir al consumidor individual como chivo expiatorio.
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La ilegalidad de la marihuana (y del conjunto de las drogas) no sólo significa un freno enorme a las posibilidades terapéuticas y de investigación; también garantiza el negocio de los jefes narco y sus socios en la Policía, la Justicia y los gobiernos. Por eso el intento del socialismo santafesino de darse un barniz de progresismo “abriendo el debate” en el Ministerio de Salud resultaría gracioso si no fuera perverso. Porque las trabas que se le imponen al derecho a la salud son inexistentes para el negocio del narcotráfico, que disfruta de facilidades como el manejo de puertos privados y el blanqueo de capitales.
El planteo del acceso a la marihuana medicinal no puede realizarse “en el vacío” o de forma abstracta. Plantearlo debería implicar también la exigencia de que dicho acceso sea libre, disponible de forma gratuita para toda persona con indicación médica, así como también la defensa del derecho al autocultivo y la no persecución del consumidor. El proyecto presentado este año por la Diputada Myriam Bregman, que plantea la legalización integral de la marihuana, es un paso en este sentido, defendiendo el libre acceso medicinal, la no penalización de los consumidores y atacando los intereses del negocio narco.
Alfredo González
Rosarino, médico y militante del PTS, escribe habitualmente sobre Salud en La Izquierda Diario.
