Lo denunció Amnistía Internacional. La medida afecta a poblaciones de pescadores pobres que habitan tierras codiciadas para el negocio inmobiliario.
Martes 14 de noviembre de 2017 10:25
La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que más de 30.000 personas fueron desalojadas, y han quedado sin hogar, por el Gobierno de Nigeria. La medida oficial afectó a una de las zonas más pobres de Lagos (suroeste), la ciudad más poblada del país y la segunda de toda África.
Los desalojos forzados se han realizado desde marzo de 2016 en las zonas costeras de la ciudad, cuyas comunidades se han resistido a los mismo enfrentando la represión policial y de hombres armados no identificados que han acabado con la vida de 11 personas y la desaparición de otras 17, según ha informado AI.
El gobierno esgrimió inicialmente supuestas preocupaciones ambientales como el motivo de las demoliciones, para luego afirmar que los desalojos son una medida de seguridad contra los "militantes" que supuestamente usan las comunidades como base. Las autoridades utilizan una supuesta “lucha contra el terrorismo” para justificar una medida que busca beneficiar el negocio inmobiliario con las tierras desalojadas.
El documento de la organización internacional, titulado "El coste humano de una megaciudad: desahucios forzados de los pobres en Lagos", afirma que más de 300.000 personas de la zona podrían ser expulsadas forzosamente de sus hogares en los próximos meses.
Las tierras, en las que viven comunidades de pescadores pobres, se han convertido las más deseadas para las grandes empresas inmobiliarias y constructoras en una ciudad donde los ricos habitan principalmente en islas conectadas con Lagos por largas calzadas.
Estos desahucios se habrían efectuado sin consultar con los habitantes de la zona y sin dar aviso, compensación o una vivienda alternativa a los afectados y desconociendo las órdenes judiciales.
En algunos casos, los afectados vieron cómo destruían su hogar mientras trataban de mostrarle a la Policía la orden judicial que les permitía conservarlo, asevera el documento. Los residentes relataron como vieron que los niños fueron asesinados por las excavadoras que destruían todo a su paso bajo la custodia policial.
Foto Andrew Esiebo para the Guardian
"Los niños seguían durmiendo en el interior cuando los demoledores comenzaron a destrozar su casa", dijo el Pastor Ashegbon, residente de Otodo Gbame, al diario inglés The Guardian en mayo. Mientras que el pastor Mallon Agbejoye relató que "Dormimos en estas pilas de ruinas. Cuando oscurece, hacemos tiendas de mosquiteros y dormimos dentro de ellos con nuestros hijos. Estamos varados con nuestra familia sin dinero y sin refugio. El alojamiento dentro de la ciudad es caro y no podemos pagarlo ".
"Los desahucios forzosos significan que pierden todo: su forma de vida, sus posesiones y, en algunos casos, su propia vida", indica el director para Nigeria de AI, Osai Ojigho, que explica que estas situaciones se han dado en todo el país durante más de una década, "desafiando a las leyes internacionales".
Los principales afectados son los habitantes de la comunidad Otodo-Gbame, situada en la zona periférica de la ciudad, que vieron cómo la Policía y otros hombres armados abrieron fuego contra los residentes mientras les lanzaban gases lacrimógenos e incendiaban sus hogares para que luego las topadoras demolieran los escombros.
Los cerca de 4.700 habitantes del área que decidieron quedarse tras perder su hogar duermen desde entonces en sus barcas o en la misma calle, tapándose con plásticos para protegerse de la época de lluvias.
