LUCHA CONTRA EL GATILLO FÁCIL. Masacre de Monte: confirman preventivas para once imputados, pero la intendente sigue impune

Este lunes el juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelossi dictó la prisión preventiva para once de los trece detenidos por el crimen de Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22) el pasado 20 de mayo en la ruta 3 a la altura de San Miguel del Monte.

En el ataque policial de esa madrugada, además, quedó muy mal herida la joven de 13 años Rocío Quaquiarello, quien la semana pasada fue dada de alta y sigue su recuperación junto a su familia.

Quienes seguirán detenidos son diez efectivos de la Policía Bonaerense (algunos por el homicidio y otros por el encubrimiento) y el exsecretario de Seguridad del Municipio de Monte Claudio Martínez (quien además es excomisario).

Los beneficiados por “falta de mérito” (según firmó el titular del Juzgado de Garantía 2 de La Plata) son para los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez, quienes están imputados por encubrimiento y “falsedad ideológica”. Que hayan obtenido este beneficio no indica, a priori, que dejen de ser investigados por esos delitos.

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Asesinos y encubridores

Entre los confirmados con prisión preventiva están los policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez, todos ellos acusados de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de juego consumado y en tentativa”.

El fiscal de la UFI 1 de Cañuelas Lisandro Damonte había pedido sus preventivas por considerar acreditado que ellos iban en los patrulleros que persiguieron a los pibes y las pibas y desde donde dispararon contra el Fiat 147 (conducido por Aníbal) provocando que este chocara contra un acoplado estacionado en la colectora de la ruta.

El resto de quienes seguirán detenidos son el subcomisario Franco Micucci y los oficiales José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Blanco y José Alfredo Domínguez. A ellos se les imputa el cargo de “falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Vale recordar que Micucci fue hasta el momento de su detención el jefe de la Estación de Policía Comunal de Monte, mano derecha de la intendenta del Frente Renovador Sandra Mayol, quien ya se postula por su reelección tras las fórmula Fernández-Fernández.

Finalmente, por “encubrimiento agravado” seguirán con prisión preventiva el teniente Héctor Enrique Ángel y el exsecretario de municipal Claudio Martínez, también de estrechísima relación con la intendente Mayol.

Así, el juez Silva Pelossi hizo lugar parcialmente al pedido del fiscal Lisandro Damonte, un personaje particular ya que no pocos en el pueblo afirman que él también es parte del círculo de relaciones institucionales de la intendencia y un viejo conocido de Micucci y del comisario Mario Mistretta (el exjefe de la Policía Comunal también implicado en el encubrimiento).

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Niños indefensos

Sobre los once detenidos que quedan, el juez consideró que deben permanecer en esa condición porque, a su criterio, “tratarán de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación”. Curioso que no piense lo mismo de los dos a los que les dictó la “falta de mérito” siendo que integran la misma banda.

En sus considerando Silva Pelossi contempló “la naturaleza y características del hecho” que son de “suma gravedad”. Y menciona como esas características “la pluralidad de intervinientes, la nocturnidad, la calidad de funcionarios públicos dotados del deber de resguardar a civiles, el ilícito empleo de armas de fuego y el peligro que ocasionaron a terceros con la persecución inmotivada”.

A su vez menciona la calidad de “indefensos” en los casos de los menores Danilo, Camila, Gonzalo y Rocío y de Aníbal de 22 años, “todo lo cual hace a una agresión homicida inmotivada hasta el momento”. Coincidió así con la calificación que hizo la jueza de garantías Marcela Garmendia (a cargo de la causa en su ausencia), sobre que se trató de “la perpetración de una masacre de niños indefensos”.

Los que luchan y los impunes

El juez destaca en su fallo también el “compromiso cívico que asumieron los testigos, dado que con sus declaraciones permitieron correr el velo del aparente accidente de tránsito” que se intentó instalar en las primeras horas del hecho.

Debería decir, en rigor de verdad, que de no ser por los testigos y por la movilización popular que desde hace un mes no para posiblemente la “falta de mérito” hubiera beneficiado a muchos más de dos de los imputados. Claro, no puede decirlo porque sería una declaración de parte.

Curiosamente en su resolución el juez busca “salvar” a la intendenta Mayol, al afirmar que su mano derecha en el área de Seguridad comunal, Claudio Martínez, se demoró “en la entrega de los soportes digitales a la Intendenta de San Miguel del Monte siendo que en las primeras horas del suceso ya tenía conocimiento de las ilicitudes perpetradas por los efectivos policiales”. ¿Por qué afirma que la intendenta no estaba igual de enterada de esas “ilicitudes”? No lo explica.

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En lo único en que se basa para tal afirmación es que Martínez, después de ver las cámaras de seguridad del Municipio, habló por teléfono a las 3.30 con Mayol para anoticiarla de que “había ocurrido un accidente y previo hubo un seguimiento de parte de la policía, y que el hecho no tendría que ver con ese seguimiento”.

No dice el juez que la propia intendencia, reproduciendo totalmente la versión de la mano derecha de la intendente, publicó en sus redes oficiales el pésame a las familias de los chicos y las chicas asesinados sin siquiera mencionar el inicio de ninguna investigación ni nada por el estilo.

Tampoco que el empleado de la Central de Monitoreo municipal Alexis Rodríguez, que filtró en redes sociales las imágenes de la persecución (arriesgando su pellejo ante sus jefes encubridores) fue corrido de su puesto por la intendente durante varios días hasta que la presión social obligó a que lo reinstalen, sin dejar de transmitirle el descontento por su accionar y de hostigarlo en su propio lugar de trabajo.

La complicidad abierta de la intendente Mayol (aliada de Sergio Massa y candidata a la reelección por el Frente de Todos) con los asesinos es tan evidente que, ni lerda ni perezosa, al detenido Martínez lo reemplazó en la Secretaría de Seguridad del Municipio por la exagente de la Bonaerense y abogada defensora de policías María Alejandra Cotignola.

El juez, en su fallo, no dice muchas cosas que debería decir. Pero al menos no pudo evitar dejar detenidos a gran parte de los acusados. Gracias a la lucha decidida de las familias de las víctimas, obvio. No por otra razón.