Miles de mendocinos se concentraron y movilizaron en defensa del agua, la salud y la vida. La jornada de lucha tuvo lugar en Plaza Independencia de ciudad, y en localidades del interior de la provincia como General Alvear, San Rafael y Tunuyán.
Viernes 4 de septiembre de 2015
Contó con la participación de muchos jóvenes, artistas, trabajadores, organizaciones políticas de izquierda e integrantes de distintas asambleas socioambientales de toda la región.
Esta jornada forma parte de un proceso de organización a nivel provincial que resiste a la megaminería contaminante y al modelo extractivista desde hace más de 12 años. Uno de los frutos de esta lucha es la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera. Esta ley redactada por las asambleas, nacida de abajo y no desde los vértices del poder, presenta más de 10 pedidos de inconstitucionalidad casi desde su nacimiento. Estos pedidos vienen de la mano de los sedientos intereses de los empresarios megamineros y de miembros de la CNEA, quienes esperan hace años la decisión de la corte para poder avanzar con sus proyectos depredadores, queriendo ignorar que el pueblo ya lo debatió y “decidió que megaminería no”.
A pesar que existe una normativa que establece que se debe llamar a audiencia pública cuando se ven afectados los intereses de gran parte de la población, los jueces de la Suprema Corte de Justicia decidieron no convocar a la misma y decidir a puertas cerradas sobre el destino de la ley 7722. Esto generó descontento y necesidad de las asambleas de ser escuchadas e informar a los habitantes de Mendoza de que el agua de hoy y de futuras generaciones corre peligro, en el marco del avance del extractivismo y el atravesamiento del quinto año de emergencia hídrica.
Nada parece tener coherencia dentro de la lógica capitalista que no solo mercantiliza los sujetos dentro de las relaciones de producción sino también la naturaleza y el ambiente donde éstos habitan. Sabemos que el poder judicial es uno más en la larga cadena de grupos económicos y políticos que están interesados en obtener ganancias de la entrada de estos inversores transnacionales en el territorio, y que se disfrazan con los discursos de trabajo y desarrollo, para manipular y querer convencer al pueblo que el progreso va en el camino de arrasar con todo a su paso y de terminar con bienes naturales que no son infinitos comprometiendo la salud y la vida de miles de personas en el mundo.
Las asambleas de Mendoza estamos en alerta y de pie para resistir ante la ratificación de la Corte, que saldría antes de la feria de enero, y ante cualquier decisión política que vaya en contra de los intereses del pueblo trabajador y luchamos para que el agua, la energía, los alimentos y la tierra sean para quienes la trabajan y no para los que viven del esfuerzo ajeno, y que las relaciones de producción y la relación del trabajo con la naturaleza estén en sintonía con la vida humana y no con la violencia y la destrucción capitalista.
Daniela Álvarez, Integrante de la Asamblea popular por el agua
