Cientos de trabajadores municipales, familiares, amigos y organizaciones solidarias se concentraron ayer en las puertas de fiscalía para reclamar avances en la causa por el asesinato del joven trabajador municipal, Gerardo Escobar.
Jueves 22 de octubre de 2015
Como cada miércoles desde el 14 de agosto que asesinaron a Gerardo, cerca de las 11.30 horas finalizó en la puerta de Fiscalía una nueva marcha de cientos de trabajadores municipales, junto al dirigente de dicho gremio, Antonio Ratner. Los esperaban Luciana, hermana de Gerardo, sus abogados, familiares y organizaciones solidarias quienes luego, fueron recibidos por el fiscal Rafael Coria a cargo de la causa.
Al finalizar la reunión, Ratner y Luciana informaron a los presentes los resultados de la entrevista. En principio, el fiscal Coria se comprometió a entregar el material de prueba solicitado por la querella, en el transcurso del día de hoy. A su vez, les comunicó que los análisis toxicológicos realizados fueron negativos y que el 9 de noviembre se realizará un escaneo del cuerpo de Pichón. Al finalizar, Luciana convocó a participar de la reunión Multisectorial que se realizará hoy a las 17 horas, donde se discutirán nuevas acciones para la semana próxima.
Dos meses sin Pichón y con muchas dudas
Ya pasaron más de dos meses desde que a Gerardo “Pichón” Escobar lo encontraron flotando en las aguas del río Paraná luego de haber recibido una golpiza al salir del boliche La Tienda, en pleno centro rosarino. Tres patovicas y dos policías fueron imputados y se encuentran detenidos, pero los familiares y abogados de Pichón manifiestan que la investigación está paralizada y que fiscalía les venía negando hasta ahora, la entrega de información importante como la de los geoposicionamientos de los móviles policiales (GPS) y audios de los llamados al 911 de la fecha del hecho. La querella también denunció que el fiscal Coria tampoco la notificó de las medidas probatorias en las que había solicitado participar, ni ordenó la preservación de elementos de prueba como las cámaras de seguridad privadas, ni la pericia de las cámaras de video vigilancia adulteradas.
Las denuncias al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe se reflejaron en un comunicado de prensa el día martes, firmado por familiares y numerosas personalidades de Derechos Humanos, sociales y políticas.
