Se presentaron recusaciones al tribunal, a miembros del ministerio público fiscal, entre otros pedidos. La citación a Isabel Perón en el centro de la polémica.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Viernes 13 de mayo de 2016
En la tercera audiencia de la megacausa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Operativo Independencia (OI), entre febrero de 1975 y marzo de 1976, la fiscalía terminó de leer el requerimiento del pedido de elevación a juicio. En este último tramo se especificaron los delitos por los que son acusados Roberto “el Tuerto” Albornoz, Luis Armando de Candido, Miguel Ángel Moreno, Ramón César Jodar, Ricardo Oscar Sánchez, José Luis Figueroa, José Ernesto Cuestas, Alberto Svendsen, Julio César Meroi, Francisco Orce y Manuel Villa, Jorge Capitán, José Del Pino, Néstor Castelli, Pedro Adolfo López, Hugo Omar Lazarte, José Roberto Abba, Omar Parada y Casiano Pedro Burtnik.
El primer punto de controversia fue cuando el fiscal ad hoc Agustín Chit leyó el caso de la víctima 271 para sumarla a la causa. Se trata de Mario Medina, contador y conscripto que fue secuestrado. Desde la defensoría oficial se pidió la suspensión del juicio por un plazo de diez días debido a la modificación en la acusación. El fiscal Pablo Camuña defendió el planteo y, tras un cuarto intermedio, se continuó con la audiencia.
Maniobras dilatorias
Desde el Ministerio Público de la Defensa –integrado por Adolfo Bertini y los defensores ad hoc Vanessa Lucero, Martín Galliano y Javier Goane– se realizaron una serie de planteos técnicos tendientes a trabar el inicio de la etapa del debate del juicio. En la mayoría de ellos se adhirieron los defensores Facundo Maggio y Nadie Orce (por Francisco Orce), Maggio (por Enrique Bonifacino), Julieta Jorrat (por José Luis Figueroa), Atilio Mollerach (por José Cuestas) y Mario Leiva Haro (por José Roberto Abba). Estos planteos son característicos de la defensa de los represores en cualquier juicio por delitos de lesa humanidad.
Se pidió la nulidad del proceso por “cosa juzgada”. Los defensores sostienen que los imputados ya fueron juzgados y una nueva condena carece de sentido. Además solicitan la prescripción de los delitos, ya que consideran que no se tratan de delitos de lesa humanidad sino de delitos comunes, los cuales por el paso del tiempo ya están prescriptos. En este juicio los defensores se ampararon en los decretos del gobierno de María Estela Martínez de Perón y en la legislación para calificar a las medidas del OI como “legítimas y constitucionales”.
También se recusó al tribunal integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, ya que sostienen que se pronunciaron por el periodo en la megacausa de Arsenales II – Jefatura II (2012-2013) y también al juez sustituto Cataldi por cómo fue designado. Sin poder recusarlo, cuestionaron al fiscal ad hoc Chit por haber sido querellante previamente y ahora ser parte del Ministerio Público Fiscal. Un planteo similar se realizó en torno a Julia Vitar.
Los abogados defensores también pidieron la suspensión del proceso hasta que no se resuelvan la situación de 20 posibles nuevos imputados. En este sentido pidieron se juzguen por separados a algunos imputados –y no en el marco de una megacausa–, y cuestionaron el número de querellantes, pidiendo su unificación.
Desde la defensoría también se pidió que se separe de la causa a de Cándido, Castelli, Parada y Moreno por diferentes razones de salud.
La polémica por Martínez de Perón
Un planteo común de la defensa fue solicitar la nulidad de la resolución mediante la cual el tribunal desiste de citar a declarar a María Estela Martínez de Perón, Isabelita, en la megacausa. El tribunal había denegado ese pedido, realizado también en su momento por la fiscalía, porque considera que ninguna persona está obligada a realizar declaraciones que la incriminen.
Las razones esgrimidas es que Isabel Perón fue la responsable política de firmar el decreto que insta el Ejército a “aniquilar el accionar subversivo”, dando inicio al OI.
Por la extensión de los pedidos de la defensa, el tribunal decidió cerca de las 17 pasar un cuarto intermedio hasta el día de hoy a las 9. La fiscalía tendrá la oportunidad de contestar a los requerimientos de las defensas y posteriormente el tribunal deliberará sobre los pedidos.
Allanamiento en el ingenio La Fronterita
De acuerdo a la información proporcionada por el sitio www.fiscales.gob.ar, el pasado martes se realizó un allanamiento en el ingenio La Fronterita, a cinco kilómetros de Famaillá, y en las oficinas que la firma José Minetti & Cía tiene en Córdoba, en el marco de la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el OI.
Desde febrero de 1975 se estableció en el Fronterita una de las bases militares, donde operaba la denomina Fuerza de Tareas Rayo, funcionando un centro clandestino de detención (CCD) en su interior. Se investiga el paso de, al menos, 43 víctimas por dicho CCD.
En tanto, en la oficina de Córdoba se hallaron y fueron secuestrados libros contables y de balances, planillas de asalariados, entre otros documentos.
