Empujado por los mercados y bajo la tutela del FMI, Macri pretende mostrarse como garante para la terapia de shock. Licuación de gasto y salarios por la vía devaluatoria, y recorte fiscal, claves para intentar recuperar el beneplácito de los acreedores.

Tras cuatro meses de corrida, el dólar acumula un alza de 105 % en lo que va del año. Pero no hay síntomas de que la nueva cotización, que resulta incluso superior a las ambiciones más desbocadas de devaluadores seriales como el presidente de Fiat, Cristiano Ratazzi, haya aplacado la huida hacia el dólar. El Banco Central (BCRA) se mostró tan falto de herramientas para calmarla como al inicio de la crisis. Continuó subastando reservas (en el año ya vendió casi USD 14 mil millones) al tiempo de que elevó los encajes para los depósitos por segunda semana consecutiva (a 36 % para los depósitos a la vista), mientras aumentaba la tasa de interés a 60 %.

Empujado por los mercados y bajo la tutela del FMI, Macri pretende mostrarse como garante para la terapia de shock, buscando la estabilización de la economía nacional mediante un nuevo saqueo, combinando licuación (del gasto público y del salario) por la vía devaluatoria, el recorte fiscal y el intento de restablecer, en un futuro incierto, el acceso al crédito internacional. Su credibilidad, y la del “mejor equipo de los últimos cincuenta años”, que tuvo un recambio en junio que ya pasó en el olvido, quedó colapsada tras cuatro meses de pulseada con los especuladores. Pero cuenta con la gobernabilidad prestada por los gobernadores, que se preparan para regatear el reparto de costos entre Nación y provincias , por el PJ, y por la burocracia sindical, que acaba de llamar a un paro sin movilización… para el 25 de septiembre. Una eternidad.

Acuerdo con el FMI versión 2.0

El miércoles de la semana que pasó, fue el propio Mauricio Macri, con un breve video dirigido exclusivamente a los inversores (aunque difundido por medios más propios de un mensaje “viral” para redes) media hora antes de la apertura de operaciones, el que empujó a la estampida frenética del dólar. El presidente dijo que le solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantar “todos los recursos que resulten necesarios” para poder cumplir con el programa financiero de 2019. Remarcó la intención de “eliminar cualquier incertidumbre” y “fortalecer la confianza”.

El gobierno quiso transmitir que tenía cerrado el programa financiero para 2019, es decir, que podría pagar todos los compromisos de deuda con ayuda del FMI sin necesidad de recurrir a financiamiento en los mercados internacionales de crédito.

En el ámbito de las finanzas leyeron otra cosa: 1) que el acuerdo vigente con el FMI estaba virtualmente caído, y que los funcionarios estaban negociando contrarreloj una versión 2.0, lo que en realidad, como revelarían miembros del staff del Fondo a financistas en los EE. UU. durante el fatídico miércoles, ni siquiera había comenzado, lo que significan varias semanas de nuevas tratativas con el staff del Fondo en un contexto aún peor que el de meses atrás cuando se cerró la Carta de intención aprobada en junio; 2) que todas las preocupaciones del gobierno se limitaron a asegurar los compromisos de deuda del año próximo; pero ¿qué pasa con los compromisos de deuda que exceden a 2019?

Podemos agregar una tercera dimensión del mensaje presidencial, que es la incertidumbre de lo que ocurrirá con los dólares que demanda la economía. Contrariamente a lo que podría esperarse con la megadevaluación ocurrida hasta hoy, el déficit de cuenta corriente (es decir, el balance que deja el comercio exterior de bienes y servicios y las rentas compuestas por beneficios, intereses y dividendos) no se redujo todavía a pesar de la devaluación. Entre enero y julio acumula USD 9.796 millones (lo que equivale a más de 3 % del Producto Bruto Interno). En igual período de 2017 había alcanzado USD 7.582 millones. Lejos de caer, al día de hoy sigue en aumento. La fuga de capitales, mientras tanto, alcanzó en los primeros 7 meses del año los USD 20.000 millones, y de mantener el ritmo actual superará holgadamente los USD 30.000 millones en el año.

Hasta el cierre de los mercados internacionales para el país, la emisión de deuda en moneda extranjera cumplió no solo el rol de proveer al tesoro de fondos, sino de solventar los dólares necesarios para este drenaje permanente. Lo hizo junto con la atracción de capitales de corto plazo que hasta comienzos de este año estimuló la bicicleta financiera vehiculizada por el BCRA mediante las Lebacs, cuyo stock creció exponencialmente a medida que se impusieron tasas cada vez más elevadas para asegurar la afluencia de inversores que se pasaban de pesos a dólares para aprovechar los altos rendimientos de dichos papeles. Ambas vías para la provisión de dólares se cortaron desde comienzos de año. Entonces, el interrogante es de dónde saldrán los dólares que le faltan a la economía, y que resultan fundamentales para la política de vaciamiento permanente de la economía nacional que caracteriza a los grandes grupos económicos (nacionales y extranjeros) que operan en el país.

El mensaje de Macri, al contrario del objetivo buscado, recrudeció el salto del dólar y llevó el riesgo país nuevamente a niveles explosivos. El viernes cerró en 770, luego de haber superado los 800 puntos. Esto significa que para colocar deuda, el tesoro pagaría casi 8 % más de lo que paga un bono del Tesoro de EE. UU., es decir alrededor de 11 %.

El BCRA siguió corriendo de atrás al dólar en estos días que superó la cotización de $ 40, limitado por las restricciones del acuerdo con el FMI, que reforzó las reservas del BCRA pero a cambio de limitar la intervención en el mercado, imponiendo una flotación cambiaria que no encuentra techo. Los especuladores le tomaron el ritmo a sus subastas, como antes lo habían hecho con las intervenciones de Federico Sturzenegger. Por eso, a pesar de las medidas agresivas en materia de contracción monetaria, que tendrán un severo impacto sobre la actividad económica (con esas tasas el costo para el financimiento con tarjetas de crédito pasó a 120 % anual), la corrida sigue firme. Nuevas series de ahorristas, que todavía mantienen Lebacs a través de fondos de inversión, o contratos de dólar futuro, se siguen fugando a la moneda norteamericana, alimentando su demanda. La oferta, en cambio, se vuelve cada vez más reacia: ¿quién va a desprenderse hoy voluntariamente de un dólar que podría valer mañana hasta un 10 % más? Los exportadores posponen indefinidamente la liquidación de divisas de sus operaciones (que por decisión de este gobierno no están obligados a liquidar en lo inmediato), las multinacionales que ya operan en el país atrasan cualquier posible ingreso de capitales, cuando no liquidan operaciones como Walmart, y los sojeros que todavía no vendieron guardan sus cosechas en silobolsas hasta que aclare la tormenta cambiaria.

Déficit (casi) cero

Dujovne anticipó, sin detalles, lo que el FMI pedirá a cambio del anticipo de desembolsos: una aceleración del cronograma de reducción del déficit. Aunque al momento de escribir esta nota no se conocen aún más detalles, el nuevo objetivo se mueve entre el déficit cero hasta un máximo de tolerancia de 0,5 % del PBI. Es decir que si desde junio el gobierno estaba embarcado en un recorte adicional del déficit de $ 300.000 millones, de los cuales el 66 % recaía sobre Nación y el resto debían aportarlo las provincias, ahora la cifra se acerca a $ 500.000 millones.

Cómo podría alcanzarse semejante objetivo resulta una incógnita que Dujovne no develó. Pero podemos anticipar que incluye nuevas medidas contra los trabajadores del Estado (por estos días anticipado por una nueva ronda de despidos en Agroindustria). No podemos descartar nuevos intentos de modificar las partidas del gasto que están indexadas (ajustan por la inflación de manera automática), y representan un 58 % del presupuesto: jubilaciones y asignaciones. También podemos prever un freno total de la obra pública (que ya estaba previsto reducir en 2019 a la mitad de lo gastado este año, que es a la vez el 50 % de lo desembolsado en 2017).

Pero con todo esto no es suficiente para alcanzar la friolera del ajuste que se propone Macri. Más cuando, como resultado de la recesión, los ingresos fiscales se verán disminuidos, como ya se observó en julio: la recaudación subió apenas 23,8 %, lo cual significa que está bien por debajo de la inflación de 31 % anual.

Por eso, aunque Macri evitó hasta ahora frenar la aplicación de la reforma tributaria ­–que definió un cronograma de bajas en varios impuestos que cada año representan un costo fiscal de 0,3 % del PBI anual entre 2018 y 2022–, forzado por la crisis avanzaría en revisar esta posición. En principio, podría avanzar en el freno a la reducción de las retenciones a las exportaciones para la soja, que tienen un cronograma de rebaja de 0,5 puntos porcentuales hasta diciembre de 2019, cuando quedarían en 18 %. Hace dos semanas, el gobierno anunció la decisión de frenar la rebaja para los productos derivados de la soja por seis meses. Podrían restablecerse también para el trigo y maíz, cultivos para los cuales los derechos de exportación fueron eliminados en diciembre de 2015.

Los “chacrers” ponen en el grito en el cielo, aunque lo que dejarían de ganar con esta medida es apenas una propina. El agropower no está muy inclinado a seguir el consejo de Elisa Carrió. Las patronales agropecuarias, son parte de los mayores beneficiarios de este saqueo. Después de la enorme transferencia de ingresos a favor de estos sectores que implica la megadevaluación, les sacan ahora un pequeño porcentaje de su margen, Seguirán igual con ganancias récord.

Le megadevaluación también podría hacer su parte para alcanzar las metas de déficit. Acicateando la inflación (ya de por sí elevada), podría ayudar a que la reducción nominal de las partidas del gasto se traduzca en una licuación aún mayor en términos reales. Es decir, menos presupuesto, para salud, educación, etc. Este “trabajo sucio” del ajuste cambiario para ordenar las cuentas del gobierno tiene como condición que los gastos bajen, en términos reales, más lo que lo están haciendo los ingresos. Esta licuación puede ser la vía para un ataque en cierta forma más “indirecto”, pero no por ello menos agresivo, para cumplir las exigentes metas fiscales que el gobierno profundiza presionado por los acreedores y para asegurar más “ayuda” del FMI.

La otra licuación

Si el dólar se mantuviera como está hoy, marcaría un 105 % de aumento en todo el año (todo indicaría que lo superará ampliamente); los precios, ya van camino a superar el 40 % de incremento anual. Los salarios nominales, de no actualizarse las paritarias actuales, estarían en promedio en 20 % o poco más; los estatales están en un promedio del 15 %. Con esta brecha entre evolución del tipo de cambio, precios y salarios, los últimos van camino a sufrir una dura pérdida en términos de poder adquisitivo y a abaratarse sensiblemente como “costo” en dólares para los empresarios. Un año atrás, el salario promedio (según el Reporte Laboral del ministerio de Trabajo) equivalía a USD 1.530; con el dólar actual estaría descendiendo a USD 800. No sorprende entonces que varios industriales, especialmente los que participan de la exportación, celebren con el nuevo tipo de cambio.

Se trata de una foto provisoria, porque el dólar aún sigue sin encontrar techo, y porque el ajuste cambiario acicatea los precios, y por lo tanto también la disputa por la recomposición de los salarios. Pero ya se dibuja un panorama de ganadores y perdedores. Entre los primeros, encontramos al agropower y los que procesan la materia prima, el aluminio y siderurgia, las automotrices, las empresas energéticas, y al conjunto de los que con las primeras señales de turbulencia se apresuraron a dolarizar activos con un dólar mucho más barato que el actual. El banco JP Morgan y el fondo buitre BlackRock, por ejemplo, rescataron activos en abril, con un dólar a $ 20.

Lo que terminará de definir el panorama de grandes ganadores y perdedores es la magnitud de la recesión (que ya se observa profunda) y su impacto sobre el empleo y la inflación. En lo que va de su mandato, los intentos de Macri de avanzar con medidas más de shock, como lo sería de asentarse el saqueo que implica la megadevaluación, se vieron limitados por la relación de fuerzas. La expresión más contundente la encontramos en diciembre, cuando el Congreso votó la reforma de la movilidad previsional con un alto costo político, rodeado de duros enfrentamientos de sectores de masas con las fuerzas represivas.

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A diferencia de 2002, cuando la crisis de la convertibilidad se había extendido durante cuatro años sentando las bases para que la burguesía argentina descargara sobre la clase trabajadora un feroz ataque que sentó las bases para el ciclo de crecimiento iniciado en 2003, ahora la clase trabajadora no padece una situación similar. La desocupación, aunque va en aumento por los despidos que se empiezan a contar por decenas de miles, no llega aún a 8 %, cuando en 2002 alcanzó el 25 %. El movimiento obrero tampoco viene de sufrir derrotas severas.

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El ajuste por la vía devaluatoria, acompañado de una mayor destrucción del empleo que ya se empieza a sentir, podría asentar la diferencia entre dólar, precios y salarios, en beneficio del capital; pero esta aspiración puede desbaratarse si la movilización obrera y popular impone medidas contra el ataque a los salarios, como la escala móvil de los salarios y el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles. Se trata de una pelea a dar frenar el saqueo que recae sobre las espaldas del pueblo trabajador y la bancarrota de la economía nacional.

Ellos o nosotros

La estabilización económica que busca el gobierno, para calmar a los mercados, solo podrá concretarse a costa de los trabajadores y el pueblo pobre. El capitalismo argentino vuelve a mostrar, como ocurrió una y otra vez en las últimas décadas, que solo puede perpetuarse imponiendo una vez más una feroz degradación de las condiciones de vida de las mayorías: crecimiento de la desocupación, caída de los salarios, degradación de las condiciones de trabajo por la vía de la flexibilización, recortes directos e indirectos en el gasto social, y un largo etc.

Ante la radicalidad de la avanzada que se proponen para defender los intereses de una minoría, es necesario responder a la misma altura: con un programa de medidas que la crisis la paguen los que la generaron, empezando por el abandono del acuerdo con el FMI, el no pago de la deuda fraudulenta, y la nacionalización de la banca. El camino para imponerlo es la movilización, peleando por un paro activo nacional ya (no dentro de un mes como quiere la CGT y se amolda la CTA), que sea el comienzo de un plan de lucha que culmine con una huelga general, paralizando el conjunto de la producción y golpeando sobre las ganancias capitalistas. Son ellos o nosotros.